Un proyecto presentado por el bloque de la Coalición Cívica ARI Cambiemos prevé sanciones para padres rionegrinos que no cumplan con el calendario de vacunación para sus hijos, además de generar la obligación específica para los agentes públicos de informar al Ministerio de Salud cuando detecten a un niño sin esquema de vacunación completo.
La iniciativa ingresó al parlamento provincial a partir de las estadísticas que revelan una importante caída en los niveles de alcance del plan de inmunización.
En ese sentido, desde la CC-ARI remarcaron que el objetivo es reforzar el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación Obligatoria, impulsando la responsabilidad colectiva en salud pública y además prevenir el resurgimiento de enfermedades prevenibles por vacunas.
El proyecto fue presentado por el legislador Javier Acevedo y plantea una obligatoriedad reforzada para asegurar que la población infantil reciba todas las vacunas que exige la normativa nacional. Según el comunicado del bloque, la vacunación “no es una opción personal sino una responsabilidad parental y un deber colectivo”, y advierte que la baja adherencia vigente pone en riesgo la inmunidad comunitaria y el derecho a la salud.
Sanciones económicas
Una de las principales novedades del texto es la incorporación de multas económicas para padres, tutores o responsables que no aseguren la vacunación de las niñas y los niños a su cargo.
El proyecto establece que dichas sanciones no podrán ser inferiores al 20 % del Salario Mínimo Vital y Móvil, y podrán duplicarse en caso de reincidencia. En números concretos, esa pauta prevé que las multas mínimas sean cercanas a los 70.000 pesos.
El texto impulsado por Acevedo prevé la posibilidad de fijar pautas de trabajo comunitario en el ámbito de la salud pública cuando un padre o madre esté declarado oficialmente como insolvente y no pueda afrontar la multa.
Con respecto a la obligación específica para los agentes públicos de informar al Ministerio de Salud provincial cuando detecten a un niño sin esquema de vacunación completo, lo que se activaría sería un proceso de notificación, estrategias de relación con la familia y, si la negativa persiste, la intervención de la Defensoría de Menores y del Juzgado de Familia correspondiente.
Coberturas de vacunación
El proyecto se enmarca en un contexto preocupante para la salud pública argentina. El Calendario Nacional de Vacunación, que es obligatorio y gratuito, está establecido por la Ley Nacional N.º 27.491 —y su reglamentación de 2023— que define la obligatoriedad de las vacunas incluidas y la responsabilidad de padres, tutores y agentes de salud o educativos en el cumplimiento del esquema. Esta normativa también obliga a informar incumplimientos a autoridades locales.
A pesar de ese marco legal, los niveles de cobertura de vacunas esenciales vienen registrando una caída en los últimos años, tanto en Argentina como, según informes recientes, en Río Negro.
Datos de organismos internacionales estiman que las coberturas de vacunas clave como DTP o BCG en Argentina se sitúan por debajo de los estándares necesarios para garantizar la inmunidad colectiva, con porcentajes por debajo del 80% en algunos antígenos, muy alejados del objetivo del 95 % recomendado por la Organización Mundial de la Salud y UNICEF para prevenir brotes.
Estas tendencias generaron alertas en el ámbito sanitario por el posible resurgimiento de enfermedades que habían sido controladas en décadas anteriores, como la tos ferina, la poliomielitis o el sarampión, especialmente ante informes de brotes o caídas abruptas en tasas de cobertura en años recientes.
Experiencias en otras provincias
En su comunicado, el bloque de la CC-ARI Cambiemos menciona antecedentes normativos y judiciales que sostienen la primacía del interés superior del niño y la salud pública sobre objeciones de los progenitores. Señala también casos de iniciativa similares aprobadas en provincias como Mendoza y Córdoba, donde se buscaron mecanismos para elevar las coberturas de vacunas. Estos ejemplos se presentan como referencias para la iniciativa en Río Negro.
No obstante, la propuesta seguramente generará un intenso debate público y político, ya que la aplicación de sanciones económicas por decisiones de salud personal —aunque respaldadas por leyes nacionales— plantea tensiones entre derechos individuales y responsabilidad colectiva.
¿Qué sigue en la Legislatura?
La iniciativa deberá tratarse en comisiones de la Legislatura rionegrina antes de llegar al recinto para su debate final. Allí, tanto legisladores como expertos discutirán no solo el contenido técnico y sanitario del proyecto, sino también sus implicancias éticas, sociales y económicas.
