El gobierno de Río Negro destacó esta semana la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos para el transporte y la distribución de gas y energía eléctrica, una medida que —según el Ejecutivo— se traducirá en una baja de la presión impositiva en las facturas de los usuarios. No obstante, desde sectores de la oposición volvieron a relativizar el alcance del anuncio y señalaron que la reducción del 60% en el gravamen, cifra ampliamente difundida por el oficialismo, tendría en la práctica un impacto mínimo en las tarifas, equiparable al valor de una «medialuna».
La medida en números
“En 2026, Río Negro reducirá un 60% la carga impositiva en las boletas de luz y gas, impactando directamente en una baja de los servicios para hogares, comercios, pymes, industrias, productores y entidades”, indicó un comunicado de prensa difundido por el Gobierno. En el mismo mensaje se detallaron otros lineamientos del esquema impositivo que comenzará a regir a partir del 1ero de enero.
La baja en Ingresos Brutos para los rubros “Transporte y Distribución de Energía Eléctrica” y “Distribución de Gas Natural y Combustibles Gaseosos por Tuberías” quedó formalmente aprobada la semana pasada, cuando la Legislatura sancionó por unanimidad la Ley Impositiva Anual. La normativa estableció que el canon pase del 2,5% al 1% a partir del próximo ejercicio.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la reducción implicará un ahorro anual de 6.300 millones de pesos y alcanzará a unos 263.000 usuarios de gas, 217.000 hogares con servicio eléctrico, 16.000 comercios, 3.900 industrias, 1.100 productores y 6.500 instituciones comunitarias.
“Tomamos decisiones responsables, con reglas claras y previsibles, para aliviar el impacto de los impuestos en los servicios esenciales y acompañar a quienes producen, invierten y generan empleo en Río Negro”, afirmó el gobernador Alberto Weretilneck tras la aprobación. Asimismo, destacó que el resto de las categorías alcanzadas por Ingresos Brutos no sufrirán modificaciones, lo que —según remarcó— aporta previsibilidad al sector comercial y productivo.
“Queremos cuidar el bolsillo de las familias, las pymes y la industria rionegrina”, concluyó el mandatario.
La celebración de propios y aliados
El oficialismo profundizó su defensa de la iniciativa durante el tratamiento legislativo. La legisladora y presidenta de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Soraya Yahuar (JSRN), sostuvo que con esta reducción Río Negro pasará a ser “por amplio margen la jurisdicción con la alícuota más baja en esta actividad”. Para tomar dimensión, en algunos distritos el gravamen se eleva al 4%.
En la misma línea se expresaron los aliados de JSRN: “Esta decisión tiene un objetivo explícito para que Río Negro sea una jurisdicción con una menor carga en estas actividades, contribuyendo no solo al sector residencial, sino también al sector industrial y al conjunto de la economía provincial, reduciendo el peso de este componente en las facturas de luz y gas”, señaló el presidente del bloque de la CC-ARI, Javier Acevedo.
Por su parte, el director de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri, consideró que algunos usuarios, dependiendo de su nivel de consumo, percibirán en mayor o menor medida este beneficio. No obstante, focalizó en el ”esfuerzo” que el fisco realizará con esta baja en la recaudación.
Las dudas sobre el verdadero alcance
No obstante, desde la oposición remarcaron el carácter “marketinero” de la medida y advirtieron que no se traduce en una baja razonable para los usuarios residenciales. Incluso, señalaron a modo de ejemplo que, para un consumidor promedio (una factura de 100 mil pesos), la reducción equivale apenas al valor de una medialuna.
“El gobierno de Río Negro intenta instalar que redujo considerablemente el monto de la factura de energía. La realidad es muy distinta: no es una baja real, es apenas un monto insignificante en la factura de los usuarios de la distribuidora de energía. Para una familia o una pyme, el supuesto ‘alivio’ representa menos de 1.200 pesos, mientras las boletas siguen llegando con montos impagables y durante el año 2025 se permitieron incrementos muy superiores a la inflación, cuando se había difundido que no se autorizarían aumentos luego de la última audiencia pública”, denunció en el recinto y volvió a reafirmar en las últimas horas el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos).
Para el dirigente peronista, la medida carece de un alcance significativo, dado que en paralelo los aumentos autorizados a las distribuidoras superaron —según sostuvo— de manera sustancial el valor de la baja anunciada en los tributos provinciales. En esa línea, remarcó el carácter “injusto y distorsivo” del esquema tarifario rionegrino, al que calificó como uno de los más caros del país.
“Nuestra provincia cobra impuestos sobre la energía a los pequeños usuarios y a las pymes que compran a la distribuidora, mientras que quienes adquieren energía en el Mercado Eléctrico Mayorista no pagan ese impuesto. Esta desigualdad no es casual: es una decisión política. Y es una decisión que castiga al consumo básico, a la producción local y al trabajo rionegrino, en pos de ampliar la base tributaria y la recaudación, perjudicando a los usuarios más vulnerables”, sostuvo Delgado Sempé.
El pedido de la oposición
Asimismo, el legislador propuso que el gravamen no se aplique sobre el total de la factura, sino únicamente sobre el componente que depende de la esfera provincial: el Valor Agregado de Distribución (VAD). De esta manera, el esquema tributario dejaría de “perjudicar a los pequeños usuarios y a las pymes que compran a la distribuidora”.
“Mientras se anuncian rebajas rimbombantes, no se discute el fondo del problema: un cuadro tarifario injusto, una estructura impositiva regresiva y una distribuidora que cobra caro y no invierte lo que corresponde. Bajar menos de 1.200 pesos una factura de decenas o cientos de miles no es una solución. Es maquillaje. Es propaganda”, enfatizó.
En términos similares se expresó el legislador Leandro García, de la bancada PJ–Nuevo Encuentro, quien calificó el mensaje oficial sobre la reducción del 60% de la carga impositiva como “una estafa”.
“Río Negro es la segunda provincia con la tarifa más alta del país. La factura promedio nacional ronda los 46.000 pesos, mientras que en la provincia se pagan en promedio 67.000 pesos. ¿Y cuánto se descuenta? ¿800 o 1.000 pesos? Es una estafa. Se trata de una transferencia enorme a las distribuidoras, que asfixian a los consumidores y a los productores, sin que el EPRE los defienda. Si realmente queremos cuidar el bolsillo de los rionegrinos y mejorar la actividad económica, hay que trabajar para que el EPRE gestione con las distribuidoras tarifas accesibles y razonables”, concluyó García.
Una mejora, pero por poco
Más allá de la discusión sobre el impacto, o no, de la reducción impositiva, lo cierto es que en el año entrante las tarifas volverán a tener actualizaciones. Para 2026 está prevista la concreción de la Revisión Tarifaria Ordinaria del servicio de electricidad, prevista cada cinco años. La última revisión integral fue aprobada a fines de 2021.
Desde entonces, y en un contexto marcado por una inflación sostenida a lo largo del último lustro, la Provincia autorizó una serie de aumentos extraordinarios. El último pedido formal de la distribuidora Edersa se produjo en marzo, cuando se llevó adelante una audiencia pública en la que se rechazó de forma mayoritaria la aplicación de nuevos incrementos en los componentes del Valor Agregado de Distribución (VAD).
En aquel contexto, incluso el propio Weretilneck se manifestó públicamente en contra de cualquier modificación, fijando una posición política que frenó momentáneamente nuevas subas tarifarias.
