La megacausa Techo Digno, que investiga presuntas irregularidades en el manejo de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas sociales en Río Negro, tendrá movimiento hasta final de año en el Alto Valle Oeste.
Mientras en otras jurisdicciones el expediente ya tuvo definiciones —como la absolución del exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso en octubre pasado—, en la Cuarta Circunscripción Judicial los procesos transitan entre audiencias suspendidas y nuevas convocatorias.
En este sector de la provincia, las investigaciones alcanzan a exintendentes de Cipolletti y Cinco Saltos, además de empresarios de la construcción. En ambos expedientes, la instancia de control de acusación —clave para definir si los casos llegan o no a debate oral— se vio atravesada por planteos defensivos que ralentizaron el cronograma judicial.
Cipolletti: audiencia suspendida
En la causa que investiga presuntas maniobras irregulares en Cipolletti, este lunes 22 se retomó la audiencia de control de acusación, aunque el encuentro debió suspenderse. El motivo fue la ausencia del abogado defensor del exintendente Abel Baratti, quien presentó un certificado médico que indicaba reposo por cuestiones psicológicas hasta el 26 de diciembre. Tampoco participaron de la audiencia dos de los imputados: el exjefe comunal Aníbal Tortoriello, hoy diputado nacional, y el empresario Arturo Mendiberri.
Durante el encuentro virtual se discutió la validez del certificado médico presentado por la defensa de Baratti. Todos los abogados particulares acompañaron la propuesta de suspensión, argumentando que el proceso no podía continuar sin la presencia de uno de los defensores.
Desde el Ministerio Público Fiscal, en cambio, se opusieron al pedido y cuestionaron el certificado por considerarlo incompleto, al no detallar la gravedad del cuadro ni cumplir con los requisitos formales del diagnóstico. Además, el fiscal jefe propuso avanzar con el control de acusación, otorgando luego al abogado ausente la posibilidad de formular agravios una vez reincorporado.
Nueva fecha en agenda
Finalmente, el juez resolvió suspender la audiencia, priorizando que imputados y defensores puedan participar de manera conjunta en un mismo acto procesal. En este marco, se fijó una nueva audiencia para el próximo viernes, dato relevante en una causa que concentra atención política y judicial, sobre todo por la situación de Tortoriello, actual legislador nacional y con ratificadas intenciones de gobernar la provincia.
En este expediente están imputados, en carácter de autores, los exintendentes Baratti y Tortoriello, la exfuncionaria municipal Lucila Chiocconi y los empresarios Arturo Mendiberri, Domingo Mocciola y José Daniel Zoppi. La acusación gira en torno al presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, vinculado al uso de fondos del programa federal de viviendas.
Techo Digno en Cinco Saltos
Un escenario distinto, pero igualmente complejo, se vive en la causa que investiga hechos ocurridos en Cinco Saltos. El viernes 19 se retomó allí la audiencia de control de acusación, aunque por planteos de las defensas el proceso sufrió un giro inesperado: la nueva jueza a cargo resolvió retrotraer la etapa y comenzar el control desde cero.
El pedido lo formuló uno de los defensores, quien argumentó que el control de acusación debe ser un “acto único” y que, al haber cambiado la magistrada interviniente, correspondía reiniciar la audiencia para garantizar el principio de inmediación. El planteo recibió la adhesión del resto de los abogados particulares, mientras que la Fiscalía se opuso, señalando que por el estado procesal de la causa no se veía afectado dicho principio.
Pese a la oposición fiscal, la jueza hizo lugar al pedido de las defensas y ordenó reiniciar la etapa. De este modo, la parte acusadora volvió a oralizar el hecho investigado y la calificación legal, además de incorporar modificaciones numéricas solicitadas previamente por las defensas respecto de montos, pagos y descuentos observados en la ejecución de las obras.
Las imputaciones
La causa involucra a los exintendentes de Cinco Saltos, Liliana Alvarado y Germán Epul, acusados por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con peculado, ambos en carácter de autores. También está imputado el presidente de una empresa constructora, señalado como partícipe necesario por haber facilitado las maniobras mediante la firma de certificaciones de avance de obra.
Según la hipótesis de la Fiscalía, se habrían administrado de manera irregular más de 43 millones de pesos provenientes de fondos nacionales, con prácticas que incluyen sobrecertificación de obra, pagos indebidos en concepto de anticipos financieros y desvío de recursos hacia cuentas municipales no habilitadas por los convenios. La próxima audiencia se fijó para el 4 de febrero de 2026.
