El bloque de legisladores provinciales Vamos con Todos presentó este miércoles una denuncia penal ante la Justicia Federal contra referentes de la alianza La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro, por presuntas irregularidades en el manejo de los fondos públicos destinados a la última campaña electoral.
La presentación, encabezada por los legisladores José Luis Berros y Luciano Delgado Sempé, alcanza a la diputada nacional y senadora electa Lorena Villaverde, al jefe de campaña Julián Goinhex y al jefe de la oficina de ANSES de Villa Regina, Abelardo Calfín. Los delitos imputados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública (art. 174 inc. 5° del Código Penal), falsedad ideológica (art. 292) y emisión de facturas apócrifas (art. 298 bis).
La denuncia surge luego de las revelaciones internas que dejaron expuesto un conflicto en la fuerza libertaria rionegrina por el uso de recursos destinados a la campaña. El detonante fue la negativa del responsable financiero de la alianza, Roberto Zgaib, a pagar una factura por 73 millones de pesos por supuestos trabajos de impresión de afiches y material publicitario, cuya existencia y ejecución no se comprobó.
Entrevistado este miércoles por el programa Mañana de Noticias, de CNN Radio Roca, Zgaib ratificó su decisión de no pagar facturas que no tienen detalles sobre los servicios prestados, además de cuestionar a la dirigencia rionegrina de La Libertad Avanza.
“No pueden administrar 10 facturas y pretenden administrar la provincia”, reprochó en referencia a las proyecciones de Villaverde y su equipo hacia las elecciones del 2027 en Río Negro.
De la factura cuestionada a una trama de 20 comprobantes
Literal dio el sábado los primeros detalles sobre la crisis interna de La Libertad Avanza, cuando se activaron las primeras alarmas por la factura emitida por el proveedor Abelardo Calfín, funcionario público y afiliado a La Libertad Avanza. El documento, por 73 millones de pesos, correspondía a trabajos de cartelería durante la campaña electoral.
Zgaib relató que el entonces jefe de campaña, Julián Goinhex, le solicitó pagar la factura “con urgencia”, y al día siguiente le envió otra factura similar, por 68,5 millones, pidiéndole sustituir la anterior. Al verificar que ninguna figuraba en el sistema oficial de la alianza (ARCA), el tesorero decidió frenar los pagos y revisar la documentación.
Zgaib ratificó este miércoles que constató personalmente dos de los carteles mencionados en las facturas —ubicados en Cipolletti— y observó que eran de papel cuando los documentos indicaban que debían ser de lona, lo que reforzó sus sospechas sobre el intento de cobro irregular.
A partir de allí, el responsable financiero informó la situación a los partidos que integraban la coalición —La Libertad Avanza, Creo y Republicanos Unidos—, y recibió por escrito la recomendación de no pagar los montos hasta que se aclararan las inconsistencias.
Poco después, Zgaib detectó la existencia de “alrededor de 20 facturas” adicionales que “no habían sido autorizadas ni cargadas correctamente”, y cuyo estado actual “se desconoce”. Según su versión, estas operaciones no se tramitaron por los canales bancarios obligatorios, lo que vulneraría la trazabilidad de los fondos de campaña exigida por la Justicia Electoral.
Zgaib también confirmó hoy que la principal factura se anuló el 31 de octubre, hecho que constató en el sistema ARCA. Sin embargo, la controversia no se cerró, porque aparecieron otras facturas anuladas y además hay aportes privados recibidos desde Buenos Aires sin origen identificado.
Los argumentos de la denuncia penal
El comunicado difundido por el bloque Vamos con Todos sostiene que las irregularidades detectadas “configuran un intento de apropiación de fondos públicos” asignados al financiamiento electoral.
“No es una operación mediática ni una denuncia política. Es una maniobra para quedarse con los fondos públicos que la Justicia Electoral destina a las campañas”, afirmó Berros, presidente del bloque.
El legislador calificó a Villaverde como “una mancha oscura en la democracia y una vergüenza para Río Negro”, mientras que Delgado Sempé señaló que el objetivo de la denuncia es “frenar un esquema de corrupción que desnuda la verdadera naturaleza del espacio que se presenta como la nueva política”.
Los legisladores también advirtieron sobre posibles violaciones a la Ley de Ética Pública, ya que Calfín, como funcionario de ANSES, habría actuado como proveedor de servicios publicitarios para la campaña de su propio espacio político. “Es inconcebible que desde un cargo público se gestione dinero público para beneficio personal”, expresaron.
La presentación judicial también menciona presuntas irregularidades en el proceso de afiliación partidaria, como el uso de bases de datos de ANSES para incorporar personas fallecidas o deportistas sin consentimiento, con el fin de cumplir con los requisitos de personería política.
Sin respuestas oficiales
Consultados por Literal, desde el entorno de Villaverde indicaron este martes que no habrá declaraciones públicas mientras se completa la rendición contable ante la Dirección Nacional Electoral.
Fuentes cercanas a la senadora electa sostuvieron que las facturas en cuestión “corresponden a la campaña nacional de La Libertad Avanza” y que “todavía no fueron remitidas al distrito”, lo que explicaría las demoras en su validación. También aseguraron que asesores jurídicos revisaron la situación de Calfín y consideraron que “no existían impedimentos formales para su participación como proveedor”.
La causa judicial y las derivaciones políticas
La denuncia penal presentada por el bloque peronista se radicó este miércoles en el fuero federal de Roca, que deberá analizar la documentación acompañada y determinar si corresponde abrir una investigación formal.
“En Río Negro dejaron de ser La Libertad Avanza para ser La Estafa Avanza”, concluyó el comunicado firmado por los legisladores Berros y Delgado Sempé.
Escuchá la entrevista completa a Roberto Zgaib, en Mañana de Noticias
