Bariloche se convirtió esta semana en la primera ciudad de Río Negro en habilitar oficialmente las aplicaciones de transporte. El proceso para que Uber pasara a ser legal no estuvo exento de polémicas e incluso formó parte de un fallido intento de referéndum que estaba previsto para el próximo domingo. Pero más allá de las implicancias políticas internas que derivaron en esta decisión del intendente Walter Cortés, la medida pone presión sobre otros municipios, donde la regulación del sistema de transporte todavía parece una meta difícil de concretar.
En esta nota repasamos los (escasos) avances en materia legislativa en los principales distritos del Alto Valle.
El primer paso
Uber funciona en la ciudad cordillerana desde hace tiempo, aunque sin habilitación formal. Durante los últimos años, la posibilidad de debatir una ordenanza que estableciera controles sobre el funcionamiento de esta plataforma había quedado en un punto muerto. La complejidad del tema fue tal que el propio jefe comunal resolvió trasladar la decisión a la ciudadanía, proponiendo un referéndum para definir la aprobación —o no— de la aplicación en Bariloche.
Sin embargo, tras un fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ), esa consulta popular quedó definitivamente descartada. Pese a ello, la legalización de Uber siguió su curso y, este lunes, el Ejecutivo firmó la resolución 02583-I-2025, mediante la cual dejó sin efecto la prohibición dispuesta por el exintendente Gustavo Gennuso en 2023. En aquella oportunidad la intendencia impidió los viajes de las apps hasta tanto se sancionara una norma regulatoria.
“Han transcurrido más de dos años y cinco meses. La suspensión dispuesta tenía carácter provisorio y su vigencia temporal ya se encuentra claramente extinguida por el paso del tiempo, habiendo perdido operatividad práctica y sentido jurídico”, argumenta Cortés en la resolución.
Para el mandatario local, mantener la suspensión de Uber solo generaría confusión respecto de la situación actual de las plataformas electrónicas y podría “obstaculizar eventuales acciones de regulación o control que se pretendan actualizar desde el ámbito municipal”.
La medida, sin precedentes en la provincia, fue presentada por las autoridades barilochenses como “un hito en la modernización y apertura del sistema de transporte urbano”. Incluso, el propio intendente fue más allá al afirmar que representa “un paso hacia la libertad y las oportunidades”.
La postura de Allen
El caso de Bariloche representa prácticamente una excepción dentro del mapa legislativo rionegrino. La mayoría de las ciudades han evitado pronunciarse sobre la circulación de Uber en sus ejidos. Incluso, Allen se convirtió en el primer municipio en prohibir expresamente su funcionamiento.
En septiembre, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 35/25, que restringe todo servicio de transporte automotor de pasajeros que no esté regulado por las normas municipales ni cuente con habilitación oficial. La normativa estableció un período de prueba de tres meses, con la aplicación de controles estrictos. Una vez transcurrido ese plazo, la prohibición quedará plenamente vigente.
El cuerpo legislativo argumentó que la circulación de aplicaciones de transporte sin autorización “implica una violación y una vulneración hacia quienes cumplen las leyes”. Además, advirtieron sobre la “competencia desleal”, dado que los vehículos no habilitados no poseen el seguro correspondiente ni el carnet de conductor profesional exigido.
La ordenanza, en su artículo 2, dispone el secuestro de los vehículos que presten servicios de transporte no habilitados. También prevé sanciones como la retención de la licencia de conducir al momento de la infracción, multas desde los 1.000 USAM (unos $1.549.000 al día de hoy) e inhabilitaciones para conducir que van de tres a doce meses.
Iniciativa cajoneada
Regina, otra ciudad que se encaminaba a regular el funcionamiento de Uber, tampoco muestra avances. El proyecto presentado por el bloque del PRO en agosto —que buscaba establecer un marco normativo similar al que rige hoy para los taxistas locales— permanece frenado en comisiones.
A la resistencia del sector de los taxistas, que se manifestó en el edificio del Deliberante para expresar su descontento, se suma el rechazo del oficialismo a tratar la iniciativa, según reconocieron sus autores.
