Tras un periodo de letargo, finalmente la Legislatura de Río Negro volverá a sesionar el próximo 22 de mayo. El primer debate formal del año legislativo 2025 podría presentar una agenda impuesta desde el Poder Ejecutivo —al igual que ocurrió durante extraordinarias—. Aquí un repaso por las propuestas del oficialismo que se encaminan a formar parte del temario.
Una convocatoria casi a mitad de año
El vicegobernador y presidente del cuerpo, Pedro Pesatti, convocó a los legisladores para el jueves 22 a las 8, según indicó el asunto oficial n° 1166/2025 con fecha del viernes. Se constituirá así la primera sesión ordinaria del año, sin contar el discurso de apertura del 1ero de marzo.
Este arranque legislativo, que ocurrirá sobre mitad de año, pasará a la historia como el más tardío registrado en toda la era de Juntos Somos Río Negro (JSRN). Hasta el momento, el récord de comienzos con escasa actividad en el recinto se había batido durante 2021, en plena pandemia. En aquella oportunidad la primera sesión ordinaria tuvo lugar un 29 de abril.
El papel del Ejecutivo dentro de la Legislatura de Río Negro
De más está decir que el temario quedará definido en la próxima reunión de labor parlamentaria, una instancia pensada específicamente para que los bloques arriben a consensos de cara al debate legislativo.
Sin embargo, la agenda del Poder Ejecutivo podría volver a colarse y posicionarse como prioritaria en la convocatoria del 22 de mayo. De hecho, no resulta casual que haya sido el propio Alberto Weretilneck quien anticipara la fecha de la sesión en una rueda de prensa. Una clara señal de intromisión en la independencia de los Poderes del Estado.
En ese sentido, el gobierno de Río Negro cuenta con tres proyectos a las cuales espera darle un pronto despacho. Una de las propuestas, el pago de un retroactivo a los retirados de la Policía, fue impulsada desde un comienzo con la promesa de formar parte de la primera discusión del año en curso.
Además, otro dato se desprende del análisis de la estrecha vinculación del accionar de la Legislatura y las directrices del oficialismo: las únicas tres propuestas sancionadas en este 2025 —en extraordinarias— refirieron a iniciativas enviadas desde la Gobernación. En estos casos, refirieron a la ratificación de dos contratos petroleros y a la designación de Gastón Renda al frente del Departamento Provincial de Aguas (DPA).
Pero, ¿Cuáles son los temas en agenda del oficialismo?
La administración de Weretilneck elevó el 1ero de abril el proyecto de ley que busca establecer el pago de un beneficio extraordinario para los retirados y pensionados de la Policía de Río Negro. Se trata de un beneficio largamente demando por los pasivos como consecuencia de una mala liquidación del ítem de zona desfavorable.
El mandatario garantizó a fines del año pasado la redacción de una normativa específica que reconociera, por única vez, los errores existentes en los haberes. Se esperaba que el texto ingresara en marzo, pero una serie de revisiones por parte del Ministerio de Seguridad y Justicia retrasaron la presentación formal de la propuesta.
Por otro lado, Río Negro envió a mediados de abril un decreto ley para su ratificación por parte de la Legislatura. Esta normativa tiene como objetivo autorizar a la Agencia de Recaudación Tributaria a subscribir un convenio con el Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats) para la implementación y utilización del Sistema Unificado de Administración Tributaria Subnacional (Suats).
La herramienta informática se encuentra diseñada para optimizar la gestión de tributos relacionados con la administración de vehículos y sus transferencias. Particularmente, la Provincia espera que con la implementación se asegure la recaudación en la fuente del Impuesto a los Automotores y del Impuesto de Sellos, y obtener información actualizada sobre nuevos vehículos sujetos a tributación.
Finalmente, también está en carpeta un proyecto para incorporar la figura de la reiterancia delictiva al Código Procesal Penal y crear un registro provincial de huellas genéticas. La administración rionegrina consideró que estas modificaciones a las leyes P nº 5115 y P n° 5020 representan «un cerrojo a la impunidad». Sin embargo, la formulación no es novedosa, dado que la argumentación reconoce a propuestas similares presentadas por la oposición.
