Una legisladora del PRO presentó un proyecto de comunicación para exigir al Ejecutivo una actualización en la reglamentación de la Ley Provincial de Salud Mental. La iniciativa, ingresada esta semana a la Legislatura, se fundamenta en los reclamos planteados por familias de pacientes, trabajadores del área y en los informes elaborados por la Defensoría del Pueblo de Río Negro.
La solicitud
El proyecto fue impulsado por la doctora Gabriela Picotti, quien solicitó al Gobierno provincial avanzar en una revisión integral del Decreto Nº 794/1992, la norma que reglamentó la primera versión de la Ley Provincial R Nº 2.440. El planteo no busca modificar el espíritu de la ley —que en 2018 fue adecuada a los principios de la legislación nacional—, sino garantizar una “implementación efectiva, clara y coordinada del Sistema de Salud Mental y Adicciones en todo el territorio provincial”.
“El paso del tiempo y la evolución de los contextos sociales, sanitarios y culturales hacen evidente la necesidad de revisar y actualizar su reglamentación, de modo que las herramientas previstas en la ley puedan aplicarse de manera efectiva y en consonancia con la realidad actual de Río Negro”, señala el escrito.
En diálogo con Literal, Picotti explicó que la propuesta responde a una demanda de las familiares y trabajadores del sector, quienes advierten deficiencias en la capacidad de respuesta del sistema público.
“Cuando empezamos a revisar todo vimos que el problema está en la reglamentación. Es cierto que hay programas y planes, pero cuando uno conversa con los familiares de los pacientes se hace evidente que hay muchos déficits. Cuando las personas con padecimientos de salud mental o consumos problemáticos ingresan al sistema, ya sea en situación de crisis o requiriendo atención especial, muchas veces se encuentran totalmente desamparadas. Por eso decidimos presentar este reclamo ante la autoridad”, detalló.
A modo de ejemplo, agregó: “La ley establece que, a nivel local y regional, la autoridad de aplicación debe garantizar de manera igualitaria y gratuita todas las prestaciones necesarias para el tratamiento y la reinserción social. Sin embargo, cuando uno habla con las familias, se encuentra con que, ante una crisis, no hay respuestas adecuadas. La reglamentación prevé hospitales de día, también llamados casas de medio camino, dispositivos de inclusión laboral y otras herramientas. Pero cuando uno consulta a los familiares, nada de esto se cumple”.
En qué se focaliza
Pese a haber sido actualizada en 2018, la “letra chica” de la Ley de Salud Mental continúa vigente desde 1992. En ese sentido, Picotti puso el acento en el artículo 10, que ordena la creación de espacios de rehabilitación y resocialización, y que —según advierte— sigue sin aplicarse de manera completa.
El normativa establece que la provincia debe garantizar a sus habitantes “el acceso gratuito a las alternativas terapéuticas científicamente validadas que en cada caso corresponda, asegurándose el tratamiento igualitario de todas las personas, sin discriminaciones de ninguna naturaleza”. También delega en la reglamentación la creación y funcionamiento de los dispositivos de rehabilitación y resocialización en distintas ciudades del territorio.
El decreto reglamentario señala, en tanto, que será el Consejo Provincial de Salud Pública quien determine la localización y la gestión de las partidas presupuestarias necesarias para poner en marcha esos espacios. La norma incluso fija una hoja de ruta: una primera etapa en El Bolsón, General Roca y Viedma, y una segunda fase en localidades a definir según las necesidades regionales.
Para Picotti, el incumplimiento de este punto tiene impacto directo en las familias, que «se ven obligadas a enfrentar la falta de lugares adecuados de internación temporal, lo que deriva en traslados innecesarios y, en muchos casos, dolorosos procesos de desarraigo».
La legisladora también pidió avanzar en la reglamentación del artículo 22, que lleva más de 30 años sin desarrollo normativo. El objetivo es que se contemple de manera explícita la situación de las personas con padecimiento mental que, teniendo residencia o vínculos directos en Río Negro, se encuentran internadas fuera de la provincia.
“Es fundamental garantizar que puedan cumplir sus tratamientos cerca de sus afectos y redes de contención, fortaleciendo la dimensión humana y comunitaria que inspira el espíritu de la ley”, precisó Picotti.
El informe de la Defensoría
El proyecto del PRO pone sobre la mesa una serie de deficiencias del sistema de salud mental de Río Negro, varias de ellas señaladas en el último informe anual de la Defensoría del Pueblo. Según ese documento —presentado hace días en la Legislatura—, el 19,5% de los reclamos recibidos por el organismo en 2024/2025 correspondieron al área de salud, y más de la mitad de ellos estuvieron vinculados directamente a salud mental.
El Órgano de Revisión registró en el último año 1.028 intervenciones en toda la provincia y relevó unas 512 internaciones, de las cuales casi el 88% fueron involuntarias. La mayoría de los ingresos se debieron a descompensaciones psicóticas (un 43%) y consumo problemático de sustancias (un 15%). Estuvieron concentradas principalmente en Bariloche, Roca y Viedma.
Pero más allá del aumento de casos, el informe remarca una serie de irregularidades en los procedimientos. Entre ellas se mencionan internaciones sin evaluación interdisciplinaria, notificaciones fuera de los plazos legales, prolongaciones sin revisión judicial y derivaciones a instituciones no habilitadas. También advierte sobre traslados que alejan a los pacientes de su entorno y la ausencia de una defensa técnica, prácticas que vulneran lo establecido en la legislación nacional y provincial.
Otra de las debilidades señaladas es la falta de profesionales especializados. El 58% de los Servicios de Salud Mental y Consumos Problemáticos rionegrinos no cuenta con un psiquiatra, lo que obliga a articular con hospitales de mayor complejidad y genera demoras ante cuadros de crisis. A esto se suma que el 75% de las guardias funcionan bajo modalidad pasiva y solo un 19% son realmente interdisciplinarias.
La intervención territorial también muestra problemas. Solo el 19% de los hospitales afirma sostener de manera continua los equipos móviles, mientras que más de un tercio directamente no presta este servicio.
Para la Defensoría, estas fallas conforman un panorama que requiere de revisiones profundas, mayor disponibilidad de profesionales, fortalecimiento territorial y un cumplimiento estricto de las garantías legales.
