En plena recta final de la campaña electoral, un referente de La Libertad Avanza Río Negro (LLA) presentó este martes una denuncia penal contra la legisladora Gabriela Picotti, integrante del bloque que lidera Juan Martín. Según el escrito elevado al Ministerio Público, se la acusa de incumplimiento de los deberes de funcionaria pública por el presunto ejercicio de su profesión como médica oftalmóloga durante su mandato. Desde el PRO señalaron a este medio que responderán ante la Justicia.
De qué se la acusa
La denuncia la formuló el abogado barilochense Marcelo Ponzone, quien se incorporó a las filas libertarias en julio de 2024. Su adhesión al partido de Javier Milei fue celebrada en aquel entonces por la diputada y primera candidata a senadora, Lorena Villaverde.
Según lo expuesto por Ponzone, también exfiscal de Investigaciones Administrativas de la provincia, Picotti incurrió en un delito al violar presuntamente el artículo 127 de la Constitución de Río Negro, que establece que el cargo de legislador es incompatible con el ejercicio de cualquier profesión o empleo, salvo en los casos de docencia e investigación.
Para sustentar su presentación, el letrado adjuntó como prueba una factura emitida este lunes por el centro médico CQS S.R.L. (Centro Quirúrgico del Sur), con sede en Roca. En el apartado de “observaciones” del documento se consigna el nombre de la oftalmóloga.
El Ipross en escena
Además, el escrito judicial menciona un posible incumplimiento del artículo 19 de la Ley 3.550 de Ética e Idoneidad de la Función Pública. Ponzone señala que la legisladora reginense sería prestadora de servicios para el Instituto Provincial del Seguro de Salud (Ipross), organismo que ella debería supervisar como vocal de la comisión especial de seguimiento de la obra social en la Legislatura.
“Tal vínculo con el Ipross implicaría la percepción de ingresos o beneficios indebidos de forma simultánea, constituyendo una defraudación a la confianza de los ciudadanos rionegrinos que la eligieron para dedicarse plenamente a la labor legislativa, y un quebrantamiento de los principios de transparencia exigidos a los funcionarios públicos”, sostiene.
Por último, solicita a la Justicia, entre otras medidas, que se requiera al Legislativo información sobre si Picotti ostenta el carácter de legisladora provincial, a qué partido pertenece, los períodos de su mandato y si integra la comisión especial de seguimiento del IPROSS. Además, solicita que el organismo de seguridad social provincial informe si la legisladora está registrada como prestadora, ya sea personalmente o a través de la sociedad mencionada, y si entre diciembre de 2023 y la actualidad se le abonaron prestaciones por pacientes con cobertura de Ipross, así como si renunció o cedió sus honorarios a terceros.
La respuesta del PRO
Consultada por Literal, la legisladora Picotti indicó que todavía no se la notificó de la demanda, pero aseguró que dará respuestas ante la Justicia. Además, negó haber realizado atenciones o ejercido su actividad profesional particular desde 2023, cuando asumió su banca.
Desde el partido evitaron profundizar en las declaraciones, pero remarcaron que están dispuestos a que las autoridades competentes actúen en el caso.
La denuncia presentada por Ponzone, delegado de la CNRT en Bariloche, ocurre a menos de dos semanas de las elecciones del 26 de octubre, en las que se disputarán bancas en el Senado y en Diputados.
Los cruces y tensiones entre referentes de La Libertad Avanza y del PRO se repitieron en numerosas ocasiones desde que la alianza que habían conformado se quebró apenas una semana después de firmado el acuerdo. Por un lado, Juan Martin, candidato a senador por el partido amarillo, acusó a Lorena Villaverde por causas que la vinculan a presuntas estafas y posibles nexos con el narcotráfico, y reiteró en distintas oportunidades su pedido de baja de la candidatura. Por otro, la diputada respondió calificando a Martin de “delincuente, parásito y vago” y presentando una denuncia por «calumnias e injurias».
El antecedente Bartorelli
La denuncia penal presentada por Ponzone también recuerda un antecedente concreto ocurrido en la provincia, donde la Justicia investigó a otro legislador, por ejercer la medicina mientras integraba el parlamento provincial.
Se trata del caso del roquense Luis Mario Bartorelli, investigado inicialmente por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) e imputado en una causa penal en el 2015.
Ese proceso penal fue por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. La fiscal del caso fue Itziar Soly; y el expediente recayó inicialmente en el Juzgado N.º 4 de Viedma a cargo entonces del juez Carlos Mussi.
En junio de 2016, ya como exlegislador, se avanzó con la indagatoria en Viedma y finalmente, en 2017, el también expresidente del Concejo Deliberante de Roca fue condenado.
La pena impuesta fue una multa de 12.500 pesos -aproximadamente un millón de pesos, actualizando por inflación esa cifra- y seis meses de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos.
