En la antesala de la audiencia pública por la revisión ordinaria del cuadro tarifario de Edersa, el titular del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Juan Justo, salió a desactivar dos versiones que circularon con fuerza en los últimos días: que el aumento ya estaría decidido y que alcanzaría el 64% con carácter retroactivo.
En diálogo con Mañana de Noticias (Literal Radio), el funcionario afirmó que “la petición oficial de Edersa es el 45 y no hay retroactividad”, en referencia al porcentaje solicitado por la empresa distribuidora para el próximo período quinquenal.
La aclaración surgió luego de que, esta semana, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro y el bloque legislativo Vamos con Todos (peronismo) difundieran comunicados en los que dieron por válida una suba del 64%, e incluso plantearon la posibilidad de que se aplicara hacia atrás.
Justo rechazó de plano esa hipótesis: “Que Edersa haya pedido eso no implica que es lo que se le va a reconocer. La empresa puede hacer sus estimaciones, pero no implica que automáticamente se vaya a reconocer ese aumento ni mucho menos”.
Y ante la consulta puntual sobre la retroactividad, fue más explícito: “De ningún modo”, enfatizó.
Una revisión de tarifas obligatoria
El titular del EPRE recordó que el proceso en marcha no es discrecional, sino que responde a la normativa vigente. “La ley que regula el servicio de electricidad en Río Negro establece que obligatoriamente hay que revisar la estructura tarifaria cada cinco años”, explicó.
La última revisión se realizó en 2021 y el esquema actual vence en 2026. Por eso, según señaló, el proceso se inicia ahora con suficiente anticipación.
“Tenemos que sacar una foto del sistema eléctrico rionegrino y hacer una proyección para los próximos cinco años”, sostuvo. Y reconoció la complejidad del escenario: “Si hay una actividad arriesgada y audaz en Argentina es hacer proyecciones para cinco años en términos de costos”.
De acuerdo con su explicación, el nuevo cuadro tarifario recién entrará en vigencia cuando finalice el período actual, es decir, a fines de 2026. “En realidad se aplica desde que termina el período tarifario vigente”, aclaró, descartando cualquier posibilidad de cobrar diferencias por meses anteriores.
El margen provincial: entre el 15 y el 20%
Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la composición de la factura eléctrica y el margen real de decisión de la Provincia.
“Lo que discutimos a nivel provincial y tenemos margen de decisión es entre el 15 y el 20% de la factura”, señaló Justo. Ese porcentaje corresponde al denominado Valor Agregado de Distribución (VAD), que financia el mantenimiento de redes e infraestructura.
En contraste, explicó que “se lleva la mitad de la factura lo que es el precio mayorista de la electricidad”, fijado a nivel nacional y fuertemente impactado por la quita de subsidios. A eso se suma una carga tributaria significativa, donde el impuesto provincial —Ingresos Brutos— representa, según detalló, “el 1%”.
El funcionario defendió la decisión del Gobierno provincial de reducir a más de la mitad la alícuota de ese tributo aplicada sobre la tarifa eléctrica. Sin embargo, admitió que el impacto es acotado frente al peso de los componentes nacionales y municipales.
En ese marco, insistió en la necesidad de “descomponer y dar una discusión realista de cuáles son las variables en juego”.
Tasas municipales en la factura: el debate pendiente
Consultado sobre el planteo del Gobierno Nacional para eliminar de las facturas los conceptos que no estén estrictamente vinculados al consumo eléctrico —como las tasas municipales por alumbrado público—, Justo explicó que en Río Negro esa inclusión está expresamente prevista en la ley.
“La ley 29.02 dice que en la factura pueden incluirse los gastos municipales asociados a la prestación de servicios eléctricos”, indicó.
Si bien dejó abierta la puerta a un debate sobre los límites y la razonabilidad de esos cargos, se mostró a favor de mantener el mecanismo actual. “No veo necesariamente mal que costos que forman parte del servicio asociado al eléctrico tengan este mecanismo de recaudación”, dijo.
No obstante esa postura, subrayó la necesidad de mayor claridad: “El tema es ponerle los bordes y la razonabilidad a eso y sobre todo transparentar y que nosotros sepamos qué estamos pagando en la factura”, planteó.
Plazos largos y una decisión que no será sólo técnica
La audiencia pública de este viernes —que no es vinculante— marca el inicio formal del análisis. Según estimó el titular del EPRE, la definición final llevará tiempo.
“Nos va a llevar varios meses”, anticipó, al describir el volumen de información estadística, técnica y económica que deberá procesarse.
Pero además, reconoció que la resolución no será exclusivamente técnica. “Todo esto hay que equilibrarlo en función de los derechos y necesidades de los usuarios”, afirmó, y agregó que también inciden factores vinculados con “las situaciones de vulnerabilidad” y “las necesidades de los sectores productivos”.
Escuchá la entrevista completa con Juan Justo en Mañana de Noticias
