Después de la tercera absolución dictada esta semana, la megacausa Techo Digno avanzará en las próximas hacia otro terreno sensible: los pedidos de desafuero para los exintendentes de Río Negro que son actualmente legisladores y que deberían enfrentar un juicio por el manejo de recursos públicos para la construcción de viviendas.
Los casos concretos son dos y demandarán decisiones en diferentes ámbitos parlamentarios: la Legislatura provincial deberá resolver el caso del peronista Daniel Belloso y el Congreso de la Nación tendría que expedirse sobre la situación del diputado Aníbal Tortoriello.
Techo Digno en el Valle Medio
Belloso, exintendente de Choele Choel y miembro del bloque PJ-Nuevo Encuentro, es quien está más cerca del pedido formal de la Justicia para que pierda la inmunidad parlamentaria y enfrente el debate oral y público, donde se resolverá si es penalmente responsable de los delitos que le atribuye el Ministerio Público Fiscal de la provincia.
En su caso, el proceso judicial ya superó la instancia de control de acusación y el legajo quedó a las puertas del juicio. Por eso se espera que en próximas horas llegue a Viedma la nota oficial que activará el proceso de desafuero.
Paso a paso en la Legislatura
Ahora bien, ¿cómo será ese paso a paso dentro de la Legislatura, hasta saber si el dirigente justicialista debe sentarse en el banquillo de los acusados o, por el contrario, se impone la protección garantizada por la Constitución Provincial para los representantes del pueblo?
En la provincia de Río Negro, el procedimiento de desafuero de un legislador se activa a partir de un requerimiento judicial, dado que los legisladores cuentan con inmunidad de arresto y de proceso. Por eso, un magistrado debe solicitar formalmente el levantamiento de esos fueros.
Una vez ingresado el pedido, el trámite se canaliza dentro del ámbito legislativo. La solicitud se deriva a una comisión interna, generalmente la de Asuntos Constitucionales, donde se analiza la viabilidad del desafuero.
En esa instancia, al legislador involucrado se le garantiza el derecho a la defensa: puede presentar descargos y ser escuchado antes de que la comisión emita un dictamen. Con ese informe, el expediente pasa luego a Labor Parlamentaria y allí se resuelve el paso al recinto para su definición.
¿Mayoría simple o especial?
La decisión final se toma en sesión plenaria. Para que el desafuero prospere, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los legisladores presentes. Si se alcanza ese número (con la composición actual, serían 31 de los 46 miembros), el legislador queda suspendido en sus funciones y a disposición de la justicia.
El artículo 129 de la Constitución agrega que “si la Legislatura niega el allanamiento del fuero, no se vuelve ante ella con la misma solicitud. Si accede y pasan seis meses sin que el legislador hubiese sido condenado, éste recobra sus inmunidades y vuelve al ejercicio de la función con sólo hacer constar las fechas”.
Por lo tanto, es posible concluir que el eventual juicio por los hechos ocurridos en Choele Choel en el marco de la causa Techo Digno será recién dentro de varios meses.
Techo Digno en Cipolletti
En el caso de Tortoriello -exintendente de Cipolletti- todavía resta que se resuelva el planteo de su defensa, que insiste en la prescripción de la causa. Ese argumento ya se rechazó en primera instancia y lo impugnaron.
En caso de ratificarse la validez del proceso, el actual diputado de La Libertad Avanza -investigado junto a su antecesor, Abel Baratti- también ingresará en esa fase de tratamiento interno del Congreso de la Nación, a partir del pedido que envíe a Buenos Aires la Justicia de la Cuarta Circunscripción.
En el ámbito nacional, el procedimiento de desafuero de un diputado presenta diferencias sustanciales respecto de los esquemas provinciales. Está regulado por la Constitución Nacional —en particular el artículo 70— y por la Ley 25.320 de Fueros, que establece los alcances de las inmunidades parlamentarias.
Sólo cuando afecta la libertad
A diferencia de lo que ocurre en varias provincias, a un legislador nacional se lo puede investigar e incluso procesarlo sin necesidad de un desafuero previo. La intervención del Congreso se vuelve necesaria únicamente cuando la Justicia requiere avanzar con medidas que restrinjan la libertad del diputado —como la detención— o cuando el proceso judicial demanda su sometimiento sin inmunidades.
En esos casos, el procedimiento se inicia con el pedido formal de un juez penal a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, que debe estar acompañado por copias de las actuaciones judiciales que fundamentan la medida requerida.
Una vez ingresado, el pedido se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que dispone de un plazo de hasta 60 días para analizar el caso y emitir un dictamen sobre la procedencia del desafuero. Con ese informe, el expediente pasa al recinto, donde debe tratarse en un plazo máximo de 180 días.
La decisión final también exige una mayoría agravada: el desafuero solo se aprueba con el voto de dos tercios de los diputados presentes en la sesión. Si se alcanza ese umbral, el legislador queda suspendido en sus funciones y a disposición del juez interviniente.
¿Qué pasa si hay rechazo?
En cambio, si la Cámara rechaza el pedido, la causa judicial puede continuar su curso, pero con límites claros: no podrán adoptarse medidas que afecten la libertad personal del diputado ni aquellas que interfieran con el ejercicio de su cargo.
En busca de una enmienda que elimine los fueros
Como contexto, hay que recordar que el año pasado, el bloque del PRO-Unión Republicana presentó un proyecto de ley para realizar una enmienda a la Constitución de Río Negro y eliminar todo tipo de fueros para los funcionarios electos y autoridades del Estado.
“En Río Negro no puede haber privilegios para unos pocos mientras la mayoría exige justicia y transparencia”, expresó en ese momento el autor de la iniciativa, el legislador Juan Martin.
“Nuestro proyecto busca eliminar los fueros para que funcionarios públicos y sindicalistas puedan ser investigados y juzgados sin obstáculos”, enfatizó el también presidente del PRO en la provincia.
EL proyecto completo que propone la enmienda de la Constitución de Río Negro para eliminar los fueros
