La Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) recibirá poco más de 36 mil millones de pesos si se aprueba el Presupuesto 2026, presentado esta semana por el gobierno de Javier Milei. El monto sextuplica lo asignado en 2023 —último Presupuesto vigente, ya que en 2024 y 2025 no se sancionó una “ley de leyes”—, aunque en términos reales representa una caída significativa.
El análisis
La normativa anunciada por la administración libertaria destinará una partida de $4.785.117.662.765 (4,7 billones) al sistema universitario nacional, monto que contempla las trasferencias para gastos corrientes a universidades, gastos en ciencia y técnica, el funcionamiento de los hospitales universitarios, fondos para extensión y los colegios preuniversitarios.
De ese total, la UNRN recibirá unos $17.592.175 en concepto de salud, $36.080.681.842 para educación y cultura y $54.758.011 para ciencia, tecnología e innovación. En conjunto, estos recursos ascienden a $36.153.032.028, lo que equivale a apenas el 0,76% del total destinado a las universidades públicas.
El presupuesto asignado a la casa de altos estudios rionegrina implica una mejora del 28,3% respecto a lo previsto en el proyecto de 2025, cuando la cifra apenas superaba los 28 mil millones. También representa un incremento cercano al 40% en comparación con lo efectivamente transferido en 2024 ($25.970 millones).
Si se toma como referencia el presupuesto vigente desde el último año de mandato de Alberto Fernández, que apenas alcanzaba los $5.357 millones, la suba acumulada llega al 574,9% en términos nominales. Sin embargo, al considerar la inflación acumulada desde enero de 2023 —que promedia el 710%—, el monto que recibirá la UNRN en 2026 implica una caída real del 16,7%.
Para recuperar el nivel presupuestario previo a la corrida inflacionaria del último año de gestión de Unión por la Patria, la universidad debería contar hoy con unos $7.000 millones adicionales a lo proyectado para 2026.
El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario
En paralelo al proyecto de Presupuesto, la Cámara de Diputados reiteró esta semana a la Ley de Financiamiento Universitario, que establece, a grandes rasgos, la actualización de los salarios de docentes y los gastos de funcionamiento según la inflación acumulada desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley. Es decir, a la fecha, deberían percibir una actualización del 226,39%, de acuerdo con los registros del Indec para el período mencionado.
La insistencia en la ley, que Javier Milei vetó mediante el Decreto 647/2025, ahora deberá pasar por el Senado para poder promulgarse. Sin embargo, desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) aseguran que el reclamo del sector no terminará allí, dado que la normativa debe ser reglamentada para entrar plenamente en vigencia.
“¿Qué pasaría después?”, se preguntó el rector de la UNRN, Anselmo Torres, y continuó:
“Una alternativa es que el Gobierno vaya a la Justicia y diga que este proyecto no puede implementarse porque no establece la fuente de financiamiento. Esto es una mentira clara, porque no hace falta que esté establecida la fuente. Eso fue lo que ocurrió con la Ley de Discapacidad, que finalmente se terminó promulgando. Sin embargo, se dijo que la reglamentación iba a ser tan engorrosa que la ley sería inaplicable. Estimamos que sucederá lo mismo con las universidades. Por lo tanto, la batalla no está ganada si la ley se aprueba; hay que seguir luchando.”
El objetivo: duplicar
El proyecto original de la Ley de Financiamiento Universitario contemplaba, además, un esquema de aumento de la participación del presupuesto para educación superior en relación al Producto Bruto Interno (PBI). Para 2026, el total destinado a las universidades debería representar el 1% del PBI, lo que, según los valores con los que cerró en 2024, implicaría una suma de más de 9 billones de pesos. Esto significaría que los presupuestos para las casas de altos estudios deberían hacerse prácticamente duplicado en el Presupuesto 2026.
La proyección a mediano plazo estimaba que, para 2031, el sistema universitario debería alcanzar una participación del 1,5% del PBI nacional. Hoy por hoy, las universidades representan apenas el 0,51% del PBI, cuando llegaron a totalizar el 1% en 2012.
«No es un reclamo arbitrario»
En una clase abierta, brindada este viernes en el Concejo Deliberante de Viedma, Torres recalcó que el reclamo por presupuesto no es reciente, aunque la situación se ha profundizado:
“Cuando nos dicen ‘ustedes antes no decían nada’, sí, nos quejábamos y reclamábamos, pero a veces no se nos escuchaba”, precisó, recordando las dificultades económicas atravesadas durante el último año de gestión de Fernández.
Por su parte, citó algunos ejemplos que argumentan el reclamo del sector universitario. En ese sentido, detalló lo presupuestado para gastos de salud. En 2026 se enviarán unos 17 millones para cubrir este ítem, que, el caso de la UNRN, estarán destinados al funcionamiento de tres hospitales escuela.
“No es una arbitrariedad lo que reclamamos. Arreglar la sala de rayos X del hospital escuela de Odontología en Allen nos consume el presupuesto anual de toda la función de salud. Si nos dan 17 millones, ¿Cómo creen que podemos comprar los insumos que necesitamos?”, señaló.
