Un proyecto de ley presentado por la diputada nacional rionegrina Lorena Villaverde busca prohibir que cualquier integrante de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial forme parte de empresas privadas que mantengan vínculos comerciales con el Estado.
La situación que se pretende modificar fue presentada por la parlamentaria de La Libertad Avanza como “uno de los grandes males de la política argentina” a partir de la existencia de “funcionarios que se benefician económicamente mientras ocupan cargos públicos”.
La iniciativa establece que ningún integrante de los poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial podrá ser socio, accionista, directivo o tener participación en empresas que contraten con el Estado Nacional.
Qué dice el proyecto de Villaverde
En concreto, el artículo 1 del texto presentado expresa que “los integrantes de los tres Poderes del Estado Nacional- Ejecutivo, Legislativo y Judicial- no podrán, durante el ejercicio de sus funciones y hasta dos (2) años después de haber cesado en el cargo, ser titulares, socios, accionistas, directivos o tener participación económica directa o indirecta en empresas o sociedades que contraten, liciten, concesionen o celebren cualquier tipo de acuerdo económica con el Estado Nacional”.
Además, de convertirse en ley el proyecto, quienes asuman funciones y ya posean participación en este tipo de empresas deberán vender o ceder sus acciones en un plazo máximo de 90 días.
Las sanciones previstas
Quienes no cumplan con esa pauta se enfrentarían a diferentes efectos, detallados en el proyecto: la nulidad de los contratos celebrados; la obligación de restituir bienes obtenidos; las sanciones previstas en la Ley de Ética Pública (Ley 25188) y en la normativa penal vigente; y en el caso de legisladores o funcionarios públicos, la causal de remoción o juicio político conforme las normas aplicables a cada poder.
“Se acabaron los negocios personales en la función pública. El que quiera hacer plata que se quede en el sector privado. El que entra al Estado debe hacerlo para servir a la Nación, no para servirse de ella”, afirmó Villaverde en un comunicado emitido este martes.
Desde La Libertad Avanza también destacaron que con este proyecto se refuerza el “compromiso de construir un Estado honesto, transparente y al servicio de los argentinos, sin privilegios ni acomodos”.
Villaverde y la puja con Tortoriello
Más allá de esas declaraciones y de la formalidad en la redacción, el proyecto aparece como una jugada dentro del escenario de pujas políticas previas a las elecciones legislativas nacionales de este año en Río Negro.
Ocurre que uno de los afectados directos por la entrada en vigor de una ley de este tipo sería el diputado nacional y excandidato a gobernador, Aníbal Tortoriello.
El también exintendente de Cipolletti es propietario de una empresa de transporte, desarrollada durante las últimas décadas bajo su entorno familiar, que presta servicios para diferentes rubros de la economía regional.
Dentro de esas actividades aparece, por caso, el transporte de combustibles líquidos para YPF, algo que incluso se refleja en la página web de la empresa del diputado, donde una foto muestra a un camión con un tanque de la compañía estatal.
Sabido es que Villaverde y Tortoriello mantienen una disputa, cada vez menos silenciosa, por el armado de las listas de candidatos al Congreso, rumbo a los comicios del 26 de octubre.
Tanto la presidenta de La Libertad Avanza en Río Negro como el actual líder del partido en formación Creo sostienen la intención de encabezar la lista oficialista para el Senado, hablando ambos de la existencia de avales concretos desde la Casa Rosada.
