Después de confirmarse que el Gobierno de Javier Milei avanzará con el traspaso de la administración de rutas nacionales hacia diferentes provincias, este jueves trascendieron los primeros detalles sobre el decreto que prepara la Casa Rosada para instrumentar la medida.
A partir de fuentes oficiales, Literal accedió al proyecto que elaboraron funcionarios del Ministerio de Economía, para la firma del primer mandatario en las próximas horas.
Ese documento define que la delegación de funciones será de carácter “funcional, limitada, temporal y revocable”, lo que implica que el Estado nacional no cede la propiedad ni la jurisdicción sobre los corredores viales, sino que habilita a las provincias a ejercer determinadas competencias operativas. Weretilneck sumó precisiones ayer sobre ese aspecto, hablando de un plazo inicial de 20 años.
En ese marco, las jurisdicciones podrán intervenir en la administración, el mantenimiento, la reparación o la ampliación de tramos de rutas nacionales, e incluso avanzar en su concesión a través del régimen de obra pública por peaje.
Las provincias incluidas
El texto menciona expresamente a nueve provincias que ya manifestaron interés en avanzar con este esquema: Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz.
Al mismo tiempo, se deja abierta la posibilidad de que otras jurisdicciones se sumen más adelante, a partir de solicitudes formales que deberán ser evaluadas por el Gobierno nacional bajo los mismos criterios.
Convenios obligatorios y definición de los tramos
Uno de los puntos centrales del borrador es que la delegación no será automática ni general, sino que deberá instrumentarse caso por caso a través de convenios entre cada provincia y la Dirección Nacional de Vialidad.
En esos acuerdos se deberán precisar los tramos de rutas que cada jurisdicción pretende administrar, junto con los plazos de la delegación, que podrán extenderse hasta un máximo de 30 años, y el esquema de control y auditoría que seguirá a cargo del Estado nacional.
Además, las provincias deberán presentar un plan detallado que incluya las obras previstas, el cronograma de ejecución, las fuentes de financiamiento y las condiciones económicas de la eventual concesión, incluyendo el nivel de peajes proyectado.
Evaluación técnica y control previo de Nación
El proyecto establece que ninguna provincia podrá avanzar directamente con licitaciones o concesiones sin la intervención previa del Estado nacional.
Sería la Dirección Nacional de Vialidad la encargada de evaluar la viabilidad técnica y económica de cada propuesta, verificando no solo su consistencia interna sino también su impacto sobre el sistema vial en su conjunto.
En esa instancia, Nación analizará si los proyectos provinciales pueden afectar otros desarrollos de infraestructura o comprometer la integridad del sistema troncal, lo que en los hechos le otorga un rol decisivo en la aprobación o rechazo de cada iniciativa.
Licitaciones, concesiones y responsabilidades
Una vez aprobado el convenio, las provincias quedarán habilitadas para llevar adelante los procesos de licitación, adjudicar contratos y suscribir concesiones con empresas privadas o entes públicos.
El esquema previsto apunta a que las obras y el mantenimiento se financien principalmente a través del cobro de peajes, bajo criterios de equilibrio económico-financiero y razonabilidad tarifaria.
En ese marco, las jurisdicciones deberán asumir también la responsabilidad por eventuales reclamos o daños derivados de la ejecución de los contratos, manteniendo indemne al Estado nacional frente a posibles litigios.
Supervisión permanente y posibilidad de reversión
A pesar de la delegación, el proyecto deja en claro que el Estado nacional mantendrá un control permanente sobre todo el sistema.
La Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión y auditoría de los contratos, mientras que la Secretaría de Transporte deberá aprobar los convenios antes de su entrada en vigencia.
Además, el decreto contempla la posibilidad de que Nación reasuma la gestión de los tramos cuando existan razones de interés público, lo que refuerza el carácter revocable del esquema.
Plazos estrictos y límites en el uso de los fondos
El borrador también fija plazos concretos para la implementación. Una vez aprobado el convenio, las provincias deberán convocar a licitación en un plazo máximo de un año. Si no lo hacen, la delegación quedará sin efecto.
A su vez, establece que los fondos obtenidos por la explotación de los tramos concesionados no podrán ser destinados a otras obras, lo que obliga a que cada corredor se sostenga con su propio esquema de financiamiento.
La mirada puesta en las rutas nacionales 22 y 151
En Río Negro y Neuquén, el contenido del proyecto adquiere especial relevancia por la situación de las rutas nacionales 22 y 151, dos corredores clave para la conectividad regional y la actividad hidrocarburífera.
El nuevo esquema abre la posibilidad de que ambas provincias definan proyectos específicos para estos tramos, aunque bajo un esquema en el que cada paso —desde la planificación hasta la concesión— deberá contar con la validación técnica y política del Gobierno nacional.
