El gobierno de Río Negro promulgó este lunes la Ley N° 5804, conocida como Ley 80/20, que establece la obligatoriedad de contratar mano de obra local en los proyectos considerados estratégicos. La publicación de esta normativa se dio en un contexto de tensión entre sectores de trabajadores y la conducción de la Uocra, el principal sindicato beneficiado por el régimen de contratación en el oleoducto Vaca Muerta Sur. Cerca de 120 trabajadores de Roca denunciaron que no se estaría cumpliendo con lo dispuesto en el marco legal.
¿Cuál fue la respuesta del gobernador Alberto Weretilneck respecto a esta acusación?
El poder de Uocra
La semana pasada se registraron momentos de tensión en los accesos a la sede del gremio de la construcción en Roca. Un grupo de desocupados reclamó ser contratados en la obra que desarrolla actualmente la empresa VMOS S.A. en Río Negro.
«Ojalá algún día podamos tener respuestas de parte de la intervención», expresó Manuel Guerrero, referente de los manifestantes, en diálogo con Mañana de Noticias.
Según Guerrero, existen irregularidades en el manejo de la bolsa de trabajo vinculada al oleoducto. En ese sentido, denunció que no se estaría cumpliendo con el cupo del 80% de mano de obra local. En Roca solo se habrían tomado a 20 trabajadores para la obra y, recientemente, apenas abrieron cupo para contratar a otros tres.
“La Ley 80/20 no la están cumpliendo en Roca. ¿Cuál es el motivo de que la ciudad no tenga su cupo de trabajo? Acá se tomaron apenas 20 personas”, insistió.
El dirigente también apuntó contra la actual conducción del gremio, que se encuentra intervenida desde hace meses, y acusó a la Uocra de manejar de manera fraudulenta la contratación.
“Se firmó un contrato entre el gobernador, las empresas y la Secretaría de Trabajo. Pero hoy en día el cupo lo maneja Uocra. Si uno no entra por el gremio, no consigue trabajo. Ya lo hablamos con un gerente de AESA: nosotros enviamos el CV, ellos lo mandan a Recursos Humanos y de ahí pasa a Uocra. Si el gremio da el ‘ok’, se contrata”, relató sobre una supuesta conversación con directivos de la empresa encargada de la construcción de la estación de bombeo de Allen.
Y agregó: “Manejar el cupo significa que tenés que militar para ellos. Si te dan un trabajo, con el tiempo te piden cierta cantidad de dinero. Es muy triste lo que pasa en el gremio de la construcción”.
La situación fue negada por el actual interventor de la filial Alto Valle, Jonathan Romero. “Nosotros siempre conseguimos que la gente sea de acá. Los números están y se pueden ver. Hay un mensaje de algunos que quieren aprovecharse para beneficiarse”, señaló en diálogo con AM La Carretera.
Qué pasa con la ley
Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck también desmintió un incumplimiento de la flamante normativa, aprobada el pasado 21 de agosto. Remarcó que lo ocurrido en Roca responde a un conflicto interno.
“Es un tema que tiene que ver con una situación interna. Ustedes saben que la UOCRA del Alto Valle está intervenida. En esa intervención hubo desencuentros en la cobertura de los liderazgos locales y tiene que ver sencillamente con eso, pero no con un problema de empleo a nivel general de la provincia”, expresó ante la consulta de Literal.
A modo de ejemplo, agregó datos sobre el grado de ejecución de la normativa. En la obra de la cabecera del ducto en Sierra Grande, el porcentaje de empleo rionegrino alcanza actualmente el 93%, mientras que en todo el ducto llega al 79%. Señaló que hoy hay más de 2.500 trabajadores locales empleados en distintas etapas de obra.
—P: Con estos niveles de contratación, ¿era necesaria una ley?
—R: Sí, es una ley porque son todas obras nuevas, que nunca se habían hecho en la provincia de Río Negro, y que responden a lo que la provincia exige para que pasen el petróleo y el gas por su territorio y para que se use nuestro mar.
El periodo de adecuación para las empresas
La Ley 80/20 reemplazó de manera integral a la Ley J 2904, sancionada en 1985.
Según su redacción, al menos el 80% de la mano de obra contratada en obras públicas o privadas de interés público con apoyo estatal deberá estar integrada por residentes rionegrinos con una antigüedad mínima de dos años en la provincia. Además, incorpora un criterio territorial: establece que se priorice la contratación de personal que viva dentro de un radio de 20 kilómetros de la obra.
El proyecto no solo fija prioridades de contratación, sino que también dispone que al menos el 20% del personal contratado pertenezca a géneros distintos al masculino.
La secretaria de Trabajo de Río Negro, María Martha Avilés, informó tras la sanción de la normativa que las compañías tendrán 60 días para adecuarse. “La ley se sancionó ayer (21/8) y ya empieza a regir. En paralelo vamos a trabajar en el decreto reglamentario para precisar los conceptos que no van en la norma, sino en la reglamentación”, señaló.
Finalmente, subrayó el objetivo político de la medida: “No queremos que los rionegrinos vean pasar un caño sin tener la posibilidad de acceder a un trabajo digno. Esta ley obliga a las empresas a contratar a nuestra gente y garantiza que los beneficios de Vaca Muerta lleguen a las familias rionegrinas”.
