La situación del Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), atravesada por reclamos de irregularidades en la prestación y cobertura de servicios, abrió un nuevo frente de debate en la Legislatura de Río Negro. En ese contexto, surgió una propuesta que apunta a reformar de manera sustancial el sistema: habilitar la libre elección de la obra social para los trabajadores estatales.
Qué dice el proyecto
La iniciativa, ingresada a finales de febrero, fue impulsada por las legisladoras Martina Lacour (PRO) y Yolanda Mansilla (Primero Río Negro), y consiste en una modificación de la Ley K N° 2753, que regula el funcionamiento del organismo .
El proyecto plantea permitir que los trabajadores estatales puedan elegir libremente su cobertura de salud y dejar atrás el esquema actual, en el que la derivación de aportes al Ipross es obligatoria. Las autoras afirman que de esta manera se busca fomentar la competencia entre obras sociales sindicales, entidades públicas y empresas de medicina prepaga. Para Lacour y Mansilla, esto permitiría mejorar la calidad de las prestaciones y ampliar la oferta de servicios.
Las diferencias de aportes
En términos concretos, el proyecto mantiene la estructura de financiamiento vigente (4% de aporte para trabajadores activos y 5,5% para pasivos, junto con una contribución estatal del 7%), pero introduce un cambio clave al habilita a los afiliados a derivar esos fondos hacia otras prestadoras. Esto implicaría que no solo los aportes personales, sino también las contribuciones del Estado, podrían dejar de financiar directamente al Ipross, afectando su esquema actual de sostenimiento.
A su vez, en caso de que trabajadores del sector privado decidan sumarse a la obra social provincial, habría una diferencia importante a saldar. El trabajador privado aporta el 3% de su salario bruto para la cobertura de salud y el empleador contribuye con otro 6%, lo que totaliza un 9% de la remuneración. En el caso de los estatales rionegrinos, el financiamiento combina un aporte menor del trabajador pero una participación más alta del Estado, lo que refuerza el carácter solidario del sistema y explica, en parte, las advertencias sobre el impacto que podría tener una eventual migración de esos fondos hacia otras coberturas.
Al respecto, la propuesta legislativa establece que, en caso de incorporar afiliados de otros sectores no estatales, el Instituto deberá garantizar que esos aportes cubran la totalidad de las prestaciones, prohibiendo compensar déficits con fondos del sector público. En su reemplazo, se delega a la Junta de Administración la facultad de determinar el monto de los ingresos de esos afiliados. El objetivo, según se plantea, es evitar desequilibrios financieros dentro del esquema.
La postura del Ipross
Frente a este escenario, desde la obra social marcaron cautela y pusieron el foco en la sustentabilidad del sistema. Ante la consulta de Literal, el organismo remarcó que cualquier modificación “requiere un análisis profundo de su impacto financiero”.
Actualmente, el financiamiento del Instituto se rige por los parámetros establecidos en la ley vigente: un aporte del 4% por parte de los trabajadores estatales y una contribución del 7% a cargo del Estado provincial o municipal. Según datos oficiales, el aporte promedio mensual por trabajador —al cierre de febrero— rondaba los $72.258, en línea con salarios brutos cercanos a $1.800.000.
Durante 2025, estos ingresos provenientes de aportes personales representaron en total unos $61.370 millones. En tanto, se percibieron otros $102.931 millones en concepto de contribuciones estatales.
Si se comparan estos números con el Presupuesto 2026, los recursos recibidos durante el año pasado apenas cubren poco más del 62% de las erogaciones previstas para este ejercicio, las cuales rondarán en unos $260 mil millones.
Con este desfasaje ya evidente, desde el Ipross defendieron el carácter “solidario” del sistema, basado en un fondo común que permite financiar prestaciones médicas, medicamentos e intervenciones de alta complejidad para la totalidad de los afiliados.
Por ese motivo, ante este cuidadoso mantenimiento financiero de la prestadora de salud, advirtieron que “cualquier cambio debe evaluarse cuidadosamente, ya que el esquema actual está diseñado para garantizar el acceso a la salud de todos los trabajadores estatales y sus familias”.
La respuesta a las críticas
El proyecto del PRO y Primero Río Negro se sustenta en un fuerte cuestionamiento a la situación actual de la prestación de salud del Ipross, lo que deriva en gran parte de los casos a que los usuarios no puedan acceder al derecho a la salud o deban abonar sumas de manera particular.
En referencia a ello, desde el organismo provincial aseguraron que llevan adelante medidas para fortalecer la gestión y mejorar los tiempos de respuesta en prestaciones. En ese sentido, volvieron a colocar de ejemplo las licitaciones conjuntas con el Ministerio de Salud para optimizar la compra de medicamentos e insumos y la digitalización de trámites a través de herramientas tecnológicas.
En cuanto a la cobertura en medicamentos, precisaron que se trabaja en conjunto con los prestadores para ampliar y mejorarlas. Respecto a ello, mencionaron a la actualización del esquema que, desde mayo de 2025, “alcanza hasta un 70% de cobertura en tratamientos crónicos y hasta un 50% en medicamentos ambulatorios”.
“Asimismo, se están consolidando herramientas de gestión que permiten mejorar la transparencia, homogeneizar criterios y optimizar el control del gasto prestacional, junto con el fortalecimiento de los procesos de auditoría y la red de prestadores en toda la provincia, garantizando el acceso a prácticas de mediana y alta complejidad”, agregaron al respecto.
En materia de prevención, desde el instituto comentaron el impulso de campañas y programas orientados a patologías prevalentes como diabetes, hipertensión y enfermedades oncológicas.
En ese contexto, insistieron en que el desafío no solo pasa por ampliar opciones, sino por garantizar la sostenibilidad de un sistema que hoy cubre a más de 165 mil personas.
