La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) denunció ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) al gobernador Alberto Weretilneck y a integrantes de su Gabinete por la presunta comisión de delitos de acción pública. La dirigente peronista les atribuye responsabilidad política por la firma de acuerdos con una petrolera que forma parte del consorcio que exportará GNL desde las costas del Golfo San Matías y que operó en las islas Malvinas hasta 2022. ¿Cuál es la acusación y qué dice la ley argentina sobre el vínculo entre provincias y empresas inhabilitadas?
El por qué de la denuncia
La presentación ante la FIA se realizó esta semana y solicita el inicio de una investigación contra Weretilneck y algunos de sus funcionarios. El eje de la denuncia es la participación de la compañía inglesa Harbour Energy en un 15% del paquete accionario de Southern Energy, consorcio a cargo del proyecto de exportación de GNL que se instalará en Punta Colorada, una de las principales apuestas energéticas de la provincia.
«Durante el debate por el acuerdo de Vaca Muerta Oil Sur adelanté una denuncia sobre el entramado empresarial detrás de las corporaciones que llevarán adelante proyectos petroleros en el mar territorial argentino y en las costas rionegrinas. Este proceso de extranjerización del negocio del gas y el petróleo, que es el marco conceptual de esta presentación, involucra a empresas mayoritariamente británicas. En particular, Harbour Energy ya había sido denunciada por el Gobierno argentino por realizar explotación de hidrocarburos en la Cuenca de Malvinas de forma ilegal«, señaló Odarda a Literal.
La historia de la petrolera señalada y su vínculo con Malvinas
La denuncia se ampara en la Ley 26.659, que regula la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina. Bajo ese marco legal, la Secretaría de Energía de la Nación (resolución 260) sancionó en 2013 a Premier Oil por operar sin autorización, inhabilitándola por 15 años para desarrollar actividades en el país.
Tan solo siete años más tarde, en 2020, Premier Oil anunció su fusión con Chrysaor Holdings Limited y la conformación de una nueva compañía: Harbour Energy. Esta asumió el control de todos los activos, contratos y pasivos de su predecesora, incluyendo sanciones previas.
«Premier Oil tiene una sanción de la Justicia Federal de Tierra del Fuego desde 2012 por actividades petroleras ilegales en la Cuenca de Malvinas. No solo se le impusieron multas millonarias, sino que se le incautaron activos financieros y plataformas petroleras. Tras su fusión, Harbour heredó esa sanción y todos los pasivos de Premier. Por lo tanto, la prohibición sigue vigente y la ley nacional impide a cualquier estado provincial o nacional firmar acuerdos con empresas que hayan operado ilegalmente en Malvinas«, agregó Odarda.
Un nuevo intento de sanción
Si bien Harbour Energy se desprendió en 2022 de sus operaciones en el archipiélago, el gobierno de Alberto Fernández había iniciado un proceso administrativo de inhabilitación contra la compañía, que finalmente no tuvo resolución. En el mismo procedimiento sí se determinó que las actividades de la firma israelí Navitas Petroleum también eran ilegales, declarándola clandestina e inhabilitándola por 20 años para operar en Argentina.
En 2020, el Gobierno había enviado notas formales a las empresas involucradas recordándoles que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino. Asimismo, advirtió sobre lo establecido en las leyes 26.659 y 26.915, instándolas a abstenerse de realizar actividades sin autorización. De no hacerlo, serían pasibles de acciones legales administrativas y judiciales. Tras las notificaciones, Harbour Energy se retiró definitivamente de Malvinas, mientras que Navitas Petroleum decidió continuar con sus operaciones, lo que motivó la inhabilitación.
Qué dice la legislación
Sancionada en 2011, la Ley 26.659 prohíbe a los Estados provinciales realizar negocios con petroleras sancionadas. En su artículo 5, establece:
«El Estado nacional, los estados provinciales y municipales no podrán contratar con personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, sus controladas o accionistas que, en forma directa o indirecta, desarrollen actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina sin haber obtenido habilitaciones para realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos emitidas por la autoridad competente argentina«.
