Después de que una ley obligara a dar de baja los radares y las multas pendientes de pago, el Gobierno de Río Negro licitará la compra de un sistema para detectar infracciones de tránsito y cobrar las sanciones correspondientes.
La decisión aparece en el Boletín Oficial de este lunes, donde se revela que el punto de partida del proceso es una iniciativa privada, presentada por una empresa radicada en Buenos Aires, dedicada a los servicios de tecnología aplicados a la seguridad vial.
Según expresa el Decreto 499/25, la firma Brocart SA le propuso a la Provincia la implementación de un “Sistema Integral de Captación y Procesamiento de Imágenes para la Detección Electrónica de Infracciones de Tránsito y la Asistencia de la Gestión de Cobro”.
Qué propone la empresa
“La iniciativa tiene por objeto solicitar en concesión la instalación y operación en la provincia de Río Negro de un sistema compuesto por equipos de captura automática de infracciones de tránsito, en conjunto con un sistema de clasificación, procesamiento y almacenamiento de las correspondientes actas de infracción”, detalla el texto oficial.
Además, la propuesta es “dotar al sistema de toda la infraestructura de software y todos los recursos que son necesarios a los fines de la gestión de las actas labradas”.
El proceso para habilitar la licitación
Luego de recibir la autorización del gobernador, Alberto Weretilneck, la Secretaría de Estado de Asuntos Estratégicos y Planificación declaró a la propuesta como “susceptible de estudio” y se convocó entonces a la Comisión Especial prevista en el artículo 13 de la Ley 3484, vigente en la provincia desde el año 2001.
Esa Comisión Especial, integrada por representantes del Ejecutivo y de la Legislatura (uno por la mayoría y otro por la minoría) sesionó el 10 y el 25 de marzo pasados. Y en esa última reunión emitió dictamen, por unanimidad, recomendando la declaración de interés público provincial de la iniciativa privada, otorgando a Brocart SA la calidad de autor de la misma.
De esa manera hubo luz verde final para el llamado a licitación pública “debido a que se trata del procedimiento que otorgará la mayor garantía de transparencia y concurrencia posible”, quedando todo el proceso en manos del Ministerio de Seguridad y Justicia.
La segunda iniciativa privada en poco tiempo
Un dato singular es que otra reciente licitación importante realizada este año, para dotar de tecnología de última generación al Sistema 911, también partió de una iniciativa privada.
En este caso, la información pública disponible indica que Brocart SA es una empresa comprometida “con la innovación continua para garantizar carreteras más seguras y eficientes”.
“Presentamos nuestra tecnología de punta en cámaras y radares inteligentes, diseñados para mejorar la seguridad vial y facilitar el control del tráfico. Con sistemas avanzados de detección, cada infracción es registrada con claridad, proporcionando pruebas irrefutables y apoyando la justicia en la carretera”, indica la página web de la firma.
El de Río Negro no es el primer gobierno al que Brocart presenta una iniciativa privada, según surge de diferentes publicaciones periodísticas de distintos puntos del país.
Entre Ríos, durante la administración de Gustavo Bordet y la localidad santafesina de Funes aparecen entre los Ejecutivos que contrataron directamente a la empresa. En tanto, la Municipalidad de Rosario también los incorporó como proveedores, aunque en ese caso integraron una propuesta realizada por cuatro firmas.
La baja de los radares y las multas
Hay que recordar que los radares instalados durante los últimos años en rutas de Río Negro, administrados por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, dejaron de funcionar el año pasado, a partir de la sanción de la Ley 5276.
Esa norma surgió de un proyecto de la Coalición Cívica ARI – Cambiemos, cuyos integrantes advirtieron que se trataba de un sistema orientado principalmente a la recaudación por multas, por encima de la prevención y de la seguridad vial.
La ley impulsada por el legislador Javier Acevedo establece un marco para la instalación y funcionamiento de radares, prohibiendo su uso para multas hasta su regularización y ordenando a los municipios acatar la normativa.
