Antes que nada, resulta imprescindible desplazar el foco de la discusión para no extraviarnos en temas menores: el debate por la decisión política del Gobierno de Río Negro de contratar un plan territorial en La Sorbona no se agota en la figura del académico extranjero ni en las bondades teóricas de sus modelos urbanos. Centrar la polémica únicamente en el interlocutor internacional sería otorgarle una centralidad desmedida y opacar el problema estructural de fondo.
Lo que aquí está en discusión es la decisión política del gobierno de Río Negro, encabezado por Alberto Weretilneck, y el aval operativo e institucional del Consejo Federal de Inversiones (CFI), conducido por Ignacio Lamothe.
Presentado con pompa mediática en París durante la Argentina Week, el acuerdo promete intervenciones sobre la movilidad, el Tren del Valle y las rutas nacionales 22 y 151 para amortiguar el impacto del boom de Vaca Muerta. Sin embargo, detrás del brillo de la marca internacional, lo que verdaderamente se trasluce es la réplica a nivel provincial de una política de «compre extranjero» y ajuste estructural, articulada con el ninguneo sistemático hacia la ciencia, las universidades públicas y los profesionales locales.
En lugar de destinar los recursos del Estado provincial y del CFI a financiar las investigaciones e instituciones de la región, la administración decide transferir divisas y capital político al exterior para comprar un paquete cerrado de planificación. Esta operación no constituye un acto de modernización, sino una explícita declaración de invalidez hacia la comunidad científica regional que estudia y trabaja en el territorio diariamente.
Una decisión política que trasciende el acuerdo
Esta decisión del gobierno provincial no ocurre en el vacío: se inscribe en una abierta sintonía política y metodológica con el gobierno nacional.
La difundida foto de París durante la Argentina Week, donde el gobernador Alberto Weretilneck exhibió con entusiasmo el acuerdo junto al Consejo Federal de Inversiones, no fue un evento aislado, sino la escenificación de una coincidencia doctrinaria que se da el lujo de prescindir del capital intelectual argentino.
Pensar el Alto Valle y la Confluencia, con su complejo mapa de actores, dista mucho del ejercicio de aplicar una grilla abstracta de «proximidad feliz» o cantar loas a la «ciudad de los 15 minutos», concebida desde y para ciudades europeas con un gobierno centralizado.
El conflicto social real del Alto Valle
El verdadero conocimiento situado matusiano consiste en procesar el conflicto social real: poder sentar a la misma mesa a los 19 municipios de Río Negro y Neuquén que integran el corredor, a las dos provincias, a las empresas petroleras de Vaca Muerta, a los productores frutícolas acorralados por el avance inmobiliario, a las minorías y a las organizaciones comunitarias para negociar viabilidades políticas concretas. Y, a partir de eso, construir los dispositivos político-técnicos que permitan procesar conflictos, construir acuerdos y consensuar agendas.
El Alto Valle, con la Confluencia como parte inseparable del problema, no necesita que un consultor externo le firme un plan empaquetado en París. Lo que exige la región es el compromiso democrático e institucional de construir un plan común, articulando actores, escuchando disensos y gestionando las tensiones en el territorio.
Sin esa construcción política situada y participativa, cualquier propuesta, por más barniz transatlántico que exhiba, queda reducida a un mero fetiche técnico y a una propaganda gubernamental de temporada.
Cooperación internacional o sustitución del conocimiento local
Es necesario desacreditar cualquier intento de victimización oficialista que acuse a las críticas de chauvinistas o aislacionistas. Nadie se opone a la circulación internacional del conocimiento ni al enriquecedor intercambio académico con casas de estudio extranjeras.
De hecho, los colegios profesionales de arquitectos de Río Negro (CARN) y Neuquén (CAN), las universidades asentadas en la región —Universidad Nacional del Comahue (UNCo), Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) y Universidad de Flores (UFLO)—, los institutos del Conicet (como el IIPyGG) y redes como SAPLAT o Grupo Sur / Hábitat I+D mantienen desde hace décadas convenios, pasantías y debates fluidos con organismos y expertos de todo el planeta.
La diferencia sustancial radica en el paradigma de vinculación: la verdadera cooperación internacional se construye desde la complementariedad, dialogando de igual a igual a partir del fortalecimiento del conocimiento situado, jamás desde la sustitución colonial.
Importar un plan prefabricado bajo el supuesto de que el territorio es una hoja en blanco es negar la validez de los diagnósticos, tesis y proyectos acumulados por la comunidad científica y técnica local sobre el conflicto entre la expansión urbana, la logística extractiva, la preservación del agua, del bioma y del suelo productivo.
Una convocatoria a las instituciones de la región
Por eso, más que un reclamo aislado, esta encrucijada puede pensarse como una convocatoria abierta e inclusiva a nuestras universidades, colegios profesionales, institutos de investigación y redes regionales.
El objetivo no es marcar ausencias, sino tender un puente y sumar voluntades para exigir, de manera conjunta, la valoración del capital técnico y científico local.
Sumar nuestra voz común es la clave para impedir la desposesión del pensamiento propio y liderar, desde el territorio y junto a la comunidad valletana, la construcción soberana del proyecto regional que el Alto Valle y la Confluencia necesitan.
La soberanía intelectual en discusión
Para sintetizar la naturaleza profunda de esta encrucijada, resulta oportuno rescatar la vigencia del pensamiento nacional en la célebre máxima de Arturo Jauretche: «Si malo es el gringo que nos compra, peor es el criollo que nos vende».
El problema no radica en el consultor extranjero que ofrece sus servicios en los mercados internacionales de la planificación. El verdadero drama reside en la dirigencia criolla —en el gobernador y los funcionarios del CFI— que compromete la soberanía intelectual de la provincia y la región, prefiriendo la fotografía publicitaria en el exterior antes que la ardua y democrática tarea de construir un plan común con sus propias instituciones y habitantes.
El Alto Valle y la Confluencia no necesitan un relato importado ni una utopía prefabricada. Exigen soberanía técnica, presupuesto para sus universidades, respeto a su autonomía municipal y el coraje político para construir, desde el territorio y con sus propios actores, el proyecto que la región se merece.
(*) Arquitecto. Magister. Grupo Sur / Hábitat I+D.
