Lorena Villaverde atraviesa horas decisivas ante una nueva ofensiva política que busca frenar su ingreso al Senado. El peronismo rionegrino activó un pedido de impugnación justo antes de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el órgano que emite dictamen de los pliegos de los senadores electos previo a su aprobación o rechazo en la sesión preparatoria.
En esta nota de Literal, analizamos el reglamento: cómo es el proceso de validación de títulos y qué requisitos son necesarios para frenar la jura de un parlamentario.
La arremetida del PJ
La tensión se trasladará este miércoles, a las 11, al salón Arturo Illia del Congreso. Allí se reunirá la Comisión Unicameral de Asuntos Constitucionales, el organismo encargado de dictaminar sobre los pliegos de los senadores electos el pasado 26 de octubre.
Lo que habitualmente es un trámite administrativo de rutina, esta vez estará bajo la lupa mediática y política debido a la fuerte presión del peronismo y la resistencia libertaria. Según se confirmó en las últimas horas, el PJ logró incorporar en el orden del día la impugnación formal contra Villaverde, con el objetivo de que el cuerpo legislativo rechace su incorporación a la Cámara Alta.
La presentación, firmada por los apoderados del PJ rionegrino, Manuel Castañeda y Juan Manuel Mandagarán, fundamenta el pedido en presuntas “inhabilidades morales, éticas y constitucionales”. El escrito reúne una serie de acusaciones que pesan sobre la actual diputada, que van desde una causa por tráfico en Estados Unidos y denuncias por estafa, hasta supuestos vínculos con Claudio Ciccarelli, primo del empresario extraditado Fred Machado. Estos señalamientos, que formaron el eje de la ofensiva de Fuerza Patria y fueron expuestos por Martín Soria durante la campaña, serán ahora materia de debate.
El periodista de Infobae acreditado en el Congreso, David Cayón, sostiene que fuentes de La Libertad Avanza (LLA) prevén un resultado poco favorable para Villaverde, pese al optimismo que ella mantiene respecto de su jura. En su lugar, asumiría Enzo Fullone, exjefe del Distrito 20 de Vialidad Nacional y segundo en la lista libertaria. Sin embargo, restan algunos días más para conocer el desenlace de esta historia.
El paso decisivo: la votacion del recinto
La obtención de un dictamen desfavorable por parte de Asuntos Constitucionales no es condición suficiente para impedir que la rionegrina asuma, dado que la palabra final la tendrá el pleno del Senado durante la sesión preparatoria del próximo 28 de noviembre.
El reglamento de la Cámara establece pautas precisas respecto del proceso de incorporación o rechazo de sus miembros. En primer lugar, la convocatoria para la jura está siempre fijada para el 29 de noviembre del año de renovación o para el día hábil inmediato anterior, como ocurre en esta ocasión.
En esa instancia, los parlamentarios electos deben presentar el título otorgado por la autoridad competente, documentos que son puestos a consideración de la Comisión para la emisión del dictamen correspondiente. Ese dictamen puede ser tomado en cuenta, o no, durante el encuentro en el recinto.
Antes de la jura del viernes 28, los 48 senadores que permanecen en funciones son quienes deben aprobar o rechazar los pliegos de los 24 parlamentarios electos en los últimos comicios. Los senadores electos pueden integrar el quórum para la consideración de sus propios títulos, pero no pueden votar respecto de ellos.
En caso de ser aprobados, los legisladores quedan incorporados mediante el acto de juramento. Este es recibido por la presidenta del Senado, se realiza en voz alta y con todos los presentes de pie. Existen tres fórmulas posibles, todas referidas al compromiso de jurar por la Patria, cumplir debidamente el cargo y actuar conforme a lo dispuesto por la Constitución.
Qué pasa ante un rechazo
Respecto del rechazo de senadores, el reglamento contempla tres tipos de causales de impugnación a los pliegos:
a) La presentada por un partido político organizado en el distrito que lo eligió.
b) La formulada por quien haya sido candidato en la misma elección.
c) La presentada por un senador, o por una institución o particular considerado legítimo por el Senado, cuando se impugna al electo por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 55 de la Constitución Nacional.
La impugnación debe ser posteriormente validada por el cuerpo. Para rechazar definitivamente el pliego de Villaverde se necesitaría una mayoría simple, lo que representa unos 25 votos. Aunque el reglamento no establece de manera explícita el número exacto, la aprobación o rechazo de los títulos de los parlamentarios electos requiere mayoría (la mitad más uno).
