La airada reacción del gobierno provincial y de los intendentes oficialistas ante las empresas que llevan adelante el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, exigiendo que el 80% de los empleados para la construcción del oleoducto sean rionegrinos, tiene un fuerte peso político. Sin embargo, no debe soslayarse el aspecto jurídico de este escenario, donde la postura de las autoridades cuenta con escaso sustento.
Imponer a una empresa que contrate trabajadores radicados al menos hace dos años en una provincia es inconstitucional. Y no se trata de un debate reciente en la Argentina, porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expidió en 2010 sobre el tema. Fue en un conflicto que se desató en Santa Cruz, donde el Ejecutivo provincial intentó limitar a una firma -Argenova SA- a que su plantel de personal no tenga más que el 20% de foráneos.
Ante una acción declarativa de certeza, el máximo tribunal dijo que ese tipo de conductas o de normativas son inadmisibles, porque “la circunstancia de que los trabajadores sean migrantes o bien residentes en una determinada provincia no puede constituirse en un factor limitante de su admisibilidad en el empleo del que se trata sin conculcar los principios contemplados en los artículos 16, 75 incisos 13, 18 y 19; 28 y 31 de la Constitución nacional”.
El antecedente de la propia Legislatura
Pero tampoco hay que ir muy lejos o muy alto en las escalas del Estado para encontrar elementos que dejen clara la debilidad jurídica de los argumentos actuales del oficialismo rionegrino.
La propia Legislatura provincial, en sus últimas leyes sancionadas para prorrogar contratos de concesiones hidrocarburíferas, modificó la redacción de los acuerdos iniciales, sellados en 2012, quitando precisamente la exigencia del 80% de mano de obra local para los proyectos desarrollados por esas compañías.
En concreto, la Ley 4.818, sancionada en diciembre del 2012, fijó en su artículo 2 que “las empresas concesionarias, así como sus contratistas y subcontratistas, deberán asumir el compromiso de contratar trabajadores radicados en la jurisdicción de la Provincia de Río Negro con una antigüedad de dos (2) años al 31/12/2012, en un porcentaje no inferior al 80%, salvo justa causa debidamente acreditada ante la Autoridad de Aplicación. Las ciudades más cercanas al área de explotación tendrán prioridad en la ocupación de puestos de trabajo”.
Doce años más tarde, con la doctrina de la Corte ya asentada, en julio del año pasado el parlamento rionegrino aprobó la Ley 5.733, que en su artículo 6 aborda el mismo tema y plantea que “las empresas concesionarias, así como sus contratistas y subcontratistas, deben dar prioridad a las firmas proveedoras de bienes y servicios radicadas en la Provincia de Río Negro, con modalidades contractuales de mediano y largo plazo, cuando el servicio o trabajo contratado o subcontratado tenga permanencia en el tiempo, salvo justa causa debidamente acreditada ante la autoridad de aplicación. Las ciudades de mayor proximidad al área de explotación tienen prioridad en la ocupación de puestos de trabajo”.
Sutiles pero importantes diferencias.
La protesta de Uocra
De manera que al conflicto desatado alrededor del campamento base del oleoducto, donde la Uocra se apostó durante varios días, hay que entenderlo desde su alto componente político, atado de manera indivisible al pedido del gobierno provincial de cobrar el 1% de las regalías por la exportación de crudo.
La única solución posible entonces debía provenir de una mirada política, vinculada principalmente al interés de las empresas, tanto YPF como líder del proyecto global, como Techint y Sacde como operadoras de la construcción del oleoducto, por sostener sus decisiones iniciales o neutralizar rápido el conflicto.
Y eso fue lo que ocurrió, cuando a mitad de semana se anunció la incorporación de 30 trabajadores rionegrinos de inmediato y la pronta contratación de más obreros locales, poniendo paños fríos sobre el escenario.
Desde el punto de vista legal, el escenario siempre fue favorable al camino inicial que había tomado el sector privado. Pero la política puso bajo tensión esos antecedentes y usando todas sus herramientas a mano, logró inclinar la balanza.
