La causa Techo Digno -que investiga a políticos y empresarios por el uso de fondos públicos para la construcción de viviendas en Río Negro- atraviesa una de sus semana más agitadas.
Luego de la absolución definida ayer para el exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, y para el empresario roquense Néstor Sarasola, este miércoles formularon cargos a Gustavo San Román, exjefe comunal de Río Colorado y actualmente legislador provincial por Juntos Somos Río Negro.
Y los movimientos en esos expedientes del Alto Valle aparecen como anticipo de otra instancia de alto impacto: el inicio del juicio contra la exintendenta de Bariloche, María Eugenia Martini (PJ), previsto para el 16 de marzo.
Una semana de alto impacto judicial
Las absoluciones de ayer en la causa que investigó los hechos ocurridos en Fernández Oro tuvieron un precedente, también en Bariloche, con el fallo a favor del exintendente Gustavo Genusso, quien fuera juzgado en un proceso derivado de la investigación central de Techo Digno. Al dirigente de JSRN le imputaron una presunta responsabilidad penal por haber desviado fondos enviados por Nación hacia otras cuentas bancarias del municipio, pero esa acusación no se sostuvo. Su defensa se centró en explicar que esa decisión se tomó para resguardar el valor de esos recursos en un período de alta inflación y finalmente, los jueces que analizaron los hechos entendieron -en primera instancia- que no era culpable.
El fallo en Fernández Oro y los “vacíos probatorios”
En el caso de Reggioni, el tribunal integrado por los magistrados Alejandra Berenguer, Guillermo Baquero Lazcano y Julio Sueldo encontró “inconsistencias” y “vacíos probatorios” en las presentaciones de la Fiscalía durante el juicio, situación que derivó en la imposibilidad de considerar acreditada la teoría del caso.
Este miércoles, el abogado defensor de Reggioni, Julio Guillermo Oviedo, criticó con dureza a los representantes del Ministerio Público Fiscal, considerando que hicieron mal su trabajo, confundiendo procedimientos básicos del derecho y desconociendo la vigencia de normativas municipales que habilitaban las decisiones tomadas por el entonces intendentes para ejecutar el programa Techo Digno.
Oviedo: “La acusación se le cayó completa”
Entrevistado por Mañana de Noticias, en Literal Radio, Oviedo sostuvo que la acusación “carecía de sentido lógico” y que, por extensión, tampoco tenía sustento jurídico. “La acusación se le cayó completa”, afirmó, al señalar que el propio tribunal dejó en evidencia que la teoría del Ministerio Público Fiscal no logró superar las inconsistencias técnicas planteadas durante el debate. Según el defensor, el error central fue haber trasladado al terreno penal decisiones que —a su entender— estaban amparadas por el derecho público municipal y por ordenanzas presupuestarias vigentes.
En ese sentido, aseguró que la Fiscalía “confundió el derecho público municipal, provincial y nacional con el derecho penal” y que no consideró adecuadamente la Constitución Provincial, la Carta Orgánica y las ordenanzas que autorizaban al intendente a ejecutar los pagos cuestionados. “Un municipio se autonorma, y esa ordenanza de presupuesto autorizaba al intendente a hacer lo que hizo”, remarcó, al sostener que las decisiones administrativas adoptadas en el marco del programa federal estaban formalmente habilitadas.
La discusión técnica: administración fraudulenta y pericias
Respecto de la imputación por administración fraudulenta —basada en la presunta actualización indebida de montos en un 2,4%—, Oviedo enfatizó que un perito oficial del propio Ministerio Público concluyó que el municipio no pagó de más, sino de menos. “Si usted me está diciendo que pagó un 2,3% de más y su propio contador dice que pagó un 2,3% de menos, ¿dónde está la administración fraudulenta?”, cuestionó, al afirmar que esa contradicción fue determinante en la absolución.
Peculado, pacto previo y reacción política
También rechazó la acusación por peculado y la hipótesis de un acuerdo previo entre el exintendente y el empresario. Según indicó, la lectura aislada de un estado contable no puede interpretarse como prueba de desvío de fondos, y recordó que en otro momento del mismo período la Municipalidad registraba superávit. Además, advirtió sobre el impacto político y mediático del proceso: “No estoy pidiendo que no investiguen. Investiguen. Pero si no hay nada, díganle a la sociedad: no hay nada”.
En la entrevista, Oviedo también hizo referencia a la intendenta de Roca, María Emilia Soria, al explicar por qué —según su interpretación— la investigación no avanzó en ese municipio. “¿Saben por qué no está sentada María Emilia Soria acá? Porque no aceptó los índices”, sostuvo, en alusión al mecanismo de medición y actualización de montos que impulsó el IPPV cuando la Provincia decidió continuar las obras tras la interrupción del programa nacional. De acuerdo con su relato, mientras otros intendentes firmaron esas condiciones para poder finalizar las viviendas, Soria no lo hizo, y esa decisión —según planteó— marcó una diferencia en el desarrollo posterior de las actuaciones judiciales.
Techo Digno: la reacción de Fuerza Patria
Por su parte, intendentes, legisladores, senadores y diputados nacionales de Fuerza Patria también reaccionaron luego del fallo más reciente en la causa Techo Digno, asegurando que “la judicialización selectiva de la política no es justicia: es persecución”.
En un comunicado difundido hoy, los dirigentes del peronismo rionegrino expresaron su “profunda preocupación frente a la persistencia de la causa judicial”, destacando que es “un expediente que lleva más de una década abierto sin resultados concretos y que se ha transformado en un símbolo del mal desempeño, la parcialidad y el abuso de un sector del Poder Judicial provincial”.
“Lejos de constituir un proceso orientado a la búsqueda de verdad o justicia, esta causa se ha convertido en una herramienta de presión y disciplinamiento, llevada adelante por el Ministerio Publico Fiscal en connivencia con el poder político, dejando seriamente cuestionada la independencia judicial”, advirtieron.
Los referentes de la oposición consideraron que es “evidente que no se trata de esclarecer hechos sino de instalar sospechas permanentes y definir, desde el poder, quiénes pueden convertirse en adversarios políticos e incluso dirimir conflictos internos dentro del propio esquema gubernamental”.
El comunicado lleva las firmas de los intendentes María Emilia Soria, Sergio Hernández, Héctor Leineker, Daniela Salzotto y Albino Garrone; de los legisladores José Luis Berros, Leandro García, Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Fabián Pilquinao y Luciano Delgado Sempe; de los senadores Martín Soria y Ana Marks; y de los diputados nacionales Adriana Serquis y Marcelo Mango.
Escuchá la entrevista al abogado Julio Guillermo Oviedo en Mañana de Noticias
