La Legislatura de Río Negro aprobó en primera vuelta un proyecto de ley que autoriza y regula el uso de armas “menos letales” por parte de la Policía provincial. La iniciativa, impulsada por la legisladora Yolanda Mansilla, del bloque Primero Río Negro, obtuvo 29 votos a favor y 8 en contra durante la sesión del jueves pasado.
El texto deberá atravesar ahora la segunda vuelta legislativa para convertirse en ley. Mansilla dijo este lunes, en diálogo con Mañana de Noticias, por Literal Radio, que espera que el tratamiento definitivo pueda concretarse en la próxima sesión ordinaria, durante mayo.
La propuesta apunta a incorporar herramientas intermedias para la intervención policial, en situaciones en las que el uso del arma de fuego resulte desproporcionado. Actualmente, el personal que presta servicio en la vía pública cuenta habitualmente con pistolas calibre 9 milímetros como arma reglamentaria.
Qué dispositivos se incorporarían
El proyecto define como armas menos letales a aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona, reduciendo la probabilidad de causar lesiones graves o la muerte.
Entre los dispositivos incluidos aparecen las pistolas tipo Taser o Axon, aerosoles irritantes —como el gas pimienta—, proyectiles de impacto controlado —como balas de goma o polímeros especiales—, granadas aturdidoras acústicas o luminosas y lanzadores de agentes irritantes para control de multitudes.
Mansilla explicó que la intención es darle a la Policía “herramientas intermedias” frente a situaciones que no deberían resolverse con un arma letal. Mencionó, entre otros casos, intervenciones ante personas con riesgo de autolesión, procedimientos para reducir a alguien sin poner en riesgo a terceros o episodios de violencia en los que la pistola reglamentaria pueda agravar el peligro.
Capacitación, registro y control
La iniciativa establece que solo podrán utilizar estos dispositivos los efectivos que reciban capacitación específica y aprueben los protocolos técnicos y operativos correspondientes.
Además, la Policía deberá llevar un registro del personal habilitado, con datos sobre instructores, fechas de certificación y entrenamiento. También está previsto que cada procedimiento en el que se utilicen armas menos letales se registre con audio y video, para permitir controles posteriores en sede administrativa o judicial.
Mansilla remarcó ese punto como una condición central del sistema. Según indicó, la filmación y el registro de sonido permitirán revisar si el procedimiento se ajustó al protocolo o si hubo excesos.
La duda sobre quiénes podrán usarlas
Uno de los puntos que quedó abierto tras el debate legislativo es qué sectores de la Policía quedarán habilitados para utilizar este equipamiento.
Mansilla reconoció que la mirada inicial del ministro de Seguridad, Daniel Jara, es restringir su uso a grupos especiales, como el COER o la Brigada Motorizada. Esa definición será parte de la reglamentación que deberá elaborar el Ministerio si la ley recibe sanción definitiva.
Sin embargo, esa orientación abre una tensión con uno de los argumentos que acompañó el proyecto: la necesidad de reducir riesgos en el uso cotidiano de armas de fuego. La legisladora recordó que un suboficial puede egresar con apenas nueve meses de formación y salir a la calle con una pistola 9 milímetros, mientras que la formación de oficiales demanda dos años.
“Yo prefiero que salgan con un arma no letal”, planteó Mansilla durante la entrevista, aunque aclaró que, por ahora, la idea del Ejecutivo es concentrar el uso en grupos con preparación especial y para hechos puntuales.
Manifestaciones y límites del uso
Durante el tratamiento legislativo también surgieron cuestionamientos por la posible utilización de estos dispositivos en manifestaciones públicas.
Mansilla sostuvo que la aplicación deberá estar regulada por protocolos y que no tendría sentido intervenir con este tipo de herramientas ante una expresión pacífica. Según explicó, su uso quedaría vinculado a situaciones de violencia, daño o riesgo concreto.
Desde el bloque Vamos con Todos se plantearon objeciones al proyecto. La legisladora Ayelén Spósito advirtió sobre riesgos sanitarios y eventuales usos represivos, especialmente en contextos de protesta o frente a personas con padecimientos de salud mental. José Luis Berros también propuso modificaciones, entre ellas prohibir su uso en manifestaciones y limitarlo frente a determinados grupos.
Próximo paso: segunda vuelta
La aprobación en primera vuelta dejó abierto el debate. Mansilla anticipó que revisará las observaciones planteadas por otros bloques antes de la segunda instancia parlamentaria, con la expectativa de ampliar los acompañamientos.
“Tenemos que construir una política de Estado que trascienda los gobiernos, con una policía capacitada, profesional y con herramientas acordes a los desafíos actuales”, concluyó.
Escuchá la entrevista completa con la legisladora Yolanda Mansilla en Mañana de Noticias
