A fines de noviembre, la Legislatura de Río Negro aprobó la expropiación de dos parcelas que volvieron a integrar la Zona Franca de Punta Colorada, un enclave económico especial creado por Nación en los años 90′ que, pese a su potencial estratégico, nunca llegó a entrar en funcionamiento. Hoy, el área vuelve a escena con la promesa oficial de reactivarla y dejarla en condiciones para su futura licitación, con el objetivo de fomentar las inversiones en la costa atlántica rionegrina.
Sin embargo, detrás de ese objetivo, la decisión gubernamental dejó un saldo concreto de dos damnificados. Se trata de los propietarios que habían accedido años atrás a las tierras bajo el compromiso de impulsar emprendimientos productivos, proyectos que quedaron abruptamente truncos por la expropiación.
Tal es el caso de Oscar Frega, quien invirtió en el predio y fijó allí su residencia. Ante la pérdida de sus derechos sobre la tierra, decidió recientemente llevar el caso a la Justicia, abriendo así un nuevo capítulo de conflicto en torno a la reactivación de la Zona Franca. Frega anticipó que avanzará con todas las instancias legales disponibles.
La postura oficial
La expropiación de los terrenos, próximos a la Ruta 9, no estuvo exenta de controversias y abrió un debate con posturas encontradas durante el tratamiento en el recinto. Una de las voces críticas fue la del legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), quien advirtió sobre lo que definió como una decisión confusa del Gobierno provincial: primero vender los terrenos y luego expropiarlos para volver a reincorporarlos al predio de la zona económica.
Desde el Ejecutivo, en tanto, se argumentó que la incorporación de esas parcelas respondió a criterios de ubicación y logística. Según la explicación gubernamental, su posición estratégica las convierte en piezas clave para completar el predio y garantizar la conexión con los servicios básicos necesarios para la operatividad de la Zona Franca. Incluso aseguraron que se dieron varios intentos fallidos de avanzar en una compra voluntaria, por lo que la Provincia optó finalmente por el camino de la expropiación para destrabar el proyecto.
El intercambio con uno de los damnificados
Frega desmiente la versión oficial y sostiene que fue notificado de manera sorpresiva de la decisión, apenas con algunas semanas de antelación a la sanción de la ley. Según relató, intentó abrir una instancia de negociación por el precio del terreno, pero los funcionarios que se acercaron a comunicarle la medida le aclararon que cualquier definición económica quedaría en manos de la administración central.
“Me dicen: ‘Mirá, va a salir la ley de expropiación’. Yo les digo: ‘No entiendo por qué’. ‘Porque eso es de la Zona Franca’, me contestaron. A lo que respondo que no tengo problema: ‘usted me lo paga y yo se lo doy’. El valor comercial de esa tierra es de 100 dólares el metro cuadrado. A lo que le pido que me los paguen, firmamos la escritura y no tienen que gastar un peso más”, reconstruyó, en diálogo con Literal, el momento de intercambio con las autoridades provinciales.
Sin embargo, la respuesta que recibió Frega habría sido tajante: “No tenemos incidencia sobre el dinero que se le va a pagar, eso lo define la Provincia”.
El predio en cuestión, de unos 37 mil metros cuadrados, tendría un valor de mercado estimado en más de 3,5 millones de dólares, una cifra que solo tiene en consideración el precio de la tierra. “Toda expropiación tiene que ser a valor comercial o inmobiliario, en base a evaluaciones particulares. La última tasación que yo tenía era de 5 millones y medio de dólares, por la proyección de la Zona Franca”, agregó Frega respecto a la cotización.
El caso ahora en manos de la Justicia
Según el propietario, nunca recibió una notificación formal de la expropiación, ni siquiera con posterioridad a la aprobación de la ley, sancionada el pasado 20 de noviembre. En paralelo, el damnificado decidió iniciar una presentación ante la Oficina Anticorrupción, al considerar que existieron presuntas maniobras irregulares por parte de la Provincia desde el momento en que accedió al predio y en las instancias posteriores.
“Ahora vamos a ver qué dice la Fiscalía, porque esto entra en la Fiscalía de la Nación. Estamos esperando la resolución y después ver cómo se despacha el Gobierno. A mí me cortaron las piernas, porque yo tenía una empresa interesada en comprar y ya no se lo puedo vender con una expropiación de por medio”, afirmó.
La compra y la titularidad
Frega accedió al terreno en 2016, cuando Río Negro Fiduciaria, administradora de las tierras que pertenecieron a HIPARSA, resolvió otorgar comodatos a distintos proyectos productivos en terrenos que originalmente estaban destinados a la Zona Franca. En ese contexto, se le adjudicó una parcela ubicada a unos 2.500 metros de la Ruta N° 9.
“A mí me dieron un predio de unas siete hectáreas, también bajo la figura de comodato, y yo les dije que el comodato no me servía. Porque yo iba a invertir, a poner cosas, y después me podían pedir la tierra y yo tenía que dejar todo lo que había hecho”, relató. En ese contexto, presentó un proyecto productivo vinculado a la producción de hielo en escamas, en asociación con la pesquera que instaló su vecino.
Ante ese escenario, Frega insistió en avanzar con el pago de la tierra para acceder a la titularidad del inmueble. El proceso, según su testimonio, estuvo lejos de ser sencillo y demandó largas negociaciones con el comisionado de la empresa estatal, Adrián López.
“Una vez que empecé a pagar fue porque Adrián López me venía bicicleteando con la liquidación. Me decía que sí, que ya iba a salir, pero no me dejaban pagar. ¿Por qué? Porque el lugar empezó a verse lindo: se limpió, se sacaron los yuyos, se cortó el pasto, los árboles empezaron a tomar color. Entonces dijeron: ‘¿Cómo le vamos a dar esto a este?’”, aseguró.
Luego de resuelto el primer escollo y concretado un año de pagos, el proceso volvió a trabarse, poniendo en riesgo la inversión realizada. “Hicieron un manejo ilegal para impedirme cumplir con el contrato de pago y sacarme la propiedad. Le buscaron la vuelta”, señaló, en referencia al accionar de López.
Finalmente, tras el envío de varias cartas documento presentadas, los abonos se reanudaron y el trámite concluyó con la escrituración, concretada el año pasado. No obstante, esta última etapa no habría estado exenta de demoras administrativas.
Su opinión sobre el trasfondo de la expropiación
En el predio, donde hoy reside de manera permanente, Frega intentó avanzar con la apertura de un camping, pero aseguró que nunca pudo ponerlo en marcha por inconvenientes en la provisión de servicios básicos. Con la expropiación ya aprobada, el propietario formuló duras acusaciones sobre los intereses en disputa, que hoy forman parte de las presentaciones judiciales en curso:
“Ahora lo quieren porque es un parque. No me van a venir a decir que lo necesitan por los servicios, porque los servicios no pasan y hay que abrir calles. Eso es mentira”.
Y concluyó: “Aquí hay una acción corrupta que se puede ver tranquilamente entre el municipio y el liquidador de HIPARSA. Esto no es la primera vez que ocurre: ya me lo hicieron con las cuotas y con la escrituración”.