Si el pliego fuera rechazado, la presidenta del Senado tiene la obligación de comunicar la decisión al Poder Ejecutivo Nacional y al gobierno provincial, dado que es el cuerpo que representa a las provincias. En ese escenario, asumiría el suplente electo.
La aprobación anticipada del diploma de un suplente no impide que, llegado el momento de su eventual incorporación, se vuelvan a examinar y evaluar circunstancias sobrevinientes vinculadas al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 55 de la Constitución Nacional.
El optimismo de Villaverde
Lo cierto es que la senadora electa por La Libertad Avanza se muestra confiada en acceder a su banca, tanto por sus expresiones públicas en redes sociales como por lo que aseguran desde su entorno. Días atrás, la presidenta de LLA Río Negro tomó posesión de su legajo y difundió imágenes del momento en que quedó registrada en el sistema de la Cámara alta.
“Nada fue casual. Cada paso, cada golpe y cada desafío me trajeron hasta acá. Entregar mi firma y dejar mi huella en este libro no es un trámite: es el sello de una historia de lucha, de convicciones y de amor profundo por mi provincia y por la Argentina que elegimos liberar. Defenderé los intereses de Río Negro con la misma fuerza con la que enfrenté todo lo que intentó frenarme. No vine a ocupar un lugar. Vine a honrarlo”, expresó en su cuenta de X.
HOY TOMÉ POSESIÓN DE MI LEGAJO COMO SENADORA NACIONAL POR RÍO NEGRO.
— Lore Villaverde (@LoreVillaverde1) November 12, 2025
Nada fue casual. Cada paso, cada golpe y cada desafío me trajeron hasta acá.
Entregar mi firma y dejar mi huella en este libro no es un trámite: es el sello de una historia de lucha, de convicciones y de amor… pic.twitter.com/ZQxfm54Y4v
En las últimas horas, incluso dejó entrever una proyección política hacia 2027, al cuestionar a Primero Río Negro por lo que interpretó como gestos de alineamiento con el oficialismo provincial.
“Nada sorprende. Cuando uno decide enfrentar al poder real de Río Negro y ganar con el voto limpio de la gente, aparecen ahora los que quieren ‘cobrar’ viejos arreglos y operaciones. Pero la verdad es matemática y política: intentaron frenarnos y fracasaron”, afirmó.
Y luego añadió, en clara referencia a una eventual competencia por la gobernación: “En 2027 se van a terminar de caer todas las caretas. Algunos no quieren volver al llano porque nunca supieron vivir sin el Estado. Yo sí sé lo que es trabajar. Y por eso mismo, voy a seguir defendiendo la libertad y la voluntad de los rionegrinos, sin pactos oscuros, sin conchabos y sin miedo”.
Los antecedentes
En el Senado no existen antecedentes de rechazo a la incorporación de un miembro electo. Uno de los casos más resonantes fue el del expresidente Carlos Menem, quien en 2017 se postuló nuevamente como senador por La Rioja. En aquella oportunidad, la Cámara Nacional Electoral resolvió inhabilitar su precandidatura para las PASO, decisión que finalmente la Corte Suprema revirtió, habilitando su participación en los comicios.
Ese mismo año, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el pliego del expresidente fue el único que recibió una impugnación. Sin embargo, ésta quedó rechazada in limine y sin discusión, dado que el fallo de la Corte Suprema ya había validado su postulación y despejado cualquier controversia jurídica al respecto.
El antecedente más cercano de un rechazo efectivo ocurrió en la Cámara de Diputados en 2005. En esa ocasión, el cuerpo resolvió no admitir el diploma de Luis Abelardo Patti, electo diputado nacional por el Partido Unidad Federalista (PAUFE) en la provincia de Buenos Aires. La decisión se fundamentó en el artículo 64 de la Constitución Nacional y en la evaluación de su presunta participación en graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar.
Patti recurrió entonces a la Justicia, alegando que la Cámara carecía de atribuciones para evaluar la idoneidad ética y moral de un legislador electo. La jueza María Servini de Cubría confirmó la decisión de Diputados, avalando la potestad constitucional del cuerpo para juzgar la validez de los diplomas.
