El Gobierno de Río Negro envió a la Legislatura el proyecto de ley con el que pretende garantizar un 80% de empleo local para las obras y el desarrollo de infraestructura relacionada con la industria del gas y del petróleo en la provincia.
Los detalles de esa iniciativa fueron presentados por el gobernador, Alberto Weretilneck, quien detalló que además se impulsará otra normativa, buscando que también se priorice a proveedores locales dentro de esas inversiones.
“Se busca proteger el empleo local, impulsar el desarrollo productivo y acompañar el crecimiento con una política moderna y eficaz, que reemplaza una ley de 1995”, explicó el mandatario durante la presentación pública del proyecto.
Antigüedad mínima para tener empleo
Las pautas que ahora deberán analizarse en la Legislatura establecen que al menos el 80% de la mano de obra contratada en obras públicas o privadas de interés público con apoyo estatal deberá estar compuesta por residentes rionegrinos, con una antigüedad mínima de dos años.
Pero además de esa condición, la ley pretendida promueve un criterio territorial, previendo que se priorice la contratación de personal que viva dentro de un radio de 20 kilómetros de la obra.
“Río Negro no puede quedar al margen de su propio desarrollo. Esta es una herramienta concreta para que los beneficios de las grandes inversiones también lleguen al trabajo local, al desarrollo y el crecimiento de nuestra comunidad”, explicó Weretilneck.
Requisitos de género
El proyecto no solo establece prioridades de contratación, sino que también fija como exigencia que al menos el 20% del personal deberá pertenecer a géneros distintos al masculino.
¿Y si no hay empleo local suficiente?
Ante la posibilidad de que la iniciativa reciba cuestionamientos desde la oposición política o desde el mismo sector privado, tomando en cuenta antecedentes ocurridos con otras leyes provinciales similares declaradas inconstitucionales, por anteponer el requisito de residencia, desde el Ejecutivo rionegrino aclararon en la comunicación oficial de este martes que el proyecto “contempla excepciones justificadas”.
Se trata de los casos “donde no haya disponibilidad de perfiles técnicos específicos”, pero de todas maneras se indicó que la normativa -en caso se ser aprobada con su redacción original- “obliga a las empresas a sumarse a programas de formación y reconversión laboral, garantizando así un círculo virtuoso de inclusión y capacitación”.
En la búsqueda de que estas metas se cumplan de forma efectiva, la Provincia prevé crear también el Registro de Trabajadoras y Trabajadores Desempleados, coordinado por la Secretaría de Trabajo junto a municipios y sindicatos. “Este registro facilitará la vinculación entre oferta y demanda de empleo, y permitirá un seguimiento preciso del cumplimiento de la ley”, se aseguró desde el Gobierno.
Sanciones y reglas
El proyecto contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan: desde multas hasta la rescisión de contratos e inhabilitaciones, asegurando que el Estado tenga herramientas reales para hacer cumplir la normativa.
La nueva normativa reemplaza la Ley 2.904, que -según el Gobierno- había quedado desactualizada frente al volumen y complejidad de las obras que hoy atraviesan el territorio rionegrino, incluyendo desarrollos energéticos, industriales, turísticos e infraestructura de gran escala.
“Estamos frente a una oportunidad histórica. Con esta ley no solo cuidamos el empleo hoy, sino que preparamos a nuestra gente para lo que viene. Porque defender a Río Negro también es construir un modelo de crecimiento inclusivo, que respete a nuestra gente y piense en su desarrollo”, concluyó Weretilneck.
