El interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavín, reconoció que Río Negro atraviesa un serio desafío en materia habitacional: solo seis de cada diez adjudicatarios cumplen con el pago de sus cuotas. El dato muestra una leve mejora respecto de fines de 2023, cuando la morosidad superaba el 50%, pero aún refleja un problema estructural que condiciona el financiamiento de nuevas viviendas.
“Cuando iniciamos la gestión, más de la mitad de los adjudicatarios no pagaba. Logramos reducir en casi 15 puntos el nivel de morosidad, pero todavía cuatro de cada diez familias no cumplen con su obligación. Es un número muy alto para cualquier sistema de vivienda”, señaló Lavín en diálogo con Mañana de Noticias, por CNN Radio Roca.
La morosidad como problema cultural
El funcionario explicó que el IPPV cuenta con dos fuentes de financiamiento principales: el recupero de las cuotas que pagan los beneficiarios de viviendas y los fondos del Fonavi, que se nutren del Impuesto a los Combustibles Líquidos.
Actualmente, el recupero ronda entre 300 y 350 millones de pesos por mes, mientras que los fondos del Fonavi aportan cerca de 2.000 millones mensuales.
En ese contexto, Lavín subrayó que el recupero de cuotas es bajo en comparación con el peso que debería tener en la estructura financiera del organismo. Por eso ubicó el problema con una matriz más allá de lo económico, para centrarse en lo cultural, ya que mucha gente cree que porque la vivienda fue entregada por el Estado, no tiene que pagarla. “Eso hay que cambiarlo. La casa es más importante que la luz o el cable, y sin embargo muchos cumplen religiosamente con esos servicios pero no con la vivienda”, planteó.
Al mismo tiempo, remarcó que no todos los casos son iguales. “Cuando entramos a hilar fino, aparecen realidades muy distintas. No es lo mismo una madre sola con cuatro hijos que realmente no puede pagar, que una familia con capacidad económica que simplemente no cumple. En el primer caso buscamos mecanismos de refinanciación, planes acordes a las posibilidades; pero en el segundo caso, lo que falta es voluntad de pago. Y ahí tenemos que ser claros: la vivienda social no es gratis”, sostuvo.
El caso House Vial de Roca
El debate sobre la cultura de pago se reflejó con nitidez cuando en la entrevista se abordó la situación del barrio House Vial de Roca, donde 87 viviendas fueron ocupadas hace 13 años en un marco irregular. El IPPV lanzó este año un plan de regularización para transformar a los ocupantes en adjudicatarios formales, pero la resistencia fue inmediata.
“Ya firmamos entre seis y siete convenios con vecinos que aceptaron el valor fijado por el organismo, alrededor de 22 millones de pesos, financiados en 25 años. Es el mismo esquema que tienen todos los créditos del IPPV. Esas familias hoy son titulares legales y ya empezaron a pagar su casa”, informó Lavín.
El problema está en el resto de los vecinos, que rechazan el monto establecido. “Algunos plantean que no pueden afrontar la cuota, otros argumentan que las viviendas están deterioradas y que después de 13 años no deberían valer lo mismo. Son discusiones comprensibles, pero la realidad es que nunca se formalizó la entrega y muchos ocuparon las casas sin haber pagado nada. Hay de todo: casos con algún vínculo previo y otros que usurparon directamente”, detalló el interventor.
Relevamiento casa por casa
Lavín informó que, para atender esos reclamos, el gobernador Alberto Weretilneck instruyó al IPPV a realizar, durante el mes de septiembre, un relevamiento social y técnico en cada vivienda del complejo. La medida busca evaluar tanto el estado constructivo de las casas como la situación socioeconómica de las familias.
“Vamos a ir casa por casa, vamos a hacer un informe técnico sobre el estado de cada vivienda y también un informe social de la situación de cada familia. Queremos tener un diagnóstico completo para presentarlo al gobernador y definir si corresponde mantener el valor actual o ajustar las cuotas en función de lo que encontremos”, adelantó Lavín.
El funcionario dejó en claro, de todos modos, que el objetivo es avanzar hacia la regularización definitiva del barrio. “Lo más importante es que las familias tengan la tranquilidad de ser adjudicatarias legales. No podemos dejar esto en la irregularidad eterna. Vamos a contemplar los casos sociales que lo requieran, pero la mayoría tiene capacidad de pago y debe hacerse cargo”, subrayó.
Escuchá la entrevista completa con Mariano Lavín en Mañana de Noticias