Sin embargo, la normativa cuenta con un “gris” para casos como el de Harbour Energy, cuyo nombre o personería jurídica no recibió formalmente una inhabilitación para contratar con el Estado argentino. La redacción de la ley no especifica si la sanción puede aplicarse igualmente cuando la compañía deja de operar en la zona. En la práctica, si una provincia busca establecer un contrato, primero debería verificar si la empresa figura —o si lo estuvo en el pasado— en el registro oficial de la Secretaría de Energía.
P: Río Negro, ¿tendría conocimiento de esta situación?
R: Entiendo que sí, porque en el mundo empresarial petrolero se conocen todas estas fusiones y conformaciones de corporaciones como Southern Energy, que reúne prácticamente a las mismas empresas que VMOS S.A. (operadora del oleoducto Vaca Muerta Sur).
Las compañías que han explotado petróleo en las Islas Malvinas, autorizadas por el gobierno kelper, muchas veces tuvieron que retirarse y fueron sancionadas. Durante los últimos años, hubo un posicionamiento muy fuerte en la gestión anterior, con advertencias y sanciones directas a varias de estas empresas.
En este caso, Harbour Energy no puede reaparecer en 2025 formando un nuevo consorcio para exportar gas y petróleo, y mucho menos utilizar los puertos que prácticamente fueron entregados a estas grandes compañías.
Camino al … ¿juicio político?
Odarda presentó la denuncia también ante el Observatorio Malvinas, un organismo de la Legislatura de Río Negro encargado del análisis, la investigación y la sistematización de información, así como de supervisar el cumplimiento de todas las disposiciones municipales, provinciales y nacionales relacionadas con la Cuestión Malvinas. La legisladora de Vamos con Todos indicó además que se evalúa la posibilidad de solicitar un juicio político.
«Nos parece sumamente grave que se incumpla la legislación nacional vigente en un tema tan sensible para los argentinos como la Cuestión Malvinas, por lo que estamos analizando la situación. El juicio político puede dirigirse al gobernador y a sus ministros. En este caso, también podría involucrar a los dos ministros directamente vinculados: el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, y la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini, quien también tiene jerarquía ministerial«, explicó la legisladora.
De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Nº 4340, que regula el trámite del juicio político, el pedido debe incluir a los funcionarios involucrados y las causales establecidas por el artículo 150 de la Constitución Provincial; presentar una relación sucinta de los hechos en que se funda la denuncia y acompañar o indicar la prueba documental pertinente, ofreciendo además las demás pruebas necesarias para acreditar lo denunciado. Esa denuncia luego debería ser ratificada la Comisión Acusadora.
Los activos en Argentina
«En Argentina, somos un importante proveedor de energía y uno de los principales productores de gas natural del país«, señala Harbour en su sitio oficial.
La compañía inglesa concentra actualmente activos en otras dos provincias de la Patagonia. Por un lado, cuenta con plataformas offshore en la Cuenca Marina Austral, frente a Tierra del Fuego, y por otro con concesiones onshore en Vaca Muerta, en las áreas Aguada Pichana Este y San Roque. La operación de estos negociosos se encuentra a cargo de TotalEnergies.
Recientemente, las inversiones en Tierra del Fuego fueron motivo de controversia. A fines de julio, una investigación periodística denunció una presunta maniobra del Gobierno provincial para autorizar actividades de Harbour Energy, contraviniendo la normativa argentina vigente.
Según reveló el periodista y excombatiente de Malvinas, Daniel Guzmán, autoridades provinciales habrían omitido información clave de organismos internacionales para permitir el desembarco de la firma en el país. La acusación apunta a un posible encubrimiento institucional para eludir la Ley 26.659.
La investigación indica que Harbour Energy adquirió el paquete accionario global de la alemana Wintershall, que hasta entonces integraba el consorcio junto a Total Austral y Pan American Energy en la Cuenca Marina Austral. Sin embargo, en los trámites de habilitación presentados ante organismos nacionales, se habría mantenido deliberadamente la razón social de la firma alemana, que ya no opera en el país, con el objetivo de eludir los controles legales y regulatorios.
