La deuda pública de la provincia de Río Negro asciende, según la última actualización correspondiente a marzo de 2025, a casi $292 mil millones. De acuerdo con el informe de un consultora, este stock total de pasivos representa una caída interanual del 50,9% en términos reales. En paralelo, el Gobierno provincial avanzó en los últimos días con un intento de emisión de Letras por un monto máximo de $60.000 millones, lo que equivale a poco más de 51 millones de dólares al tipo de cambio oficial vigente.
Cómo se conforma la deuda de Río Negro
El último informe del Ministerio de Hacienda, con valores actualizados al 31 de marzo de 2025, reveló que el stock total de deuda pública provincial alcanzaba los $291.881.718.124,65.
La mayor parte de esa suma está concentrada en títulos públicos, particularmente en el bono del Plan Castello, lanzado en 2017 como parte de una estrategia para financiar obras de infraestructura. Este instrumento representa el 78,54% del endeudamiento provincial, equivalente a $229.272.570.256,21.
En segundo lugar se ubican los empréstitos con organismos multilaterales, que representan el 12,82% del total. Se trata de unos $37.419.483.765,15, adeudados en su mayoría al Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Por su parte, la deuda con el Gobierno Nacional asciende a $21.331.740.240,79, lo que equivale al 7,31% del total, mientras que los compromisos con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) suman $5.908.546.807,02, es decir, el 2,20% del stock.
Muy por detrás en relevancia se encuentran los pasivos contraídos con el extinto Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y el Banco Nación.
Todos estos datos están disponibles en el sitio oficial de Hacienda, y también fueron incluidos en una reciente respuesta a un pedido de informes formulado por los bloques PJ-Nuevo Encuentro y Vamos con Todos en la Legislatura.
Los números de la deuda de Río Negro y la comparativa nacional
Según la consultora Politikon Chaco, la deuda pública de Río Negro registró una caída del 50,9% en términos reales —es decir, descontando la inflación— en comparación con igual periodo de 2024.
Actualmente, el nivel de endeudamiento representa $388.778 por habitante, y equivale al 52,6% del total de ingresos provinciales.
A pesar de estos números, la provincia no se encuentra entre las jurisdicciones más endeudadas del país. De hecho, se ubicaría en el décimo lugar del ranking nacional. No obstante, los datos del primer trimestre de 2025 aún no incluyen a distritos clave como Buenos Aires o Córdoba, lo que podría modificar esa posición.
Como referencia, la provincia vecina de Neuquén enfrenta un nivel de deuda mucho más alto, con pasivos que ascienden a $1.080.304 millones. Esto lo convierte en el segundo distrito más endeudado del país, solo por detrás de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su deuda per cápita es de $1.519.813.
En el cierre consolidado de 2024, Río Negro había alcanzado un stock total de $325.329 millones, con una deuda per cápita estimada en $414.582. Es decir, en pocos meses hubo una reducción de casi 40.000 millones.
En ese sentido, el oficialismo provincial se ha encargado de sostener la retórica de que el Gobierno «cumple con sus compromisos asumidos«. Esa expresión cobra especial relevancia en medio de un escenario «asfixiante» para las cuentas provinciales, afectadas —según argumentan— por la reducción de fondos nacionales.
Una emisión en puerta
En paralelo, la administración de Alberto Weretilneck oficializó la semana pasada el Programa de Emisión de Letras de Tesorería para 2025. A través del decreto 464, el Gobierno avanzó con el proceso para emitir Letras por hasta $60.000 millones, destinadas a “cubrir deficiencias estacionales de caja”.
La autorización para este endeudamiento fue aprobada a fines de 2024 por la Legislatura, mediante la Ley Provincial N° 5752, con el único voto negativo del bloque Vamos con Todos. La norma entró en vigencia el 1ero de enero, aunque todavía no se había reglamentado.
El decreto, firmado por Weretilneck y el titular de Hacienda, Gabriel Sánchez, especificó que los $60.000 millones constituyen un límite máximo dentro del programa. Asimismo, establece que la emisión se realizará en diferentes series, todas denominadas en pesos argentinos y dentro del monto total autorizado. Estas series podrán tener distintos términos y condiciones, e incluso organizarse en una o más clases. Los vencimientos fueron fijados en un plazo de hasta 365 días corridos desde la fecha de emisión.
Los pagos de capital e intereses se efectuarán mediante acreditación directa en las cuentas de los tenedores beneficiarios, o según lo determine la decisión administrativa que establezca los términos financieros de cada serie.
El artículo 2 del decreto reforzó el respaldo legal mediante la cesión en garantía de ciertos recursos. En concreto, se podrán utilizar los fondos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (conforme la Ley Nacional N° 25.570 o su eventual reemplazo), las regalías petroleras y, adicionalmente, otros fondos provinciales.
