La exgobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, fue denunciada penalmente por legisladoras de la oposición, por la firma de un convenio con la empresa estatal israelí Mekorot. Según la acusación que llegó a la Justicia, ese acuerdo “comprometería gravemente la soberanía provincial sobre los recursos hídricos”.
La presentación fue realizada por las legisladoras de Vamos con Todos, Magdalena Odarda y Ayelén Spósito, considerando que la exmandataria cometió un delito por haber habilitado a la consultora extranjera a elaborar un “Plan Maestro del Agua” con acceso a información estratégica sobre las fuentes, reservas, calidad y usos del agua en territorio rionegrino.
“Excluida del control”
“A pesar de tratarse de un recurso natural de dominio público provincial, la provincia fue excluida del control y la participación técnica del proceso, delegando competencias esenciales a una empresa extranjera”, afirmaron las parlamentarias.
Odarda -que ya había denunciado públicamente la situación en julio del año pasado y pidió que se deje sin efecto ese acuerdo- sostuvo que “este convenio se firmó a espaldas del pueblo de Río Negro, sin intervención del DPA ni aprobación legislativa”.
“Es una violación grave a la Constitución Provincial. Se le entregó a una empresa extranjera la posibilidad de investigar, proyectar y proponer medidas sobre nuestros recursos hídricos, sin que la provincia tenga acceso al contenido de esos informes”, reprochó.
Cláusula de confidencialidad
Según la legisladora y exsenadora, “la cláusula de confidencialidad es tal, que ni el Estado de Río Negro sabe qué se hizo o qué destino tiene la información obtenida sobre su propio territorio”.
Además, remarcó que se prorrogó la jurisdicción a tribunales ingleses y bajo leyes inglesas. “Todo esto es inaceptable”, denunció.
Otro punto clave de la presentación es que el convenio no fue remitido a la Legislatura para su ratificación, como exige el artículo 181 inciso 13 de la Constitución Provincial, lo que convierte el acuerdo en un acto viciado de nulidad y sin sustento legal.
“La decisión de Carreras es arbitraria, ilegítima y pone en riesgo la soberanía de la provincia. Este accionar encuadra en el delito de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, y debe ser investigado”, subrayó la legisladora.
El rol del CFI
Odarda también aclaró que el Consejo Federal de Inversiones (CFI), parte contratante del convenio, no es un organismo del gobierno nacional sino que es un organismo público interestadual perteneciente a todas las provincias argentinas.
La denuncia solicita que se investigue a Carreras por los presuntos delitos de abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, conforme al artículo 248 del Código Penal, y que se determinen otras posibles responsabilidades funcionales.
