Un proyecto de ley abrió un nuevo frente de confrontación mediática entre un sector del peronismo y el oficialismo rionegrino. La iniciativa propone crear una Comisión Especial de Costos destinada a ofrecer a la comunidad una base pública de precios sobre bienes y servicios esenciales, con el fin de transparentar valores y evitar prácticas abusivas.
¿En qué consiste?
La propuesta fue presentada por el legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos), quien impulsa la conformación —dentro del Legislativo— de un organismo permanente encargado de “relevar, analizar, auditar y publicar información vinculada a los costos de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios esenciales que impactan en la vida cotidiana y en la actividad productiva de la provincia”.
El proyecto busca, en esencia, transparentar las estructuras de costos, con beneficios tanto para las familias como para las cadenas productivas. La idea es poner a disposición información clara sobre precios como los de la electricidad, los combustibles o los alimentos, de modo que la ciudadanía pueda conocer qué componentes integran lo que finalmente paga en góndolas o en las facturas de servicios.
Según la iniciativa, la difusión pública de estos datos permitiría prevenir márgenes abusivos y arrojar luz sobre eventuales faltas de información en torno a las tarifas y otros precios sensibles para el bolsillo.
Objetivos
El organismo tendría como finalidad:
- Transparentar la estructura de costos de energía eléctrica, gas, combustibles, agua potable, alimentos básicos, transporte, servicios públicos y toda otra actividad económica que incida en el costo de vida y de producción de los rionegrinos.
- Detectar distorsiones, prácticas abusivas, sobreprecios o márgenes injustificados que afecten a usuarios, consumidores y sectores productivos.
- Elaborar informes públicos periódicos y recomendaciones dirigidas a la Legislatura, el Poder Ejecutivo, los entes reguladores y los organismos de control.
- Promover mayor competencia, eficiencia y protección de usuarios y consumidores.
Su conformación
Delgado Sempé propone una composición amplia y mixta para la comisión. Estaría integrada por legisladores de todos los bloques, un representante del Ministerio de Economía, otro del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, y uno de la Secretaría de Energía y Ambiente. También se prevé la participación del ámbito académico —a través de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)— y del sector privado, mediante un representante de la Federación Empresaria de Río Negro (FEERN), designado por su dirigencia.
“La FEERN representa a un amplio espectro de actividades económicas, comerciales e industriales de la provincia, y su participación resulta clave para comprender en profundidad la estructura de costos reales, las dificultades que enfrentan las pymes y el impacto de las distorsiones en la cadena de valor. Su aporte permitirá contar con información concreta desde el territorio y desde quienes sostienen el entramado productivo, contribuyendo a diagnósticos más precisos y a propuestas más efectivas”, sostiene el proyecto.
La oposición
La presentación de este proyecto encendió rápidamente el malestar del oficialismo, que comparó la iniciativa con los tradicionales mecanismos de control de precios aplicados por gobiernos peronistas en distintos períodos para intentar contener la inflación. El primero en salir a cuestionarla fue el presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN), Facundo López, quien la calificó como un intento de “imponer en Río Negro los métodos del kirchnerismo que fracasaron en el país”.
“El sorismo, que es el kirchnerismo en Río Negro, vuelve a plantear las recetas que ya llevaron al país al fracaso. Los mismos mecanismos para manipular índices, intervenir mercados y presionar al sector productivo, ahora disfrazados de control de costos”, afirmó.
Para el excandidato a senador, la puesta en marcha de una comisión de este tipo implicaría “menos inversión, menos trabajo y más distorsión”. En esa línea, contrastó la propuesta del peronismo con la agenda que sostiene el oficialismo, centrada —según expresó— en la simplificación tributaria. “Mientras algunos quieren volver al pasado, nosotros avanzamos en la reducción de impuestos y en la eliminación de más de 300 tasas obsoletas, para darle aire al sector productivo y ordenar la estructura tributaria de la provincia”, señaló.
El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Fabián Gatti, se sumó a las críticas con una postura aún más tajante: “El control de precios es el viejo sistema soviético, obsoleto y absolutamente inútil para el propósito que persigue. Ha fracasado en el mundo y en la historia. Pero ellos, que siguen intentando construir la cuadratura del círculo, lo van a seguir proponiendo”, aseguró en un comunicado difundido por vías oficiales.
Gatti también cuestionó los efectos económicos de las políticas promovidas por el peronismo: “Cada vez que hablan de economía sube el riesgo país, sube el dólar, se dispara la inflación y, por lo tanto, se profundiza la pobreza, que es lo único que saben multiplicar”.
La respuesta
Frente a las críticas, Delgado Sempé salió a defender la iniciativa. Ante este medio, rechazó categóricamente la idea de que se trate de un mecanismo de control de precios y enfatizó que el objetivo es transparentar los precios existentes, no regularlos.
“El propósito es develar los costos reales de los bienes y servicios que pagamos. Se trata de información pública que debería estar al alcance de todos”, señaló más temprano en una gacetilla.
El legislador apuntó especialmente contra la distribuidora Edersa y el esquema tarifario vigente. “Juntos Somos Río Negro quiere esconder lo que pasa con Edersa y con el precio de los combustibles. Quiere que los rionegrinos sigamos pagando tarifas impagables sin saber por qué, mientras Edersa continúa sin mostrar los números reales de su negocio. La estafa energética en Río Negro ya es un secreto a voces”, sostuvo.
En el mismo tono, cuestionó las motivaciones del oficialismo para rechazar el proyecto: “López ataca esta propuesta porque no quiere transparencia. No quiere que los rionegrinos sepan cuánto pagamos realmente la energía, cuánto cuesta generar, transportar y distribuir, ni cuál es el verdadero precio de los combustibles. ¿Por qué será? ¿A quién está defendiendo?”, expresó.
¿Río Negro ya convalidó controles de precios?
Si bien se aclaró que la comisión no busca instaurar un sistema de control de precios provincial, no sería la primera vez que la Legislatura tome postura sobre este tipo de mecanismos. Aunque el clima de época cambió en los dos últimos años, durante la última década se aprobaron varios proyectos de comunicación en respaldo a programas nacionales de control o referencia de precios, especialmente los vinculados a Precios Cuidados.
El antecedente más reciente data de noviembre de 2022, cuando la Legislatura aprobó —por mayoría— el Proyecto de Comunicación Nº 1222/2022, mediante el cual expresó al Ministerio de Economía de la Nación su beneplácito por el lanzamiento del programa “Precios Justos”, destinado a estabilizar los valores de productos esenciales entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Según los registros oficiales, el propio Facundo López acompañó esa iniciativa, hoy uno de los dirigentes más críticos del proyecto de comisión de costos.
Más atrás en el tiempo, en 2020, se aprobó el Proyecto de Comunicación Nº 852/2020, con el que la Provincia manifestó su beneplácito al Poder Ejecutivo Nacional por el programa “Precios Cuidados para la Construcción”, que incluía un listado de 89 productos de primeras marcas con valores un 5% por debajo del promedio de mercado. En esa ocasión, el único voto negativo fue el del representante del PRO, Juan Martin.
De todos modos, más allá de esos pronunciamientos políticos, no hay registros en el Parlamento rionegrino de iniciativas orientadas a crear una comisión provincial específica para el análisis de precios, como la que plantea ahora el proyecto en debate.
