Las clínicas y sanatorios privados de todo el país suspenderán durante 48 horas la atención programada de afiliados al PAMI. La medida, prevista para el miércoles 21 y el jueves 22 de octubre, responde al deterioro de los aranceles que la obra social paga a los prestadores, las condiciones de contratación y las dificultades para sostener la atención de los jubilados.
Pedido de audiencia a Santilli
La decisión es impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), Salud Federal, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y la agrupación Clínicas de la Patagonia.
Según informaron las entidades, la medida se resolvió después de varios meses de negociaciones con las autoridades de la obra social, sin avances que permitieran revertir la situación. Además, solicitaron una audiencia con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, para llevar la discusión al ámbito central del Gobierno nacional, pero el pedido no obtuvo respuesta.
En el planteo dirigido al funcionario, las organizaciones advirtieron sobre el deterioro de los servicios médicos destinados a los jubilados. Sostuvieron que las condiciones de los contratos de PAMI restringen la atención y generan problemas operativos para los afiliados, a lo que se suman los atrasos en los aranceles, que —según señalaron— acumulan un desfasaje de entre el 100% y el 131% frente a la inflación en los últimos dos años.
Las entidades también alertaron sobre las dificultades económicas y financieras que comprometen la sustentabilidad de los prestadores privados de salud. En ese sentido, reclamaron avanzar en una reforma tributaria para el sector.
Los reclamos a PAMI
Entre los principales reclamos, las organizaciones enumeraron:
- Un modelo de atención adecuado para los jubilados, que contemple las necesidades y la complejidad de esta población y asegure la continuidad de las prestaciones.
- La actualización de los aranceles, con valores acordes a la evolución de los costos para sostener una atención médica segura y de calidad.
- La regularización de los pagos, para evitar el desfinanciamiento de los prestadores.
- El fortalecimiento de las contrataciones con el sector privado, sin sobrecargar a los hospitales públicos con asignaciones de cápitas que, según advirtieron, saturan aún más el sistema.
Un conflicto que lleva dos años
Las entidades advirtieron que las prestaciones para casi seis millones de afiliados al PAMI ya se encuentran restringidas por las condiciones del modelo de atención de la obra social. Según señalaron, en los últimos meses comenzaron a derivarse contratos a hospitales públicos, lo que redujo la cantidad de pacientes asignados a las clínicas privadas y trasladó parte de la demanda a establecimientos que, afirmaron, ya están colapsados.
En ese contexto, se registraron medidas de fuerza regionales, como la que llevaron adelante las clínicas y sanatorios de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa a fines de agosto. En esa oportunidad, los establecimientos suspendieron la atención programada, una medida que afectó a casi 300.000 jubilados y pensionados. La interrupción alcanzó las consultas, las prácticas ambulatorias y las cirugías programadas, pero se mantuvieron las guardias y la atención de emergencias.
Durante esa misma semana, más de un centenar de sanatorios del conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza también suspendieron durante 48 horas los servicios programados.
Los prestadores advirtieron que el conflicto no solo compromete la atención de los afiliados, sino que también pone en riesgo la actividad económica y los puestos de trabajo del sector. Según datos difundidos por las entidades, el sistema privado representa aproximadamente el 51% de los establecimientos de salud con internación del país —más de 1.600 instituciones— y concentra el 56% de las camas disponibles, con más de 120.000.
Por ese motivo, reclamaron una respuesta urgente para garantizar la continuidad y la calidad de la atención del conjunto de la población.
