El exintendente de Cervantes, Gilberto Montanaro, será el primer condenado en el marco de la megacausa Techo Digno, que investiga desde hace una década el uso de fondos públicos nacionales para la construcción de viviendas en Río Negro.
Luego de una extensa audiencia que se realizó este lunes, el dirigente peronista del Alto Valle aceptó su responsabilidad en los hechos, acordando con la fiscalía una pena de tres años de prisión en suspenso. La sanción prevista para el exmandatario incluye también la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los juicios anteriores por Techo Digno
Montanaro gobernó Cervantes entre los años 2003 y 2015, antecediendo a su hija, Claudia Montanaro, a quien también investigan en el marco del mismo caso.
El reconocimiento de haber cometido los delitos de defraudación a la administración pública y uso de documento público falso lo convertirá en el primer político con condena por Techo Digno, una causa que acumula hasta el momento tres absoluciones para exintendentes. Se trata de los exjefes comunales de Bariloche, Gustavo Gennuso y María Eugenia Martini y al exmandatario de Fernández Oro, Juan Reggioni.
La denuncia inicial por los fondos del programa Techo Digno se presentó en 2016, por parte del gobierno nacional entonces a cargo de Mauricio Macri, pasando desde los tribunales porteños de Comodoro Py hasta la Justicia rionegrina, donde la investigación se dividió por circunscripciones.
El caso específico de Cervantes
En el caso concreto de Cervantes, los hechos cuestionados corresponden al convenio firmado en 2014 para la construcción de 135 viviendas e infraestructura, divididas en tres planes.
“El monto que implicaba en ese momento los tres planes de viviendas equivalía a $61.101.000 pesos. De esta manera, fueron licitadas y adjudicadas 44 viviendas e infraestructura por un monto total $19.914.400 a cargo de Baszkir construcciones, 48 viviendas e infraestructura por $21.724.800 a cargo de Eraiki S.A., y 43 viviendas e infraestructura por un monto total de $19.461.800 a cargo de ECA S.A.”, detallaron las fiscales en la audiencia de este lunes, celebrada en Roca.
“Con la entrega de certificación de obras falsas, el intendente indicaba a Nación el avance de la obra, que terminó significando un desembolso total y recibido por el erario municipal de $60.995.019,86, es decir que el municipio entonces recibió el 99,83 % del ACU 1922/2014”, detalló el Ministerio Público Fiscal.
“Todo esto significó que con las 135 viviendas que conformaban este ACU, se benefició indebidamente a las constructoras ya que se informaba un avance mayor al efectivamente realizado y por obras ajenas y por fuera del circuito regulado, violando la ley”, dijo la fiscal.
La prueba presentada por fiscalía
La fiscalía mencionó -entre la prueba -la denuncia penal interpuesta por la referente del Ministerio del Interior, Obras Publicas y Vivienda de la Nación, donde se inició la investigación y diversos informes de organismos nacionales que se obtuvieron en distintos allanamientos.
Se agrega lo propio del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de Rio Negro (IPPV), ordenanzas, las filmaciones de drones en ocasión de relevamientos efectuados acerca de las 135 viviendas, las licitaciones públicas, los dictámenes de pre-adjudicación, las actas de inicio de la construcción, las facturas emitidas por las empresas, los convenios de rescisión de contratos.
Además las pericias caligráficas, los informes remitidos por el coordinador de la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITel) de la Procuración General de Rio Negro, informes de ARCA, informes de la Unidad de Asistencia a la Investigación Fiscal (UASIF) y las entrevistas que verificaron toda la prueba documental mencionada.
Prisión en suspenso, inhabilitación y reglas de conducta
Según informó el Ministerio Público Fiscal, la fiscalía solicitó la declaración de responsabilidad penal y la pena de 3 años de prisión condicional para Montanaro argumentando que no presenta antecedentes penales computables, teniendo presente su edad -75 años-, y sus condiciones socioculturales.
Además, requirió que se le imponga la inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos y el cumplimiento de reglas de conducta como la prohibición de salir, presentaciones periódicas ante el órgano contralor, mantener el domicilio y no cometer nuevos delitos. “Todo esto debe cumplirse o de lo contrario podría revocarse la condicionalidad”, expresó la fiscal jefa, Graciela Echegaray.
El defensor particular destacó que su cliente recibió el asesoramiento adecuado, y que se le han indicado los alcances del acuerdo pleno.
A su turno, Montanaro reconoció ante el juez haber cometido los delitos indicados por el Ministerio Público Fiscal y también aceptó la pena propuesta.
La resolución del juez Julio Martínez Vivot acerca del acuerdo abreviado pleno se conocerá el próximo jueves a las 12:30 en los Tribunales roquenses.
