El anuncio del Gobierno de Río Negro para terminar con la afiliación obligatoria al Ipross de los agentes públicos comenzó a generar este jueves reacciones políticas y sindicales. Mientras UPCN tomó distancia de la iniciativa y puso el foco en la necesidad de preservar el carácter solidario de la obra social provincial, desde el PRO anticiparon su respaldo a la reforma.
La novedad fue comunicada poco antes de las 9 de la mañana por el gobernador Alberto Weretilneck a través de sus redes sociales y abrió inmediatamente un debate que tendrá como próximo escenario central a la Legislatura.
La próxima sesión parlamentaria está prevista para el 24 de septiembre y se espera que el proyecto que enviará el Ejecutivo para habilitar la libre elección de obra social para los trabajadores estatales ocupe un lugar destacado en la agenda.
UPCN: “Nació solidaria y tiene que continuar siendo solidaria”
Una de las primeras organizaciones sindicales en pronunciarse fue UPCN Río Negro. El gremio evitó respaldar el cambio anunciado por el Gobierno y centró su posición en la defensa del modelo solidario sobre el que se constituyó el Ipross.
“El Ipross nació bajo un principio fundamental, la solidaridad entre los trabajadores. Ese espíritu no puede perderse”, sostuvo la organización.
El comunicado también incluyó cuestionamientos a la actual administración del instituto. UPCN planteó que, si las actuales autoridades no pueden garantizar su funcionamiento, deberían “dar un paso al costado y abrir una nueva etapa”.
Según la información oficial de su página web, el Ipross tiene como autoridades en su Junta de Administración a Ivana Porro (presidenta); Graciela Valdebenito, María Guillermina Escudero y Silvia Laguardia (vocales gubernamentales); en tanto que Carlos Guardiola (Viales), Fabio Polizzi (ATE) y Omar Pizzio (UPCN) son vocales gremiales.
En ese contexto, UPCN volvió a proponer una mayor participación de las organizaciones sindicales en la conducción del Ipross. Según expresó, los sindicatos estatales cuentan con capacidad “técnica, administrativa y organizativa” para asumir esa responsabilidad.
El sindicato también convocó a las restantes organizaciones gremiales a participar de esa discusión, más allá de las diferencias existentes entre ellas.
Hasta cerca del mediodía de este jueves todavía no se habían conocido pronunciamientos públicos de Unter y ATE, dos organizaciones cuya posición tendrá especial relevancia en el debate.
Ipross: el PRO recordó su proyecto
Desde la oposición, una de las primeras respuestas llegó del PRO-Unión Republicana. El legislador Juan Martin respaldó la decisión y recordó que su bloque presentó hace aproximadamente dos años un proyecto para habilitar la libre elección de obra social entre los empleados públicos provinciales.
“Esperamos el proyecto del Ejecutivo para ver qué plantea y, por supuesto, vamos a aportar desde nuestro lugar para que salga la mejor ley”, señaló Martin.
El legislador remarcó que su espacio ya había impulsado una modificación en ese sentido y sostuvo que, más allá de quién tenga la autoría de la iniciativa, considera positivo que el Ejecutivo avance ahora con una propuesta similar.
Para el PRO, el objetivo central deberá ser que el nuevo esquema permita mejorar la atención sanitaria de los trabajadores del Estado provincial.
Una discusión que se traslada a la Legislatura
El debate comenzará ahora a concentrarse en el contenido concreto del proyecto que enviará el Ejecutivo. Allí deberán conocerse aspectos centrales de la reforma: cómo funcionará la libre elección, bajo qué condiciones podrán dejar el Ipross los agentes estatales y qué modificaciones se introducirán al actual esquema de financiamiento y afiliación.
En principio, el escenario legislativo aparece favorable para el Gobierno. Juntos Somos Río Negro cuenta con mayoría propia en la Legislatura y, además, sectores de la oposición como el PRO ya anticiparon su disposición a acompañar la iniciativa.
Por eso, más que la posibilidad de reunir los votos necesarios, una parte importante de la discusión estará puesta en el alcance definitivo de la reforma y en las posiciones que adopten los gremios estatales.
