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Río Negro

Licencias docentes: ¿a dónde va el ahorro neto de 7.500 millones?

Crece la disputa entre el Gobierno y la Unter por el sistema de control de ausentismo contratado a una empresa privada.
El gremio docente Unter protestó la semana pasada frente a la sede de Hacienda y este lunes reactivó su reclamo por paritarias.

El Gobierno rionegrino y el gremio docente Unter profundizaron este lunes su disputa por el sistema de control de licencias en el Estado.

El Ejecutivo destacó en un comunicado que el ahorro neto logrado desde septiembre pasado es de casi 7.500 millones de pesos y el sindicato contestó exigiendo conocer el destino de esos fondos, porque “a las claras está que a la educación pública no van”.

Cuánto se paga el control de licencias

Después de haber respondido un informe de legisladores opositores, la gestión provincial emitió hoy un documento con datos e interpretaciones sobre el funcionamiento de las auditorías contratadas el año pasado a una empresa privada.

“Este control es llevado adelante por la empresa Dienst Consulting S.A., prestador de Horizonte Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. – ART de la Provincia, cuyo costo inicial es de $292.000.000 mensuales, lo que evidencia un marcado resultado positivo para la Provincia, si se tiene en cuenta el costo-beneficio”, indicaron desde el Gobierno.

El parte oficial asegura que entre septiembre de 2024 y abril de 2025, el servicio costó la suma de $2.336.000.000, mientras que las licencias médicas de corto plazo no convalidadas por el servicio contratado, significan una estimación de $9.825.197.652 en el periodo mencionado.

“La efectividad del sistema contratado”

“La diferencia de $7.489.197.652 marca a las claras la efectividad del nuevo sistema implementado, justificando la inversión, que ha permitido bajar sensiblemente la cantidad de abusos al sistema que se estaban produciendo, impactando directamente en detrimento de aquellos empleados y empleadas que efectivamente cumplen día a día con sus tareas como corresponde”, afirmaron desde el Ejecutivo.

El Gobierno resaltó además que, en muchos casos las licencias deben ser cubiertas por otros agentes, mientras que en otros casos se deben cubrir “por recargo de horas en los que siempre cumplen con sus obligaciones”. Finalmente, destacaron que “en los casos imposible de reemplazar de alguna de las maneras señaladas, se paga con menor calidad de servicio a los ciudadanos”.

Unter: “la educación pública agoniza”

Lejos de esa mirada oficial, la conducción de Unter sostuvo este lunes que “la educación pública agoniza en Río Negro” y que frente a ese cuadro, “el gobierno provincial continúa sin dar respuestas a los reclamos de los trabajadores”.

El gremio describió un escenario de “salarios devaluados, infraestructura escolar con severas deficiencias en todo el territorio y una salud laboral vulnerada no sólo con un infame sistema de auditorías médicas privado, sino con una obra social que no funciona”.

Sobre los números exhibidos por el Ejecutivo, la Unter dijo que “mientras la operatoria de la empresa Dienst Consulting tiene un costo de al menos unos 3.500 millones de pesos anuales, y se publicita profusamente los sustanciales “ahorros” en licencias denegadas a trabajadores estatales enfermos, nada se sabe del destino que el gobierno de Río Negro le da a esos millonarios fondos”.

Por eso reclamaron una urgente convocatoria a paritarias, para debatir con el Ministerio de Educación y obtener “salarios y condiciones dignas para enseñar y aprender”.

Un 0,003% de la masa salarial

El documento del Gobierno remarcó que, en el contrato entre la ART y su prestador, cuya copia se remitió a la Legislatura, el costo del servicio mensual inicial se estableció en $ 5.615,38 por empleado (52.000 empleados), es decir, $ 292.000.000, lo que representaba a esa fecha un 0,003% del costo estatal que se busca optimizar con este servicio, o sea de la masa salarial”.

“Como resultado de la implementación de este control, en el primer mes -septiembre 2024- se encontraron irregularidades o inconsistencias en el 53% de las licencias presentadas y auditadas, lo que evitó una erogación cercana a los $1.600.000.000 por licencias por enfermedad propia o de familiar a cargo, presentadas por los agentes públicos que no ameritaban su justificación”, destacaron desde el Ejecutivo.

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