«El que no cumple, se va». Con ese lema, el gobernador Alberto Weretilneck presentó el balance de los controles aplicados a los trabajadores estatales. Un mensaje que sintoniza con los tiempos actuales y que llevó a algunos a trazar paralelismos con el discurso que pregona el Gobierno nacional.
La provincia informó que, desde el comienzo del tercer mandato de Weretilneck, se aplicaron más de 400 sanciones y se despidió a unos 74 agentes por incumplimientos en sus funciones. En esta nota de Literal repasamos algunos detalles de un anuncio que parece captar la atención de quienes reclaman un Estado «más eficiente».
Un mensaje en sintonía con la época
«No vamos a pagar sueldos a quienes le faltan el respeto al Estado y a los contribuyentes», expresó el mandatario a través de sus redes sociales.
El gobernador detalló que, actualmente, toda la estructura gubernamental —a través de la Secretaría de la Función Pública— se encuentra abocada a «limpiar el Estado para que funcione como debe: al servicio de los rionegrinos«.
El mensaje elegido no parece casual. Apela a principios como la eficiencia, la agilidad, la transparencia y la calidad, demandas que forman parte del nuevo clima de época que atraviesa la Argentina. “Acá no hay privilegios, ni acomodos, ni protección para el que no hace nada”, afirmó Weretilneck.
Los números que maneja Provincia
Según informó el Gobierno, hubo una intensificación de los controles sobre los agentes estatales. En ese sentido, se comunicó que, por diversos incumplimientos laborales, se aplicaron 428 sanciones desde febrero de 2024. De acuerdo a datos suministrados a Literal, se trató en concreto de:
- 74 cesantías
- 4 exoneraciones
- 350 suspensiones (de entre 1 y 30 días, sin goce de haberes)
- 144 sumarios iniciados
- 71 suspensiones preventivas (aplicadas cuando se considera que favorecen el esclarecimiento de los hechos)
- 21 apercibimientos
- 37 sumarios cerrados con el sobreseimiento de los agentes involucrados
En la comunicación oficial se destacó que estas medidas forman parte de “una política activa que busca ordenar la administración pública, cuidar los recursos del Estado y respaldar a quienes trabajan con compromiso todos los días”.
“La aplicación de sanciones es necesaria para ordenar la gestión, cuidar los recursos públicos y respaldar a los miles de trabajadores y trabajadoras que cumplen con responsabilidad su tarea cada día. Un Estado eficiente también se construye reconociendo a quienes sostienen el funcionamiento de los servicios y actuando con firmeza ante quienes incumplen”, sostuvo la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.
La funcionaria encabeza, desde mediados del año pasado, el mandato por optimizar a la Administración Pública. Un primer indicio de ello fue la polémica que se generó por la tercerización de las auditorías, que pasó a estar a cargo de empresa Dienst Consulting S.A. Un informe presentado en mayo a la Legislatura mostró que esta acción generó un ahorro para las finanzas provinciales de casi 10 mil millones de pesos entre septiembre y abril.
¿Cuáles son las faltas más comunes de los estatales?
Según datos suministrados a este medio, las irregularidades más frecuentes estuvieron relacionadas con inasistencias, llegadas tarde reiteradas y conflictos entre compañeros de trabajo. Este tipo de infracciones generalmente son sancionadas con suspensiones sin goce de haberes.
En los casos más graves, que derivan en cesantías o exoneraciones, se registraron situaciones de abandono de servicio y la aplicación de condenas por causas penales.
El marco legal
Las sanciones laborales se encuentran amparadas en la Ley Nº 3487, que regula el Estatuto General y Básico del Personal de la Administración Pública.
¿Cómo es el procedimiento? Cuando se detecta una posible falta, se inicia un sumario administrativo a cargo de instructores especializados, quienes investigan los hechos, reúnen pruebas y elaboran un informe que presenta el caso ante la Junta de Disciplina. Este organismo, integrado por representantes del Ejecutivo y de los gremios, es el encargado de tomar una decisión. En el proceso se evalúa la gravedad de los hechos, los antecedentes y los perjuicios ocasionados al Estado.
De acuerdo con los artículos 66 a 70 de la normativa provincial, ningún agente puede ser sancionado más de una vez por la misma causa, y en todos los casos se garantiza el derecho al debido proceso.
Además, el empleado puede ser suspendido en sus funciones o reubicado transitoriamente con carácter preventivo y por un período que no exceda el plazo establecido para dictar una resolución definitiva. Esta medida puede aplicarse cuando su alejamiento resulte conveniente para el esclarecimiento de los hechos investigados, o bien cuando su permanencia en el puesto sea incompatible con el estado de las actuaciones.
Las penalidades
La ley establece distintos tipos de sanciones:
- El apercibimiento: es una advertencia formal y se aplica ante faltas leves como inasistencias injustificadas o incumplimiento de horarios. Las suspensiones pueden alcanzar hasta 30 días sin goce de haberes, y se aplican en casos de negligencia, inasistencias, inconducta o faltas reiteradas.
- La cesantía: implica la desvinculación del agente con posibilidad de reingreso tras cinco años, y se aplica cuando hay acumulación de sanciones, abandono de servicios o hechos de mayor gravedad. Un ejemplo de ello son las ausencias injustificadas que superan los 30 días. También se aplica en casos donde existe una condena firme por delitos comunes de carácter doloso.
- La exoneración: es la sanción más grave y supone la desvinculación permanente de la administración pública. Se aplica ante delitos dolosos o contra la administración nacional, provincial o municipal. Para su aplicación debe haber una condena firme.
