La reciente Resolución 572/2025, que establece la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), tiene un aspecto central que merece destacarse: ratifica que la falta de pago de impuestos, patentes o multas de tránsito no puede impedir la prosecución del trámite registral, en línea con lo que desde hace años establece el artículo 9° del Régimen Jurídico del Automotor.
Esto, que debería haber sido una obviedad jurídica, se había convertido en un calvario para los ciudadanos. El Estado, a través de convenios celebrados por la Dirección Nacional y ACARA con provincias y municipios, convirtió al Registro del Automotor en un agente de recaudación compulsiva. Así nació y se consolidó el nefasto Formulario 13, que bloquea las transferencias hasta que se cancelen patentes e infracciones locales.
Un cobro extorsivo
El mecanismo es tan abusivo como el del CENAT, mediante el cual nadie puede obtener o renovar su licencia de conducir si no paga previamente multas de tránsito, muchas veces mal notificadas, dudosas o directamente inexistentes. Ambos instrumentos operaron bajo la misma lógica: la del cobro extorsivo, donde se utiliza la necesidad legítima del ciudadano (transferir su auto, renovar su registro) como garrote fiscal para garantizar recursos a municipios y provincias.
No se trata de desconocer la validez de los tributos ni la potestad sancionatoria de las jurisdicciones locales. El punto es otro: el derecho registral no puede ser condicionado por deudas ajenas a la naturaleza del trámite. El Registro está para dar seguridad jurídica sobre la propiedad de los automotores, no para transformarse en caja de recaudación de impuestos o multas.
Transferencias: qué es el VUPRA
La nueva resolución abre una puerta para terminar con décadas de atropello legal. Con VUPRA, el ciudadano podrá abonar de manera unificada todos los conceptos —aranceles, impuestos, tasas, multas—, pero la falta de pago no será un freno para inscribir o transferir un vehículo. De este modo, se respeta finalmente la letra y el espíritu del Régimen Jurídico del Automotor, y se desactiva el chantaje que representaba el Formulario 13.
Es hora de que la dirigencia y la ciudadanía entiendan lo que aquí está en juego. No hablamos de un tecnicismo administrativo: hablamos del respeto a la libertad y a la legalidad frente a un Estado que durante años operó como cobrador forzoso de tributos ajenos.
El verdadero rol de los registros
Si esta resolución se cumple y se sostiene en el tiempo, será un paso concreto hacia una Argentina más transparente, donde el ciudadano deje de ser rehén de prácticas extorsivas y el Registro recupere su verdadero rol: el de custodio de la propiedad y la seguridad jurídica, no el de un mostrador de cobranzas disfrazado de servicio público.
La eliminación del Formulario 13 fue una propuesta que oportunamente trasladé a la propia Secretaría de Desregulación, y todo indica que está cumpliendo con ese compromiso. El próximo paso, inevitable, debería ser terminar con el cobro extorsivo del CENAT. Solo así podremos decir que la Argentina empieza a dejar atrás prácticas ilegales que sometieron durante décadas a los ciudadanos.
(*) Contador público.
