El Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas, creado por la Ley N° 25.422, quedó completamente disuelto mediante un decreto del gobierno de Javier Milei. En Río Negro, esta política revestía un valor estratégico para los productores de la Región Sur, donde la actividad ovina representa una de las principales fuentes de sustento. De hecho, el propio Juntos Somos Río Negro (JSRN) se atribuyó como un logro político la prórroga de esta ley en 2021, considerando la hazaña como una proeza sus representantes en el Congreso.
Por qué Nación derogó la Ley Ovina
Por medio del Decreto 408/2025, el Gobierno Nacional derogó la Ley Ovina y eliminó varios programas agropecuarios que consideró “obsoletos”. La medida se anunció como parte de la estrategia de “reorganización” y «desburocratización» impulsada por el Ejecutivo.
La Ley N° 25.422, sancionada en 2001, se diseñó para promover el desarrollo y la comercialización de la ganadería ovina, especialmente en las áreas más alejadas del país. Durante más de dos décadas, el régimen brindó apoyo económico a pequeños y medianos productores, a través de aportes reintegrables y no reintegrables.
Sin embargo, el Gobierno argumentó que los programas en cuestión beneficiaban a un porcentaje marginal del universo de productores y contaban con estructuras administrativas «costosas e ineficientes«. Como ejemplo, señaló que en 2023 el programa ovino alcanzó a apenas 261 productores, sobre un total estimado de 130 mil en todo el país.
La administración libertaria justificó la decisión en la necesidad de «reducir la intervención estatal» y «maximizar la eficiencia y eficacia en la gestión pública». En ese sentido, citó los principios del Decreto 70/23, orientados a desregular el comercio y la producción, eliminando «toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, limite la libre iniciativa privada o impida la interacción espontánea entre oferta y demanda».
“¿Qué tipo de programa es ese? ¿Quiénes eran ese 0,2%? ¿Qué impacto podía tener sobre el desarrollo del sector?”, cuestionó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y añadió: “Es evidente que el costo de la burocracia largamente excedía lo repartido”.
Ley Ovina: la norma que supo capitalizar JSRN
La Ley Ovina se concibió inicialmente con una vigencia de diez años, aunque logró ser prorrogada en dos oportunidades. Su última extensión tuvo lugar en 2021, cuando la Cámara de Diputados aprobó un proyecto impulsado por el bloque de Juntos Somos Río Negro (JSRN) en el Congreso.
El oficialismo provincial capitalizó políticamente aquel logro y lo llegó a presentar como uno de los principales hitos de su gestión legislativa nacional, dado el impacto que la norma tenía para los productores de la Región Sur de Río Negro.
El por entonces diputado Luis Di Giácomo (JSRN) fue quien cerró el debate durante la sesión del 26 de octubre de 2021, cuando se aprobó la prórroga. “Hacer esta ley es una victoria para la producción, y no solo para la Patagonia, sino para todo el país”, sostuvo en aquel momento.
Además —en contraste con los argumentos actuales del Gobierno Nacional— Di Giácomo destacó el retorno económico que representaba la inversión estatal en el sector ovino: “Cada dólar que el Estado invirtió, tuvo un retorno de seis dólares por la recaudación”, afirmó.
La aprobación supo ser bien ponderada por la entonces gobernadora Arabela Carreras, hoy separa del partido provincial. “Quiero elogiar y agradecer la tarea de Luis Di Giácomo, nuestro diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, quien fue el impulsor de esta prórroga de la Ley Ovina, garantizando la continuidad de los fondos y programas pensados para apoyar nuestra producción”, dijo.
Sin embargo, aquella victoria duró poco. Tres años y medio más tarde, en un nuevo contexto político e ideológico, la política nacional en materia ovina dio un giro radical, alineado con la lógica de ajuste y desregulación que hoy impulsa la gestión de Milei.
Río Negro y el enfoque en la Región Sur
El Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo estima que cerca de 1.000 productores rionegrinos se beneficiaron por la Ley Ovina en los últimos años. Se trató de una herramienta de vital importancia para muchas localidades de la Línea Sur, que concentran el 80% de la ganadería ovina de la provincia.
“No compartimos la visión ni el análisis, que consideramos sesgado, que ha hecho el gobierno nacional para dar de baja estas herramientas. Es la misma postura que sostienen los productores de la Patagonia y de Río Negro, quienes consideran que esta política fue totalmente útil y administrada con total transparencia en las provincias patagónicas. Estamos en desacuerdo con su eliminación”, expresó Tabaré Bassi, secretario de Ganadería de Río Negro, en diálogo con Literal.
Bassi reconoció que la normativa podía requerir modificaciones, pero rechazó la decisión de derogarla por completo: “Es cierto que llegaban recursos a provincias que no son netamente ovejeras, y a productores cuya actividad principal no era la ovina. Pero de ahí a eliminarla completamente, perjudicando a provincias donde esta economía regional es central, la verdad es que no estamos para nada de acuerdo”.
Durante su vigencia, la Provincia contaba con una Unidad Ejecutora Provincial, organismo encargado de definir y asignar el presupuesto anual. Recibía proyectos presentados por productores interesados en las distintas líneas de financiamiento habilitadas durante el año. Los recursos podían canalizarse como aportes no reintegrables, en el caso de pequeños productores u organizaciones, o como líneas de crédito para productores medianos.
Una vez aprobado el proyecto, era el Estado Nacional quien efectuaba los pagos directamente a los proveedores de bienes o servicios, según cada iniciativa.
Qué alternativa se encontró
Ante la eliminación de este régimen, la cartera que comanda Carlos Banacloy decidió implementar una política propia. “Durante 2024, al prever que la Ley Ovina sería dada de baja, constituimos un fondo fiduciario específico para la actividad ovina y caprina a nivel provincial. Creamos la Subsecretaría de Ganadería Ovina y Caprina, con sede territorial en Jacobacci, y comenzamos a volcar recursos específicos destinados a la actividad”, explicó Bassi.
El funcionario destacó que el mecanismo de acceso a estos fondos replica el modelo que utilizaba la ley nacional: evaluación de proyectos, financiamiento según el tipo de productor y pago directo a proveedores.
