La audiencia pública por la actualización de las tarifas de Edersa dejó una comparación llamativa sobre el impacto que tendría para los usuarios el aumento del 45,9% solicitado por la empresa. Según la distribuidora, para el 70% de sus clientes la suba equivaldría al costo de un kilo de carne.
Instancia importante, pero no vinculante
La audiencia, que se realizó de manera virtual, comenzó de forma puntual con un breve mensaje del titular del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), Juan Justo. El funcionario destacó la relevancia de esta instancia participativa como insumo clave para el análisis que definirá si se aprueba, rechaza o concede parcialmente el pedido de incremento presentado por la empresa.
“La voz de los usuarios es fundamental para nutrir el análisis y llegar a soluciones óptimas. Agradezco la participación de los expositores y oyentes. Este es un proceso que recién se inicia y, a partir de aquí, se evaluarán las distintas variables que derivarán en una decisión del ente regulador”, señaló Justo en relación con la revisión tarifaria quinquenal, cuya resolución final debería conocerse en un plazo de hasta 120 días.
Para esta instancia se habían inscripto más de 50 participantes, aunque finalmente unas 30 personas lograron acreditarse y exponer durante la jornada.
La argumentación de Edersa
La audiencia virtual se inició con la presentación del gerente comercial de Edersa, Fernando Salice, quien realizó un repaso por las características del área de concesión, las inversiones ejecutadas durante el período 2021-2026 y las obras proyectadas para los próximos años.
El directivo detalló que la distribuidora presta servicio en 58 municipios y comisiones de fomento, alcanza a unas 227 mil viviendas y opera una red de más de 11.000 kilómetros de líneas de media y baja tensión, además de unos 90 kilómetros de alta tensión.
En ese marco, Salice dedicó buena parte de su exposición a explicar que gran parte de los aumentos registrados en las facturas durante los últimos dos años no estuvieron vinculados al Valor Agregado de Distribución (VAD) —que refleja los costos propios de la distribuidora— sino al encarecimiento del precio de la energía en el mercado mayorista. “Las facturas de Edersa vienen más caras, pero ese dinero no queda en la empresa: va a Buenos Aires, a Cammesa”, afirmó. Como ejemplo, señaló que el costo de compra de energía pasó de 284 millones de pesos en 2021 a más de 8.000 millones en 2025.
El gerente sostuvo que la tarifa debería cubrir los costos operativos y remarcó que Edersa enfrenta una situación distinta a la de otras distribuidoras debido a la alta dispersión geográfica de su área de prestación. Según explicó, mientras en la Ciudad de Buenos Aires hay unos 814 usuarios por kilómetro cuadrado y en Neuquén cerca de 609, en el territorio rionegrino la relación es de apenas un usuario por kilómetro cuadrado, lo que encarece significativamente el costo que debe pagar el usuario.
Salice indicó que actualmente el VAD representa alrededor del 21% del valor final de las facturas. Sostuvo que, de acuerdo con parámetros internacionales, para una distribuidora con las características de Edersa ese componente debería acercarse al 40% del total.
En esa punto, precisó que el 70% de los usuarios paga boletas iguales o menores a unos 52 mil pesos —con un consumo promedio de 164 kWh—, por lo que la porción que queda en manos de la empresa equivale “al valor de un kilo de carne”.
El gerente también respondió a cuestionamientos del sector empresario respecto del impacto del costo eléctrico en la producción, al señalar que la energía representa apenas un 5% de los costos de una empresa rionegrina.
Finalmente, Salice ratificó el pedido de actualización cercano al 46%, que —según afirmó— implicaría para el sector promedio antes citado un incremento aproximado de 24 mil pesos, nuevamente equivalente “al costo de un kilo de carne”.
En materia de inversiones, indicó que entre 2021 y 2025 la empresa destinó unos 5.400 millones de pesos a obras en la red provincial, con mejoras por 31.000 millones solo en el último año. Para el próximo quinquenio, en tanto, el plan de inversión proyectado asciende a unos 140 mil millones de pesos.
