Una gestión que destina más de 35 millones de pesos para un viaje relámpago del gobernador a la Fiesta del Poncho en Catamarca no debería tener mayores dificultades para encontrar la manera de incrementar subsidios y lograr que el precio del boleto de colectivos represente una carga menor para los trabajadores rionegrinos.
Ese vuelo privado que obligó esta semana a dar incómodas explicaciones al propio mandatario en Bariloche tuvo un costo equivalente al 10% de la cifra que cada mes destina el Estado provincial para que los pasajes de los nueve servicios interurbanos no sean más caros.
El boleto y los subsidios actuales
Fuentes oficiales explicaron el viernes, ante una consulta de Literal, que los 360 millones de pesos mensuales que dispuso el Ejecutivo durante el primer semestre de este año permitieron reducir el valor de cada pase “como mínimo en un 50%”.
En términos prácticos: sin subsidio provincial, viajar desde Roca hasta Cipolletti en una unidad de la empresa KoKo costaría algo más de 6.700 pesos, lejos de los 4.511 pesos actuales.
Es decir que, con el equivalente a seis vuelos privados a Catamarca, la Provincia podría considerar el proyecto de ley que presentó en público esta semana la CGT, para crear el “Boleto Obrero Rionegrino”.
La central sindical lanzó esa propuesta -centrada en que el Estado absorba el 50% del costo total de los pasajes de colectivos- bajo una serie de convicciones asociadas a la carga que representa el transporte para el bolsillo de los trabajadores.

“Garantizar el traslado de los trabajadores debe ser considerado una inversión social vinculada al funcionamiento del sistema productivo y no una responsabilidad exclusivamente individual”, sostuvieron los dirigentes que explicaron la propuesta el miércoles, en Roca.
Un argumento interesante para el debate. Pero no el único, porque hay otros ángulos desde los cuales puede mirarse el escenario del transporte público y los subsidios.
Motos por todos lados
Según estadísticas oficiales, en Río Negro se patentaron 85.570 motos desde enero del 2014 a junio del 2026, con una evolución de 10.778 unidades durante los últimos 12 meses.
Para medir la incidencia, alcanza con decir que en el último año los automóviles radicados en la provincia fueron 6.286.
De la misma forma que en el resto del país, ese incremento notable en la cantidad de pequeños vehículos en las calles y rutas se explica a partir de la inexistencia de sistemas de transporte eficientes y con costos compatibles con la capacidad económica de un trabajador con salario promedio.
La incidencia de los siniestros
Pero lo que no aparece tan nítido en las estadísticas oficiales es la cantidad de siniestros viales que protagonizan esas motos y cuánto dinero tiene que poner el mismo Estado para atender en sus hospitales a los heridos en esos choques, o cuándo dinero público se destina en pensiones para aquellos que luego de esos incidentes quedaron con secuelas e incapacidades permanentes.
Un estudio preciso sobre esas variables y su impacto en los presupuestos estatales ayudaría a definir si lo que ocurre actualmente con los sistemas de transporte responde un problema de origen económico o está ligado a fallas en la gestión de los recursos públicos.
La sensación es que el dinero para convertir a los colectivos urbanos e interurbanos en el medio principal para el traslado dentro y entre las ciudades de la provincia está. Sólo hay que moverlo de un lugar a otro en las planillas de proyección, para dejar de gastar en curaciones y en pensiones y empezar a usar los fondos en una política pública que revierta el caos vehicular en las calles.
Obviamente, eso implica redefinir prioridades y pensar más veces si las erogaciones millonarias para traslados oficiales tienen sentido. También implica profundizar el diálogo con intendentes y otros actores locales, porque varios de ellos también destinan partidas para el subsidio de los boletos.
Ahora le toca a la Legislatura
Lo positivo dentro del escenario es que el proyecto de la CGT ofrece una enorme puerta para ingresar a un análisis profundo sobre el tema dentro de la Legislatura.
Según consta en los registros oficiales, el parlamento rionegrino tiene pendientes de resolución otros dos proyectos relacionados con el transporte público.
Uno es del peronista José Luis Berros y apunta al boleto estudiantil gratuito, pero incluye además a los docentes dentro de los beneficios del subsidio.
El otro es del presidente del bloque de la CC-ARI Cambiemos, Javier Acevedo, buscando que el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario de la Provincia de Río Negro, acceda a un descuento del 100% del valor del boleto en los transportes públicos urbanos e interurbanos de pasajeros.
Sería decepcionante que un grupo de 46 representantes, que entrando al octavo mes del año protagonizaron apenas tres sesiones y que en cada uno de esos encuentros ocuparon tiempo en más de 400 proyectos de declaración o de comunicación, no encuentre el camino para estudiar de qué manera puede aliviarse el peso del boleto en el bolsillo de los trabajadores.

