La diputada nacional Lorena Villaverde no sólo enfrenta problemas políticos en el Congreso. El cierre de año también la expone ante causas judiciales, por su actividad dentro del ámbito privado. Y un reciente fallo del fuero civil de Bariloche conecta esos dos mundos, porque ordena a la Secretaría General de la Cámara de Diputados retener parte de las remuneraciones asignadas a la dirigente de La Libertad Avanza, hasta cubrir la suma de 40,5 millones de pesos, en concepto de embargo preventivo.
El origen de la denuncia contra Villaverde
La resolución, a la que accedió Literal este jueves, se firmó el martes por parte del juez Santiago Morán, titular de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de la Tercera Circunscripción, a partir de la demanda presentada por un hombre, que años atrás compró un inmueble en el loteo “Tajamar” de Las Grutas, administrado por Villaverde.
Según consta en el fallo, esa persona “solicitó el embargo preventivo de los haberes que María Lorena Villaverde percibe en la Cámara de Diputados en virtud de su cargo de diputada nacional” y “fundó la verosimilitud de su derecho con el boleto de compraventa del inmueble que identifica sito en «Tajamar» Las Grutas provincia de Río Negro con firmas certificadas, cartas documento y formulario de mediación en virtud de la falta de entrega del terreno adquirido en su oportunidad”.
Del expediente judicial surge también que “el objeto de la causa principal sería por daños y perjuicios por incumplimiento contractual y cobro de canon locativo derivado de dicha falta de entrega”.
Capital e intereses
Luego de analizar el pedido del embargo preventivo, la documentación y los testimonios aportados por el demandante, el magistrado barilochense hizo lugar a la medida cautelar solicitada y en consecuencia, dispuso que se trabe embargo preventivo sobre las remuneraciones laborales de la diputada hasta cubrir la suma de $ 27.000.000 en concepto de capital, más la suma de $13.500.000 que provisionalmente se estima en concepto de intereses y costas.
Las sumas afectadas incluyen las cuotas del sueldo anual complementario (excluidas las cargas familiares) que perciba Villaverde “con la condición de que no haya un embargo previo sobre tales conceptos y de conformidad con las pautas establecidas en el decreto 484/87”.
Oficio a la Secretaría General de Diputados
Para el cumplimiento de la medida, que todavía puede impugnarse por parte de la diputada, el juez ordenó que se libre oficio digital a la Secretaría General de la Honorable Cámara de Diputados con las siguientes advertencias:
1º) que la medida deberá mantenerse hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados;
2º) que las sumas retenidas y embargadas deberán depositarse dentro del primer día hábil en el Banco Patagonia, en una cuenta judicial perteneciente a estos autos y a la orden de este Juzgado;
3º) que la medida deberá cumplirse bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 370 del CPCC y de fijar astreintes diarias no progresivas de $5.000 a favor de la parte peticionaria en caso de incumplimiento efectivo.
Otra denuncia contra Villaverde
Hay que mencionar que esta causa judicial no es la primera que enfrenta la presidenta de La Libertad Avanza dentro del Poder Judicial de Río Negro, por su desempeño en el ámbito privado, específicamente en el rubro inmobiliario.
Además otras denuncias presentadas meses atrás en los tribunales de la zona atlántica, esta semana se conoció sobre otra acción judicial por la supuesta venta de lotes sin escriturar.
Según publicó esta semana el sitio La Tecla, el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste, a cargo de la jueza Vanesa Kozaczuk, recibió una nueva demanda por “daños y perjuicios” contra la diputada nacional, en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240.
Millonario pedido de indemnización
La presentación judicial reclama una indemnización superior a los 31 millones de pesos y solicita el dictado de un nuevo embargo preventivo ante el incumplimiento de un contrato de compraventa de un terreno en Las Grutas.
La acción se presentó a través del Estudio Jurídico Santos-Arizcuren, de Viedma, y está vinculada a un contrato firmado el 23 de septiembre de 2020 para la adquisición de un lote del fraccionamiento denominado “Tajamar”, con una superficie de 465,80 metros cuadrados. Según consta en la demanda, el precio pactado fue de 1.650.000 pesos, abonado mediante un anticipo y el financiamiento del saldo en 120 cuotas mensuales.
De acuerdo al escrito judicial, el comprador cumplió de manera sostenida con sus obligaciones contractuales y llegó a abonar un total de 3.269.800 pesos, tal como surge de los comprobantes acompañados en el expediente. Sin embargo, la parte vendedora no habría cumplido con ninguno de los compromisos asumidos en el contrato.
