“¿Se imaginan como mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná, entrar al puerto de San Antonio y de allí llegar por el río hasta Vaca Muerta?”, preguntó la semana pasada el ministro nacional Federico Sturzenegger, en el marco de la Expo EFI.
“La verdad es que cuesta imaginar la viabilidad de la propuesta”, respondió a las pocas horas el vicegobernador de Río Negro, Pedro Pesatti.
El titular de la Legislatura fue elegante para desacreditar la idea del responsable de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado. Sólo mencionó un dato y no hizo mayores comentarios: “El puerto de Puerto de San Antonio Este se encuentra a unos 180 km de la desembocadura del río Negro”.
La alternativa ferroviaria para Vaca Muerta
Pero el tema no quedó ahí y en la misma comunicación pública, Pesatti adelantó su idea de impulsar el debate por un plan alternativo. Esa propuesta también tiene punto de partida en el Puerto de San Antonio Este, pero está basada en el ferrocarril, construyendo un ramal que permita conectar el Alto Valle y Vaca Muerta con la costa atlántica.
“Este esquema no solo resolvería el problema de transporte de arena para bajar el costo de su logística, sino que además generaría externalidades muy positivas para las economías regionales, en particular para la fruticultura del Alto Valle, especialmente la producción de peras y manzanas, fortaleciendo la competitividad y reduciendo costos logísticos”, sostuvo el vicegobernador.
La propuesta se materializó poco después en un anteproyecto formal, que ingresó a la Comisión de Asuntos Económicos de la Legislatura el jueves pasado.
Vaca Muerta y su Corredor Ferroviario Estratégico
En concreto, la iniciativa promueve la creación de la Unidad de Gestión para el Desarrollo del Corredor Ferroviario Estratégico Atlántico–Vaca Muerta, con el objeto de elaborar y elevar al Gobierno Nacional una propuesta integral para la construcción de una vía férrea que vincule el Puerto de San Antonio Este con el nodo ferroviario Choele Choel–Darwin, asegurando la continuidad del servicio ferroviario hasta el área de influencia directa de Vaca Muerta, en articulación con la Provincia del Neuquén.
Esa Unidad de Gestión tendrá como finalidad analizar la factibilidad técnica del trazado ferroviario propuesto, evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto, y determinar su impacto logístico sobre la industria hidrocarburífera y el complejo frutícola provincial. También deberá analizar los efectos ambientales y territoriales de la obra, elaborar alternativas de financiamiento —incluyendo esquemas de inversión pública, privada o mixta— y diseñar una estrategia de articulación con organismos del Estado nacional.
El alcance de la obra proyectada
El anteproyecto establece que, como base preliminar, se considerará la construcción de entre 180.000 y 192.000 metros lineales de vía férrea entre el Puerto de San Antonio Este y el nodo Choele Choel–Darwin, además de entre 92.000 y 95.000 metros adicionales para garantizar la continuidad ferroviaria hasta el área de influencia de Vaca Muerta. Estas cifras tienen carácter indicativo y deberán ser precisadas mediante estudios técnicos específicos.
Integración y plazos
La Unidad de Gestión estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo provincial, legisladores designados por la Legislatura con representación de las distintas fuerzas políticas, representantes de los municipios involucrados, especialistas en materia ferroviaria, logística y planificación territorial, y actores del sector productivo, incluyendo la industria hidrocarburífera y el complejo frutícola.
La iniciativa prevé además invitar al Gobierno de la Provincia del Neuquén a participar del organismo, en función del carácter interjurisdiccional del proyecto. El cuerpo deberá elaborar un informe final en un plazo máximo de 180 días desde su constitución, que será remitido al Poder Ejecutivo provincial para su posterior elevación al Gobierno nacional.
Marco institucional
El texto también faculta al Ejecutivo rionegrino a dictar las normas reglamentarias necesarias para la implementación de la ley e invita al Estado nacional a considerar la propuesta en el marco de las políticas de desarrollo de infraestructura estratégica.