La propuesta buscaba “garantizar seguridad, transparencia y equidad tanto para los usuarios como para los conductores”, mediante reglas “claras” y en condiciones de “igualdad de requisitos y derechos”. Entre sus puntos centrales, creaba un Registro Municipal de Plataformas de Transporte (RMPT), en el que debían inscribirse todas las empresas o personas jurídicas interesadas en operar bajo esta modalidad. Las compañías como Uber deberían presentar su estatuto o contrato social y CUIT, y constituir domicilio legal en Regina.
En paralelo, los conductores debían contar con licencia profesional vigente, certificado de antecedentes penales, libre deuda de infracciones municipales y seguro automotor específico para transporte de pasajeros.
Los vehículos, por su parte, no podrían superar los siete años de antigüedad, debían tener la revisión técnica vehicular al día, estar radicados en Río Negro y registrados a nombre del conductor o de un familiar directo. Además, debían exhibir la identificación digital provista por la plataforma.
El proyecto del PRO incluía, además, un canon a las empresas por el uso de la infraestructura local, denominado Fondo Municipal de Movilidad, equivalente al 1% del valor de cada viaje. Lo recaudado se destinaría a financiar mejoras en el transporte público y en la infraestructura vial de la ciudad. A modo de comparación, en Buenos Aires ese canon asciende al 2%.
Una propuesta oficial
En Cipolletti, el intendente Rodrigo Buteler elevó en septiembre un proyecto de 34 fojas que incorpora al Código de Transporte —vigente desde 2014— la figura de las Plataformas Tecnológicas de Intermediación en el Transporte (PTIT). La iniciativa aún se encuentra en debate y espera ser tratada en el recinto del Concejo.
“El avance tecnológico ha transformado profundamente las dinámicas de consumo y comunicación de la ciudadanía, generando nuevas formas de demanda en los servicios públicos, especialmente a través de aplicaciones móviles”, argumenta el Ejecutivo en los fundamentos del texto.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de una oblea obligatoria que deberán portar los vehículos habilitados para trabajar con aplicaciones. Esta credencial deberá exhibirse en el interior del rodado e incluirá los datos del vehículo, del titular y de los conductores asignados, además de un código QR que permitirá verificar la información en tiempo real.
Los choferes deberán abonar la tasa de explotación establecida en la ordenanza tarifaria, acreditar un seguro de responsabilidad civil que cubra a terceros y pasajeros, y contar con licencia profesional categoría D1.
La propuesta exige que las empresas de transporte por aplicación se inscriban en el municipio, constituyan domicilio legal en Cipolletti, obtengan licencia comercial y abonen las tasas correspondientes. En Neuquén, Uber no resultó habilitado por el incumplimiento de este punto.
El proyecto también fija condiciones específicas para los vehículos asignados al servicio: no podrán superar los siete años de antigüedad y deberán ser modelos tipo sedán de cuatro puertas o utilitarios familiares, con capacidad mínima para cuatro pasajeros y cinturones de seguridad. Además, será obligatorio presentar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) cada seis meses.
Reclamo de los taxistas roquenses
En Roca, la filial local de La Libertad Avanza (LLA) presentó en dos oportunidades una propuesta para desregular el sistema de transporte de pasajeros ante el Concejo Deliberante. Sin embargo, la iniciativa no contó con el acompañamiento del oficialismo y, por el momento, no se evalúa la habilitación de las aplicaciones de transporte.
Aún así, la supuesta falta de controles sobre los vehículos no habilitados genera malestar entre algunos taxistas, que se manifestaron en varias ocasiones frente al Municipio para reclamar mayores medidas.
“En Roca hay una superpoblación: tenemos taxis, remises y servicios especiales habilitados. Cualquiera de esos tres podría usar estas aplicaciones nacionales o internacionales. ¿Cuál es el problema? Que sean autos habilitados. La gente no toma conciencia de que, al viajar en un auto que no está habilitado, corre el riesgo de no tener seguro ni ninguna de las garantías que corresponden”, señaló a este medio Fanny Becerra, propietaria de Taxi Minuto y miembro de la Comisión de Taxis del Concejo Deliberante.
