Legisladores de Río Negro fueron a la Justicia y denunciaron penalmente a las autoridades de dos municipios, porque siguen controlando la velocidad con radares y enviando multas a conductores.
Los acusados ante el Poder Judicial son los responsables de los gobiernos de Darwin y General Conesa, quienes estarían incumpliendo la ley sancionada el año pasado, que prohibió continuar con la notificación de sanciones.
Javier Acevedo y Fernando Frugoni, integrantes del bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos, presentaron este martes las denuncias ante fiscalías de Choele Choel y Viedma, advirtiendo que ambas municipalidades continúan enviando intimaciones a conductores, por infracciones de tránsito anuladas por la Ley Provincial N° 5.726, sancionada y promulgada en julio de 2024.
Las presentaciones judiciales advierten sobre la posible comisión del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal), al persistir en el cobro de actas de infracción que la ley ya ha declarado nulas.
Por qué se anularon las multas
La Ley 5.726 establece en su artículo 4º la nulidad de todas las actas de infracción labradas con anterioridad a su entrada en vigencia, a excepción de aquellas relacionadas con el transporte de arena silícea para actividades industriales. “En consecuencia, estas infracciones se deben archivar de oficio por los juzgados de faltas correspondientes”, aseguraron desde la bancada que impulsó los cambios.
Para Acevedo y Frugoni, el sistema de radares implementado por municipios, por fuera del esquema de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, está concebido «con fines exclusivamente recaudatorios, sin criterios de prevención, de concientización o de legalidad efectiva».
“Este mecanismo no se creó para prevenir siniestros viales ni educar al conductor, sino para sancionar sin controles claros, sin garantías, sin señalización adecuada ni homologación por parte de la autoridad competente”, señalaron. “La ley vino a poner fin a este sistema perverso que solo perjudicaba al ciudadano común”, agregaron.
Iniciativa privada y licitación en marcha
Hay que recordar que esta semana, a través del Boletín Oficial de la provincia, se informó que el Ministerio de Seguridad y Justicia avanza en la licitación de un nuevo servicio de identificación de infracciones de tránsito y de gestión de cobro de las multas correspondientes.
Ese proceso se aprobó luego de que la Provincia recibiera una iniciativa privada, por parte de la empresa Brocart SA.
Multas labradas en octubre y noviembre de 2023
Las denuncias presentadas esta semana por los legisladores incluyen documentación de intimaciones emitidas en mayo de 2025 por ambos municipios, sobre presuntas infracciones cometidas en octubre y noviembre de 2023, es decir, anteriores a la promulgación de la ley que anuló su validez.
“Es grave que, a pesar de haber sido informados oficialmente por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, algunos intendentes sigan desconociendo y violando una ley vigente, aprobada por unanimidad por la Legislatura”, advirtieron los legisladores.
Finalmente, solicitaron que se investigue la responsabilidad de los funcionarios involucrados y se avance con las imputaciones correspondientes en función de lo que determine la Justicia.
