La tarifa eléctrica de Río Negro sigue siendo la más alta del país, según un nuevo informe elaborado por la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio de Roca (CAIC).
La entidad reclamó al Gobierno provincial una rápida corrección en el escenario, incorporando esta vez una mirada puntual sobre el impacto del precio de la energía eléctrica en el sector frutícola.
“El alto costo de la energía, un insumo esencial para la industria frutícola, se ha convertido en una carga insostenible para las PYMES, poniendo en riesgo su viabilidad”, afirmaron desde la cámara roquense.
La tarifa eléctrica y su evolución
Con datos correspondientes a mayo, el informe emitido esta semana refleja la evolución de tarifas y subsidios para todos los distritos del país. Los gráficos ratifican que Río Negro es la jurisdicción donde se pagan los valores más altos para las categorías N2 (bajos ingresos) y N3 (ingresos medios), superada sólo por Neuquén en el segmento N1 (altos ingresos).
“A pesar de estar ubicados en el polo energético más importante del país, las empresas rionegrinas no cuentan con tarifas diferenciales y enfrentan el injusto costo del transporte de energía desde el nodo de Ezeiza, lo que agrava aún más la situación”, expresó la conducción de CAIC.
Aumentos “desproporcionados”
La entidad también destacó que, desde la última revisión tarifaria quinquenal, realizada en 2021, “los incrementos autorizados por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) a la distribuidora Edersa han sido desproporcionados, triplicando cualquier otro índice económico”.
“Estimamos que estos aumentos representan una transferencia mensual de aproximadamente 2,5 millones de dólares desde los consumidores rionegrinos hacia la distribuidora. Actualmente, las facturas de Edersa reflejan un 20% correspondiente al costo de abastecimiento (determinado a nivel nacional), un 52% al Valor Agregado de Distribución (VAD) y un 28% a impuestos”, detallaron desde la cámara.
Asimismo, consideraron “injustificado” el 6% adicional que representa la Contribución por Ocupación de Espacio Aéreo, establecida por la ley provincial 2726 de 1993. “Este costo debe ser urgentemente reconsiderado”, enfatizaron.
La mesa de diálogo nunca conformada
Otra crítica planteada desde CAIC hacia el EPRE tiene que ver con la mesa de diálogo prometida por el ente regulador en septiembre del año pasado, que todavía no se conformó.
En ese espacio, según el compromiso de las autoridades provinciales, se iban a transparentar las tarifas, para que los usuarios pudiesen tener claridad sobre los conceptos abonados en cada factura.
“Lamentamos la falta de respuestas y la opacidad por parte del Ente Regulador, lo que genera una situación alarmante para el sector productivo”, dijeron desde la entidad.
La cámara hizo un llamado urgente a las autoridades provinciales y al EPRE “para que revisen las tarifas eléctricas, implementen medidas que promuevan la competitividad de las PYMES y garanticen la transparencia en la gestión de los costos energéticos”.
