El gobierno de Río Negro se sumó a la embestida de la administración de Javier Milei contra el cobro de tasas municipales en las facturas de electricidad. En ese contexto, la Provincia anunció en las últimas horas el inicio de una auditoría para evaluar la legalidad y el alcance de estos cargos que, según advirtió, en algunas localidades pueden representar hasta el 50% del costo total del servicio.
Auditoría en marcha, sin medidas por ahora
Según la información brindada, las autoridades del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) iniciaron consultas a los gobiernos locales y a las empresas proveedoras para verificar la composición de los tributos cobrados a través de las boletas de energía. El objetivo es detectar posibles distorsiones, a partir de reiteradas quejas de usuarios que llegaron al organismo.
“Con las tasas municipales tenemos un universo muy heterogéneo, porque es algo que fija cada municipio en función de sus propios costos. A partir de reclamos de usuarios, empezamos a ver que en algunos casos estas tasas llegaban a representar el 100% del costo del servicio. Es decir, si pagabas 1.000 pesos por energía y distribución, te llegaban otros 1.000 pesos de tasa. Lo que queremos es relevar qué costos están gestionando los municipios y cómo se distribuyen, sin juzgar”, explicó a Literal Juan Justo, titular del EPRE.
El funcionario señaló que esta primera etapa apunta a construir un diagnóstico y evitó anticipar medidas. “Nos interesa transparentar esta situación y corregirla cuando detectemos una carga desproporcionada sobre la factura”, indicó.
En esa línea, recordó que el EPRE tiene la facultad de verificar que los rubros incluidos en las facturas sean adecuados y razonables, aunque reconoció que se trata de un terreno atravesado por la autonomía municipal, sobre el que buscan fijar “ciertos cánones de razonabilidad”.
De acuerdo al marco normativo vigente, las administraciones municipales pueden definir sus propias alícuotas en tasas y contribuciones. Sin embargo, Justo advirtió que estos gravámenes deben cumplir criterios constitucionales.
“La validez de una tasa está asociada a que su monto sea proporcional al servicio prestado. Son tributos vinculados, deben guardar relación con un servicio concreto y con su costo. No debería ocurrir una discrecionalidad absoluta en el monto que se fija. Ese es un límite constitucional que todo municipio debe respetar y también la provincia”, explicó.
Desde el EPRE evitaron precisar cuáles son las comunas con mayores niveles de carga para no herir posibles susceptibilidades, aunque admitieron que se trata de una problemática concentrada en el Alto Valle. Por el momento, los requerimientos de información ya están en marcha y se espera que el organismo cuente con un primer diagnóstico en un plazo de entre 30 y 60 días.
El impacto de las tasas en las boletas
Actualmente, la factura eléctrica incluye distintos tributos y cargos de origen nacional, provincial y municipal. Entre ellos se encuentran el IVA —que oscila entre el 21% y el 27%—; el impuesto nacional a los Débitos y Créditos Bancarios (1,2%); aportes voluntarios para bomberos, cercano al 2,8%; y el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, que representa un 1%.
A estos componentes se suman los cargos municipales, que en promedio rondan el 15%, aunque presentan fuertes variaciones según la localidad y el perfil de consumo. En algunos casos, incluso, esa carga puede escalar hasta el 50% del costo del servicio.
Los conceptos que los municipios rionegrinos suelen incorporar a la facturación aparecen mayormente bajo las denominaciones de alumbrado público y mantenimiento, así como contribuciones por el uso del espacio aéreo. En Roca, por ejemplo, estos ítems representan un recargo adicional que oscila entre el 8% y el 11% del total de la factura.
Los recursos en disputa
Detrás de este esquema subyace un dato estructural: el peso que estas tasas tienen en las finanzas locales. Su impacto en la recaudación es significativo y aparece como uno de los ejes centrales ante un eventual avance del EPRE sobre estos cargos, en un contexto de caída sostenida de la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales. A esto se suma la discusión abierta en Río Negro por la actualización de los índices de distribución.
En ese escenario, los recursos que se canalizan a través de las facturas eléctricas —con altos niveles de cobrabilidad— resultan especialmente relevantes. En Roca, por ejemplo, la contribución por el uso del espacio aéreo proyecta ingresos por $2.560.000.000 en 2026, lo que la posiciona como una de las principales fuentes de recursos propios, solo por detrás de las tasas por servicios retributivos y por encima incluso de lo recaudado en multas.
Ese nivel de impacto en los contribuyentes derivó en un intento del Gobierno nacional de avanzar con fuerza contra el cobro de gravámenes, con fines meramente recaudatorios, en las facturas. En ese marco, una resolución de la Secretaría de Comercio dispuso en 2024 la prohibición de incorporar conceptos ajenos al servicio eléctrico, lo que abrió una fuerte controversia a nivel nacional. La medida incluso derivó en planteos judiciales, en medio de la tensión de fondo entre la potestad regulatoria y la autonomía de los municipios.
En el caso de Río Negro, el Gobierno ha puesto el acento, al menos en el plano discursivo, en seguir una senda hacia la reducción de este tipo de cargos. Sin embargo, la rebaja del impuesto a los Ingresos Brutos en las facturas eléctricas —aprobada en la última Ley Impositiva— implica apenas una disminución de la alícuota del 2,5% al 1%, con un impacto moderado en el monto final que pagan los usuarios.
En paralelo, la Provincia asegura que esa acción, junto con la instancia de auditoría, busca “reforzar una política de control, en defensa de los usuarios y con una premisa clara: que cada peso que se cobra en la factura tenga justificación, transparencia y control”.
Resta ahora observar si, una vez finalizado el relevamiento, el EPRE avanza con medidas concretas sobre estos cobros, en un terreno atravesado por tensiones políticas, fiscales y jurídicas.
