Un proyecto de ley propone que los conductores que, bajo los efectos de estupefacientes o alcohol, provoquen accidentes viales, asuman los costos que estos hechos generan al Estado. La iniciativa pone el foco en una problemática poco profundizada, con el objetivo de generar conciencia a la hora de manejar. Su correcta aplicación podría tener un impacto significativo, especialmente si se considera que, solo en 2024, se registraron 106 muertes por siniestros viales en Río Negro, sin contar la cantidad de personas heridas.
Qué dice la propuesta de la CC-ARI
Un proyecto de ley impulsado por el bloque de la Coalición Cívica ARI (CC-ARI) comenzó a ser tratado esta semana en las comisiones de la Legislatura. La iniciativa propone que los conductores que provoquen siniestros bajo los efectos de alcohol, estupefacientes o mediante conductas irregulares graves, deban reintegrar al Estado los gastos derivados de su atención médica y la de terceros afectados.
El texto, originalmente formulado por el sanantoniense Fernando Frugoni, está siendo modificado por los legisladores, por lo que su redacción continuará en estudio.
Según el proyecto original presentado en la Legislatura rionegrina, la medida solo se aplicará en los casos en que los costos derivados de un siniestro vial no sean cubiertos por obras sociales o compañías de seguros. La iniciativa contempla un amplio abanico de conductas irresponsables, entre ellas: no respetar los semáforos, exceder los límites de velocidad, conducir de forma temeraria, circular sin licencia habilitante o con el registro vencido, y manejar bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
“La determinación de que una persona está intoxicada se establece en el momento del accidente mediante los controles policiales. Los gastos que derivan de ese protocolo deben ser asumidos por el conductor. Es un trámite administrativo: el Estado acciona en forma ejecutiva para que el responsable cubra los costos médicos, logísticos, de la policía y, si corresponde, de los bomberos”, explicó Fernando Frugoni, autor de la propuesta, en diálogo con Literal.
La autoridad de aplicación prevista es el Ministerio de Salud, aunque Frugoni propuso que se sume también el Ministerio de Seguridad, con la facultad de fijar los costos de los operativos involucrados en los siniestros.
Uno de los puntos que más destacó el legislador es el costo económico que representa para el Estado la atención de este tipo de situaciones. “Un herido grave le cuesta al hospital público alrededor de 17 mil dólares, según datos del Observatorio Vial. ¿Por qué todos los ciudadanos tenemos que pagar por el desastre que provoca alguien que sabe que no debe manejar alcoholizado o drogado? Se podrá decir que las adicciones son una enfermedad, pero también hay una gran mayoría que simplemente sale de un asado con varias copas encima y genera una tragedia”, cuestionó.
El proyecto también define el destino de los fondos recaudados. El 20% se dividirá en partes iguales entre programas oficiales de prevención y concientización sobre seguridad vial, y aportes no reembolsables a organizaciones de la sociedad civil que trabajen específicamente en esa temática.
Por otra parte, toda persona que haya provocado un siniestro y recibido atención en el sistema público deberá realizar obligatoriamente una capacitación en seguridad vial.
Respecto al tratamiento legislativo, Frugoni señaló: “Incorporé algunas modificaciones y el oficialismo también quiere sumar otras, al igual que distintos bloques. Como soy autor de la iniciativa, acepté que el proyecto permanezca en comisión para seguir trabajándolo y que luego obtenga despacho para su tratamiento en sesión”.
Qué postura tomaron los legisladores sobre el cobro de responsables de accidentes
Durante el tratamiento, el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) expresó su preocupación porque esta ley podría aplicarse en los ciudadanos con afecciones autoinducidas, comparó así el alcoholismo con la obesidad y “la posibilidad de que se cobre a un obeso por un atracón que lo lleve al hospital”. También cuestionó hasta dónde se extendería esta lógica: “La adicción es una enfermedad, el alcoholismo, las drogas. Digo, ¿hasta dónde lo vamos a abrir?”.
Aunque manifestó estar de acuerdo en cobrar a quienes tienen la capacidad económica, expresó su preocupación por los más vulnerables: “La persona que no tiene recursos le está dejando un problemón a la familia también”, temiendo que una deuda pueda dejar a las viudas o familias en la calle.
Otros bloques también manifestaron sus reservas y la necesidad de un estudio más profundo. El legislador Ariel Bernatene (UCR) señaló dudas conceptuales, argumentando que las sociedades “generan sus propias patologías” y que las adicciones son “producto del malestar en la cultura”. Cuestionó si la ley no sería un “parche” que busca cobrar “dos veces” a los ciudadanos cuando el Estado ya falló con la prevención y la justicia.
Por su parte, el legislador Pedro Dantas (PJ-Nuevo Encuentro) propuso que la responsabilidad del conductor la establezca una “autoridad judicial competente”. En tanto, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) sugirió que la provincia debería tener la obligación de presentarse en cada expediente judicial para recuperar los fondos, reconociendo la dificultad de cuantificar ciertos gastos y la imposibilidad de cobrar en muchos casos.
La postura de Estrellas Amarillas
Carlos Torres, referente de la fundación Estrellas Amarillas Río Negro, manifestó una postura crítica frente al proyecto de ley que busca que los conductores que provoquen siniestros viales bajo efectos de alcohol o drogas deban afrontar los gastos ocasionados al Estado. Si bien se mostró a favor de la iniciativa, advirtió sobre la necesidad de realizar una revisión integral del marco normativo vigente para evitar la sobrerregulación y asegurar el cumplimiento efectivo de las normas ya existentes.
«Hay varios proyectos similares. El problema es que ya existe una ley de asistencia a las víctimas que no se está cumpliendo. Sumar una nueva legislación cuando existe un incumplimiento previo, sería llenar de normas que después no dan resultados concretos», expresó.
Torres recordó que la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 ya establece la responsabilidad civil del conductor en caso de siniestros, incluyendo la obligación de reparar los daños. También contempla que el Estado debe brindar asistencia a los familiares de las víctimas, algo que, según denunció, no ocurre en la práctica. En lo que va de 2025, aseguró que solo se registraron dos intervenciones estatales en este sentido en la provincia.
Si bien respaldó el avance hacia una ley que facilite la cobrabilidad de los costos a los responsables, advirtió sobre las trabas legales y maniobras judiciales que muchas veces permiten a los conductores evadir su responsabilidad.
«En muchos casos, el conductor en estado de ebriedad o bajo efectos de drogas se declara inimputable. Por lo tanto, cualquier sentencia pierde efecto, ya que no se le puede cobrar nada hasta que finalice el proceso judicial, lo cual puede demorar años«, explicó.
Torres detalló que un juicio por homicidio vial puede extenderse entre cinco y seis años, y que durante ese tiempo los seguros no actúan hasta que haya una sentencia firme, lo que deja a los familiares de las víctimas sin respuestas ni contención: «El seguro no se hace responsable hasta que se determina judicialmente la culpabilidad. Mientras tanto, los familiares quedan a la deriva. Algunos terminan siendo derivados a Acción Social, que en algunos casos los asiste y en otros no».
Por todo esta razón, Torres consideró que, más allá de nuevas iniciativas, es prioritario garantizar el cumplimiento de las leyes vigentes y avanzar en una unificación normativa: «Estoy de acuerdo con la propuesta, pero primero deberíamos garantizar que las leyes que ya existen se cumplan», concluyó.
