La Comisión de Asuntos Constitucionales analizó este miércoles los pliegos de los senadores electos y emitió un dictamen de mayoría que aprueba la jura de 23 nuevos parlamentarias pero rechaza la incorporación de la libertaria Lorena Villaverde (LLA), cuyo diploma fue doblemente impugnado.
Además, hubo otro dictamen de minoría que contempla aprobar o rechazar la impugnación presentada esta mañana contra Martín Soria (FP). El planteo, que se formuló desde la La Libertad Avanza Río Negro, cuestiona su “inhabilidad moral, ética y constitucional” a partir de una serie de causas vinculadas a presuntas irregularidades en el municipio de Roca.
Más allá de esta instancia —que se volvió caótica con el correr de los minutos—, la palabra final la tendrá el pleno, que deberá votar por la incorporación o no de ambos legisladores.
Un encuentro y tres senadores impugnados
La reunión comenzó pasadas las 11 en el salón Arturo Illia del Congreso. El primero en tomar la palabra fue el senador salteño Juan Carlos Romero, quien pidió iniciar el tratamiento de los casos con impugnaciones para avanzar cuanto antes en la elaboración de los dictámenes.
La presidenta de la comisión, Alejandra Vigo, garantizó que el proceso sería “amplio” y que todas las presentaciones serían puestas a consideración. Y así ocurrió: el debate avanzó de manera sostenida en las acusaciones contra Villaverde, pese al ingreso intempestivo por mesa de entrada de dos nuevas impugnaciones, una contra el chaqueño Jorge Capitanich y otra contra el rionegrino Martín Soria.
La contraofensiva
La presentación contra Soria la formuló el abogado viedmense Damián Torres, en carácter de vicepresidente y apoderado de LLA Río Negro. En el escrito, el letrado solicita aplicar el principio constitucional de igualdad ante la ley, dado que —según argumenta— el peronismo pidió evaluar los antecedentes y la “idoneidad moral” de la presidente de su partido.
Los fundamentos se apoyan en “graves y diversas” causas judiciales que tramitaron en contra del exintendente de Roca. Dichos antecedentes, afirmó Torres, “evidencian la carencia absoluta de idoneidad moral para el ejercicio de tan alto mandato como lo es asumir como senador nacional”.
Entre los expedientes mencionados aparece una investigación por peculado iniciada cuando Soria todavía estaba el frente del Municipio, en la que fue acusado de “retener y desviar un porcentaje de los haberes de funcionarios públicos”, con el fin de “procurar para sí o para terceros un lucro indebido”. También se cita la acusación por “fraude en perjuicio de la administración” y “administración fraudulenta o infiel”, en la que fue imputado junto a otros funcionarios por los gastos superiores al millón de dólares en la Fiesta de la Manzana 2018.
“El conjunto de causas por sobreprecios, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta, entre otros delitos, evidencia el manejo espurio de los fondos estatales hacia el patrimonio del senador electo ahora impugnado por ‘inidoneidad moral’”, ratifica el escrito.
El debate: voces a favor y en contra de Villaverde
Respecto del caso de la senadora electa de LLA, su tratamiento ocupó la mayor parte de la discusión, con una extensa lista de legisladores que solicitaron intervenir.
La mayoría de los miembros del peronismo respaldaron las impugnaciones presentadas por el PJ rionegrino y por la abogada Noelia Nerina Vázquez, quien formuló denuncias por “inhabilidad moral” contra la diputada nacional a partir de las causas por estafa en Las Grutas. En contrapartida, los parlamentarios pidieron no avanzar con la impugnación contra Soria, a la que calificaron como “una burda maniobra”.
«Nuestro bloque va a votar en contra del pliego de la senadora electa de La Libertad Avanza en Río Negro. Esta persona tiene comprobado el delito de tráfico y venta de drogas y no puede estar en el Senado de la Nación«, afirmó el formoseño José Mayans.
En tanto, el cordobés Luis Juez manifestó un apoyo explícito a la libertaria. Consideró que no existen razones jurídicas que habiliten frenar su jura. “Técnica y jurídicamente no hay ningún impedimento”, afirmó, luego de leer una serie de resoluciones de la Justicia rionegrina y de tribunales de Estados Unidos.
”Los juicios de Estados Unidos han desestimado el tema. Los antecedentes penales existen en tanto existan condenados firmes y con sentido y por un lapso determinado. Nosotros no podemos suponer, tenemos que ser serios y respetar la Constitución. Para una acusación tan grave tiene que haber pruebas”, expresó el libertario Juan Carlos Pagotto.
El senador riojano reclamó que el debate sea finalmente tratado en el recinto y, de ser necesario, con una mayoría agravada, pero puso el foco en la necesidad de sostener cualquier impugnación con evidencia concreta. «Si Villaverde tiene causas penales, tiene que seguirlo la Justica. Acá se demuestra que esta sobreseída. Quien esté libre de pecado que arroje la primera piedra», comentó en defensa de la cipoleña.
Mónica Silva, vocal de la comisión, adoptó una postura menos confrontativa y defendió la decisión del electorado rionegrino, que —recordó— ya conocía las acusaciones contra la diputada. “En las elecciones hubo prácticamente un empate. Creo que es importante que consideremos la voluntad popular. No nos olvidemos de que el pueblo conocía estas impugnaciones; sin embargo, la elección se dio con esas características. No olvidemos que estaríamos imponiendo argumentos por encima de lo que el pueblo de Río Negro decidió”, sostuvo.
El paso decisivo: la votación del recinto
La obtención de un dictamen desfavorable por parte de Asuntos Constitucionales no es condición suficiente para impedir que la rionegrina asuma, dado que la palabra final la tendrá el pleno del Senado durante la sesión preparatoria del próximo 28 de noviembre.
El reglamento de la Cámara establece pautas precisas respecto del proceso de incorporación o rechazo de sus miembros. En primer lugar, la convocatoria para la jura está siempre fijada para el 29 de noviembre del año de renovación o para el día hábil inmediato anterior, como ocurre en esta ocasión.
Antes de la jura, los 48 senadores que permanecen en funciones son quienes deben aprobar o rechazar los pliegos de los 24 parlamentarios electos en los últimos comicios. Los senadores electos pueden integrar el quórum para la consideración de sus propios títulos, pero no pueden votar respecto de ellos.
Vale aclarar que no existe un requisito de mayoría agravada para esta instancia, con una mayoría simple sería suficiente para restringir el ingreso de Villaverde.
Si el pliego fuera rechazado, la presidenta del Senado tiene la obligación de comunicar la decisión al Poder Ejecutivo Nacional y al gobierno provincial, dado que es el cuerpo que representa a las provincias. En ese escenario, asumiría el suplente electo, Enzo Fullone.
La aprobación anticipada del diploma de un suplente no impide que, llegado el momento de su eventual incorporación, se vuelvan a examinar y evaluar circunstancias sobrevinientes vinculadas al cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos por el artículo 55 de la Constitución Nacional.