Voces en contra
El siguiente expositor fue el defensor del usuario del EPRE, Guillermo Erwin Zeug, quien ya había adelantado la semana pasada en Roca su postura de rechazo al planteo tarifario solicitado por la compañía.
Según explicó, las reuniones mantenidas con vecinos en distintas localidades evidenciaron una preocupación generalizada por la falta de correspondencia entre el nivel tarifario vigente —y el proyectado— y la calidad de la prestación. “Las reuniones evidencian una preocupación transversal respecto de la falta de relación entre las tarifas y el servicio que se presta”, señaló al referirse a las recorridas realizadas en las últimas semanas.
En la misma línea, la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) manifestó un fuerte rechazo a la solicitud y cuestionó tanto el desempeño de la distribuidora como el rol de control del ente regulador. La entidad sostuvo que persisten problemas estructurales vinculados a la falta de inversiones, deficiencias en el suministro, costos operativos crecientes y una rentabilidad que consideró excesiva para un servicio monopólico.
En ese contexto, la federación alertó que la suba solicitada en esta oportunidad podría traducirse en incrementos superiores al 60%. “La propuesta contempla un aumento del VAD del 45%, pero según nuestros cálculos supera el 64%. La presentación es engañosa, con costos inflados y una proyección de demanda subestimada, lo que busca maximizar ingresos como monopolio”, expresaron desde la FEERN. Asimismo, remarcaron que el pedido resulta “desproporcionado frente a la situación económica de los usuarios”.
Por su parte, Miguel Grasso, en representación de la CAIC de Roca, centró su exposición en cuestionar el propio proceso de convocatoria a la audiencia pública, al considerar que se realizó con escaso tiempo de antelación y en simultáneo con la actividad legislativa.
El secretario de la CAIC también apuntó a la falta de información técnica verificable, debido a la imposibilidad de acceder a los datos de las campañas de medición. “La empresa basa su pedido en supuestos. No hay datos reales: habla de campañas de medición propias que son incomprobables. La única forma de diseñar una red eficiente es con campañas de medición obligatorias que Edersa incumple sistemáticamente, con el aval del EPRE”, afirmó.
Falencias en la atención
Entre los usuarios que tomaron la palabra, Baltazar Walter Rivas cuestionó la ausencia del gobernador Alberto Weretilneck y de representantes del grupo inversor de Edersa. En su exposición, sostuvo que la empresa ha contado desde el inicio de la concesión con un mercado monopólico y con tarifas “justas y razonables”, aunque advirtió sobre la falta de inversiones y de controles por parte del EPRE.
“El cliente observa conexiones irregulares y espera una mayor intervención del ente regulador en estos casos. También cuando ocurren daños y perjuicios por la mala calidad del servicio”, señaló, al reclamar respuestas más ágiles frente a los reclamos de los usuarios.
Por su parte, Miguel Sabbadini, en representación de Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), apuntó a la falta de información pública sobre la situación económica de la empresa. En ese sentido, cuestionó la ausencia de balances accesibles y volvió a insistir en la necesidad de que se realicen campañas de medición.
Además, remarcó que los incrementos del Valor Agregado de Distribución (VAD) han crecido muy por encima de la inflación. “No hay manera de explicar esos ingresos”, afirmó.
También hubo planteos vinculados a la calidad del servicio, particularmente en el Valle Medio. Sebastián Altamirano, emprendedor de Choele Choel, manifestó su preocupación por el impacto que un nuevo aumento tendría sobre la estabilidad de su actividad y de sus empleados, y expresó malestar por las deficiencias en la prestación eléctrica en zonas rurales.
“Tenemos serias dificultades con el servicio y la atención. Nuestra sede está en el área rural y allí sufrimos cortes muy prolongados. Cuando llamamos al 0800 suele estar colapsado y no podemos comunicarnos. Nos vemos perjudicados por muchas horas sin energía, sobre todo los fines de semana”, relató.
La audiencia dejó así un escenario marcado por posiciones contrapuestas. Ahora resta esperar la resolución final del EPRE, que en la última revisión extraordinaria se conoció recién cerca de diez meses después.
