El bloque Vamos con Todos denunció a funcionarios del gobierno de Río Negro por presunto incumplimiento de la Ley de Pedidos de Informes y la consecuente vulneración del derecho de acceso a la información pública. La presentación, radicada ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), se centra en los retrasos y/o la falta de respuestas a diversos requerimientos elevados a la Legislatura durante 2025.
Entre ellos, se incluyen las solicitudes de información sobre los supuestos vínculos del gobernador Alberto Weretilneck con el empresario Fred Machado —extraditado a Estados Unidos— y su primo, Claudio Ciccarelli. Incluso, el pedido de precisiones sobre el contrato con la consultora de comunicación EPOGE S.R.L., cuestionada por diversos sectores por sus vinculaciones con distintos gobiernos.
Qué dice la denuncia
La presentación se formalizó ante la FIA, el órgano de control externo encargado de investigar las conductas administrativas de funcionarios y agentes de la administración pública. No es la primera denuncia que el bloque peronista realiza ante este organismo; sobre el que también ha expresado dudas respecto de su independencia del poder político.
En concreto, el escrito se centra en los pedidos de informes N° 1129/2025, 1191/2025, 1323/2025 y 1327/2025, que se remitieron oportunamente a distintas áreas del Ejecutivo, cumpliendo con todos los procedimientos establecidos. Sin embargo, pese a las prórrogas solicitadas por los propios organismos y a las reiteradas intimaciones formales realizadas por la Presidencia de la Legislatura, ninguno obtuvo respuesta.
El marco legal
En ese contexto, consideran que hubo un incumplimiento de la Ley K N° 2216, que regula los pedidos de informes del Poder Legislativo. La normativa fija un plazo de contestación no mayor a 30 días, contados a partir de la fecha de recepción por parte del organismo responsable. No obstante, puede solicitarse una prórroga por igual término, debido a razones de complejidad técnica o ante situaciones que impidan cumplir en tiempo y forma con la información requerida.
La norma también establece que, si una repartición pública no cumple sin causa justificada con el plazo de 30 días, el presidente de la Legislatura debe poner el hecho en conocimiento de la Secretaría General de la Gobernación para que el responsable sea intimado a responder en un plazo perentorio de cinco días. De persistir el incumplimiento, los funcionarios responsables pueden ser denunciados administrativa y/o penalmente.
Desde Vamos con Todos remarcaron que se mantienen a la espera de una investigación adecuada por parte de la Fiscalía y de que se avance con las sanciones pertinentes. Además, señalaron que la presentación se ampara en la atribución del Legislativo, en ejercicio de su función de control de los actos de gobierno, así como en el acceso a la información pública como pilar fundamental de un Estado democrático, republicano y transparente.
Cuáles son los pedidos de informes no respondidos
“¿Será que Weretilneck busca proteger a Ciccarelli, Machado y a la empresa ligada al gobierno de Milei que le aporta trolls truchos para interferir en las redes?”, se preguntaron desde la bancada peronista en un reciente comunicado.
El planteo remite al contenido de las solicitudes de información. El expediente 1129/25, por ejemplo, requería datos sobre permisos de exploración y explotación de arenas silíceas, un recurso estratégico vinculado a la actividad hidrocarburífera.
Este informe se presentó en medio del escándalo por los vínculos entre José Luis Espert y Fred Machado, un empresario rionegrino acusado de narcotráfico. Machado y su primo, Claudio Ciccarelli, también fueron señalados por sectores del peronismo local por presuntas conexiones con el Gobierno rionegrino, que habrían favorecido algunos negocios mineros en la provincia.
Weretilneck negó el supuesto nexo con los empresarios ante medios de comunicación, y aseguró que la participación de Ciccarelli en la industria provincial de arenas representaba menos del 1% de la producción total en Río Negro. Sin embargo, a nivel gubernamental no hubo una respuesta concreta de la Secretaría de Energía sobre cuáles fueron los permisos de exploración concedidos a empresas vinculadas a Ciccarelli.
Asimismo, el expediente N° 1323/2025 apuntaba a relevar información sobre la actividad minera en la provincia, incluyendo estructuras societarias, beneficios otorgados y controles aplicados a empresarios y firmas vinculadas.
Mientras que el pedido N° 1327/2025 buscaba establecer si determinados empresarios o sus representantes ingresaron a Casa de Gobierno en los últimos años. Esto se vincula con una reunión entre Weretilneck y Machado en la sede del Ejecutivo en Viedma, confirmada por el mandatario, aunque —según indicó— ocurrió una sola vez.
En tanto, el pedido N° 1191/2025 estaba orientado a conocer detalles sobre las recurrentes contrataciones directas de la Secretaría de Medios con la firmaEPOGE S.R.L., encargada de ejecutar campañas oficiales en redes sociales. La prensa nacional señaló en reiteradas oportunidades a la consultora por trabajar con distintos gobiernos, incluido el de Rolando Figueroa en Neuquén, y por haber participado en la campaña presidencial de Javier Milei.
Según el bloque, el acceso a la situación contractual con EPOGE resulta “clave para evaluar la legalidad y transparencia en el uso de fondos públicos destinados a la comunicación oficial”.
La postura del jefe de bloque
El presidente del bloque, José Luis Berros, denunció que con esta falta de contestación la administración provincial “ha decidido ignorar la ley y el control democrático”. Para el legislador, no se trata de un mero “descuido administrativo”, sino de “una decisión política de ocultar información”. En ese sentido, sostuvo que la denuncia busca “poner un límite a una práctica que erosiona la institucionalidad y debilita la transparencia”.
“Lo que queda en evidencia es una conducta sistemática de ocultamiento. No es un caso aislado ni una demora puntual: es una política de gobierno basada en la opacidad. Cuando el Estado se niega a informar, lo que está en juego no es solo un expediente, sino el derecho de la ciudadanía a saber cómo se administran los recursos públicos”, concluyó el dirigente peronista.
