No hay dudas sobre la urgencia del debate salarial en el Estado de Río Negro, después de cuatro meses sin actualizaciones.
Ahora bien, separar lo urgente de lo importante suele dar buenos resultados y esta semana aparecieron datos que permiten poner la mirada más allá del sueldo que cobrarán los empleados públicos en febrero.
Los paros de Unter
El ámbito educativo es epicentro de esos debates.
La Unter salió de su Congreso en San Antonio con dos paros y el pedido de un mínimo de 2 millones para el cargo testigo. Convencidos de que el gremio docente inauguró una etapa dogmática y con acciones dominadas por la ideología, en el Gobierno no se sorprendieron con el plan de lucha.
Habrá convocatoria a una nueva instancia de paritarias para el próximo jueves 5, pero las expectativas de acuerdo son bajas y en el oficialismo provincial empieza a ganar fuerza la idea de un contraataque político, vía Legislatura, reactivando la iniciativa para declarar a la educación como servicio esencial.
Ese proyecto -con autoría del PRO y aval inicial de JSRN- quedó congelado después de su aprobación en primera vuelta. Si llegará a sancionarse definitivamente, las escuelas deberían mantener sus puertas abiertas los días de paro, con planteles mínimos en función de la extensión del plan de lucha.
Sería un cambio histórico en la provincia y un mojón a nivel nacional, donde existen ideas similares pero que no pudieron avanzar en el Congreso.
Pero también sería una respuesta política a un conflicto coyuntural. Y esa marca de origen abre dudas sobre la solidez que necesita una medida para transformarse en una acción efectiva a la hora de implementarse.
Además, en caso de sancionarse esa ley, el paso siguiente previsible será una judicialización por parte del gremio, extendiendo más los plazos para la puesta en marcha de los cambios.
El desafío de achicar la brecha
Así las cosas, el escenario muestra que serán necesarios esfuerzos creativos más importantes para que docentes y funcionarios de gobierno encuentren un canal de comunicación productivo.
Y eso será indispensable, porque hay temas de fondo para debatir mucho más relevantes para el conjunto de la sociedad rionegrina.
Al mismo tiempo que Unter y el Gobierno cruzaban dardos sobre los sueldos, un informe nacional puso a la vista los datos que indican que la matrícula de las escuelas primarias caerá más de un 28% hacia el 2030, por efecto de los menores índices de natalidad.
Río Negro ya ensayó una primera respuesta ante ese problema, que emergió en el Nivel Inicial, unificando salas y reasignando funciones a docentes sin alumnos a cargo.
Claro que esa estrategia tiene límites, que aparecerán más temprano que tarde, porque se prevé que en cuatro años la provincia tendrá la mayoría de sus aulas de primaria con un promedio de 15 alumnos.
El rol de los IFDC en Río Negro
Sobre la estructura actual, casi 2.000 cargos ya no serían necesarios. ¿Qué funciones cumplirán esos docentes? Y más importante: ¿habrá cambios de fondo en los institutos de formación docente para evitar que sigan formando profesionales para puestos que no estarán disponibles?
El gobierno recibió meses atrás la recomendación de especialistas en gestión educativa para avanzar con la implementación de exámenes de ingreso en ese ámbito.
No hubo señales hasta ahora sobre la incursión en ese terreno y el tema permanece en una especie de limbo educativo, seguramente compartiendo espacio con la reforma educativa anunciada en agosto del 2024.
Licencias no pedidas: el milagro rionegrino
Los otros números de la semana imposibles de soslayar son los que difundió la Secretaría de la Función Pública, sobre el control del ausentismo estatal.
El gobierno afirma que desde el inicio del nuevo sistema, en septiembre del 2024, las cuentas públicas lograron un ahorro estimado de 20 mil millones de pesos.
Claro que puede discutirse la composición de ese número. También se puede opinar si la empresa contratada por el Gobierno es más o menos eficiente. Pero lo que resulta cada vez más difícil de rebatir por parte de los representantes sindicales es que los rionegrinos pagaron durante años el precio de un vínculo totalmente viciado, donde muchos simulaban cumplir con su contrato y otros tantos hacían que controlaban.
Qué representan 20.000 millones
El impacto del repentino pase a un estado saludable de muchos estatales puede graficarse con ejemplos concretos.
Esos 20 mil millones en poco más de un año son casi tres “estafas al Ipross”, tomando en cuenta que el caso que mantiene presos a tres farmacéuticos de Roca generó un perjuicio actualizado a hoy de unos 7.500 millones de pesos, aunque a lo largo de seis años.
Esos 20.000 millones también representan 13 kilómetros de ruta en el Alto Valle. Es decir, con esos fondos en un año podría haberse terminado el tramo de la Ruta 22 entre Fernández Oro y Cipolletti, e incluso avanzar en otros sectores hacia el este.
De manera que el riesgo para Río Negro no es discutir salarios, paros o leyes de emergencia. Eso es inevitable y forma parte del pulso cotidiano del Estado. El verdadero problema aparece cuando la agenda pública queda atrapada de manera permanente en la urgencia, resolviendo el día a día y postergando, una vez más, las discusiones que definen el futuro de la provincia.
El anuncio de las medidas de fuerza de Unter, después del Congreso del jueves en San Antonio Oeste.
