Unos 5.500 millones de pesos salió a buscar el Ministerio de Salud de Río Negro, con intimaciones a 140 obras sociales por la atención a sus afiliados en hospitales de la provincia.
Las deudas van desde los $ 600.000 hasta los $ 1.200 millones y durante esta semana, el ministro Demetrio Thalasselis firmó las cartas documento para notificar a cada entidad sobre los plazos para regularizar su situación.
El procedimiento que aplicó el Gobierno rionegrino se enmarca en el Régimen de Recupero de Fondos por Servicios Asistenciales de la Salud Pública, creado por la Ley Provincial Nº 5754.
Esa norma entró en vigencia el 7 de noviembre del año pasado y establece “el pago obligatorio a favor del Ministerio de Salud de los gastos originados en asistencias clínicas, quirúrgicas, de traslado, internación, farmacia y cualquier otro asociado a la atención de pacientes con cobertura de seguro de salud en cualquiera de sus modalidades”.
Obras sociales, prepagas y ART
El artículo 3 de la ley detalla que “serán sujetos obligados al pago las obras sociales privadas, obras sociales sindicales o mutuales a las que se encuentre afiliado el beneficiario de los servicios asistenciales públicos provinciales”.
Por otra parte, la legislación prevé que “sin que la presente enumeración resulte taxativa, de igual manera serán obligados al pago las entidades prepagas de salud, seguros médicos, empresas de ART; aseguradoras en general y/o cualquier persona jurídica que requiera prestaciones del sistema de salud provincial y/o asegure, coasegure o asuma obligaciones indemnizatorias a favor de personas atendidas por el sistema de salud provincial”.
“Clave” para los hospitales
Luego de enviar las cartas documento, el ministro Thalasselis sostuvo que “el recupero de fondos es una herramienta clave para el sostenimiento del sistema público”.
“Cuando una obra social reintegra lo que se invirtió en la atención de uno de sus afiliados, ese recurso vuelve a estar disponible para seguir garantizando el acceso a la salud de otra persona que lo necesita”, puntualizó.
Además, destacó que “aplicar este mecanismo no es una opción”, sino “una responsabilidad”.
“La ley nos da las herramientas y corresponde usarlas para garantizar que los recursos del sistema público se utilicen de manera justa y eficiente”, agregó el titular de la cartera.
Qué pasa si no pagan
Por su parte, la subsecretaria de Asuntos Legales del Ministerio de Salud, Paula Columbro, explicó que “se verificó cada deuda desde el área provincial de FOS (Fondos de Obras Sociales) y a partir de ello, en una primera instancia, se está intimando a 140 obras sociales, cuyas deudas van desde los $600.000 y hasta los $1.200 millones”.
El primer paso será intimar a las entidades, para que regularicen sus deudas. Si no hay respuestas, el Ministerio de Salud emitirá un certificado de deuda, paso previo a la ejecución.
Columbro también sostuvo que “esto va a servir para sostener el sistema de salud pública, para mejorar las prestaciones y para la calidad del servicio en los hospitales”.
Esa referencia tiene su base en el artículo 10 de la Ley 5754, que indica que “los fondos obtenidos en el marco del presente régimen de recupero tienen por destino específico al Sistema de Salud Pública. La reglamentación determina el modo de distribución de lo recuperado entre los distintos establecimientos y organismos”.
