Un decreto publicado esta semana y un proyecto de ley que presentó un bloque opositor permiten poner el foco en los subsidios que entrega el Estado de Río Negro.
La primera medida toma relevancia, porque la decisión del Gobierno provincial se cruza directamente con el inicio de la campaña electoral.
En el mismo momento en que se activa la etapa para los comicios del 26 de octubre, el Poder Ejecutivo definió un incremento notable en el monto máximo del Fondo Permanente de Asistencia a Personas, Instituciones y/o Entidades Civiles.
Subsidios “con carácter urgente”
Esa partida del Presupuesto rionegrino la maneja el Ministerio de Desarrollo Humano, Cultura y Deportes, cuyo titular es Juan Pablo Muena. Y el ministro, que tendrá más del triple de recursos para entregar en carácter de subsidios, no es otro que el elegido por el gobernador, Alberto Weretilneck, para encabezar la lista de Juntos Defendemos Río Negro en el tramo de diputados nacionales.
El camino elegido quedó plasmado en el Decreto 660/2025, firmado el 4 de agosto por Weretilneck y por el propio Muena, con publicación en el Boletín Oficial de este lunes 11.
En los considerandos, el texto oficial explica que “a través de dicho Fondo Permanente se atiende a las distintas demandas que con carácter urgente son recibidas por parte del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura por situaciones de emergencia que atraviesan personas o familias en situación de vulnerabilidad social dentro del territorio provincial, las cuales no puede esperar la gestión normal por expediente administrativo de una ayuda económica”.
Una suba reciente
Lo singular de la situación es que el monto máximo de ese fondo ya se había modificado en marzo de este año, pasando de 1,2 millones a 3 millones. Ahora se pasó de 3 a 10 millones, intentando justificar el incremento en “el gran cúmulo de demandas recibidas” que “genera que su monto actual resulte ser insuficiente para hacer frente a las mismas, considerando principalmente el escenario socio-económico actual”.
Desde Desarrollo Humano sostienen que para la actualización del Fondo Permanente propiciada “se ha tenido como parámetro la variación del Índice de Precios al Consumidor de la ciudad de Viedma obtenido por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Provincia de Río Negro, actualizado al mes de Junio de 2025”.
Y concluyen destacando que “han tomado debida intervención los Organismos de Control, Asesoría Legal del Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Secretaría Legal y Técnica, Contaduría General y Fiscalía de Estado”.
Subsidios a empresas, bajo la lupa
Los criterios para la asignación de fondos públicos a terceros también fue tema de interés para legisladores del bloque PRO-Unión Republicana, que esta semana presentaron un proyecto de ley con el objetivo de prohibir la entrega de subsidios, aportes no reintegrables, beneficios fiscales, exenciones impositivas o cualquier tipo de asistencia económica del Estado provincial a empresas o personas jurídicas protagonistas de casos de corrupción y/o delitos económicos.
La iniciativa lleva la firma principal de la legisladora Gabriela Piccoti, con el acompañamiento del resto de la bancada, con una descripción concreta de los tres casos en los que empresas o personas jurídicas tendrán vedado el acceso a fondos del Estado.
- Las que estén dirigidas por procesadas con auto de procesamiento firme por delitos contra la administración pública, corrupción, defraudación al Estado, lavado de activos u otros delitos económicos.
- Las condenadas, aunque la sentencia aún no esté firme, por cualquiera de los delitos mencionados.
- Las que estén dirigidas, controladas o representadas por personas con condenada firme por esos delitos, o que hayan formado parte de la conducción de empresas con antecedentes similares.
Registro y publicidad
El proyecto prevé que “toda persona jurídica que solicite o reciba beneficios fiscales y/o económicos provinciales deberá presentar una declaración jurada de integridad, acompañada de informes registrales actualizados del Registro Nacional de Reincidencia y toda otra documentación que determine la reglamentación”.
En tanto, se buscará establecer que toda asistencia económica, exención o subsidio otorgado deba publicarse en el sitio web oficial del Poder Ejecutivo, indicando: nombre del beneficiario, tipo de asistencia, monto, destino y fundamentos del otorgamiento.
El proyecto no hace ninguna mención específica, pero es contemporáneo a los cuestionamientos políticos que recibió el gobierno provincial, luego de aprobar el mes pasado un aporte de 4.000 millones de pesos para la empresa Alpat, propiedad del empresario Cristóbal López.
El proyecto completo presentado en la Legislatura
