Los cambios en el manejo y el control de la fauna silvestre en Río Negro están más cerca de concretarse. Esta semana, el Poder Ejecutivo elevó dos proyectos de ley que buscan actualizar la normativa vigente desde 1985. Uno de ellos propone la creación del Régimen Provincial de Gestión Integral de la Fauna Silvestre, mientras que el otro incorpora un artículo al Código Contravencional con penas ante infracciones que afecten a las especies y al ambiente. Los detalles.
Cuáles son los fundamentos del cambio en fauna silvestre
La normativa propuesta implica una actualización de la Ley Provincial Q N° 2056, impulsada —según argumentó el Ejecutivo— por un cambio de paradigma en la administración de los recursos naturales. El nuevo enfoque se estructura en tres ejes fundamentales:
- El manejo integral del recurso fauna, contemplando aspectos culturales, regionales y socioeconómicos;
- El bienestar animal, reconociendo la importancia del trato ético hacia los animales;
- La conservación, con prioridad en la biodiversidad y los ecosistemas.
El objetivo de la reforma es superar una mirada puramente conservacionista para avanzar hacia una gestión sostenible de las especies, capaz de articular la preservación ambiental con las actividades socioeconómicas. Esa lógica explica el traspaso del área desde la Secretaría de Ambiente hacia el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo.
En línea con esa visión, el ministro Carlos Banacloy había señalado: “Tenemos que encontrar un equilibrio entre conservación y control. El desarrollo económico está profundamente ligado a la fauna. Hoy hay entre siete y ocho provincias con plagas descontroladas, muchas veces exóticas como el jabalí, que avanza sobre los cultivos y genera pérdidas millonarias”.
Los principales puntos
El nuevo régimen provincial declara, en su artículo 1, de interés público la protección, preservación, conservación, propagación, repoblación, control, regulación y aprovechamiento estratégico de las especies de fauna silvestre que habiten, de forma permanente o temporal, en el territorio de la provincia.
La normativa establece como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Fauna Silvestre, que será la encargada de la administración, el manejo, la fiscalización, la clasificación y el registro de la fauna. No obstante, se dota al personal de la Policía de Río Negro con competencia para actuar como auxiliar en lo relativo a la fiscalización del cumplimiento de sus disposiciones y de las normas reglamentarias que se dicten.
Entre los aportes conceptuales, el proyecto introduce una clasificación precisa de las especies según su nivel de riesgo. Se incluyen categorías como: amenazadas de extinción, vulnerables, raras, no amenazadas, dañinas o perjudiciales, protegidas y aptas para el aprovechamiento sustentable.
Además, la propuesta contempla la creación de refugios naturales en zonas estratégicas del territorio provincial, con el objetivo de garantizar la protección de las especies más valiosas.
En cuanto a la introducción o comercialización de especies, estas prácticas requieren documentación oficial que acredite su origen, así como la autorización de ingreso o egreso otorgada por la autoridad de aplicación. Queda expresamente prohibida la comercialización de ejemplares obtenidos mediante la práctica de caza no comercial.
A su vez, establece que la actividad cinegética, como se llama a la actividad de caza, solo podrá realizarse con un permiso habilitante, personal e intransferible. La autoridad de aplicación será la encargada de establecer las zonas habilitadas, los períodos de veda y las condiciones para el manejo de especies perjudiciales.
Río Negro: qué pasa con las sanciones por violar la nueva ley de fauna silvestre
El proyecto establece un esquema de actuación ante posibles infracciones al marco legal. En primer término, se aplica una advertencia o llamado de atención; luego, se impone una multa, se procede al secuestro y decomiso de los animales, sus productos o derivados, y se incautan las armas u otros medios utilizados para cometer la infracción. En caso de flagrancia —es decir, si se sorprende al infractor en el acto—, la autoridad policial o los inspectores están facultados para retener los elementos empleados y ponerlos a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.
El monto de las multas será establecido y actualizado reglamentariamente, en función del valor del permiso de caza. Como base mínima, se fija el equivalente a diez permisos habilitantes.
Por otro lado, un proyecto de ley complementario incorpora el artículo 59 bis al Capítulo VIII del Título III del Anexo I de la Ley S Nº 5.592, con el fin de establecer sanciones específicas para conductas que atenten contra especies protegidas, el uso de métodos prohibidos o sustancias tóxicas en la caza. Dependiendo de la gravedad y flagrancia del hecho, estas acciones serán punibles con: entre 5 y 15 días de trabajo de utilidad pública, multas de 500 a 2.000 unidades monetarias, y arresto de 1 a 10 días.
“La iniciativa tiene por objetivo disuadir a los infractores y proteger el patrimonio natural de Río Negro, a fin de evitar daños irreparables para la conservación de la fauna y el ambiente”, sostiene el texto.
Un fondo exclusivo para fauna silvestre en Río Negro
También crea el Fondo Provincial para la Fauna Silvestre, que será administrado por la subsecretaría y se integrará con recursos provenientes de diversas fuentes. Entre ellas se incluyen partidas asignadas por el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, aportes de convenios con entidades públicas o privadas —nacionales e internacionales—, y una variedad de ingresos generados por aranceles, multas, venta de productos decomisados o derivados de actividades científicas, experimentales o de crianza de especies.
Además, se incorporan aranceles por habilitación e inspección de productos faunísticos, industrialización de subproductos, relevamientos con fines industriales y accesos turísticos o recreativos a santuarios y espacios naturales. La reglamentación definirá los montos correspondientes, y todos los recursos del fondo tendrán como destino exclusivo el cumplimiento de la ley.
El conflicto con los guardafaunas
A comienzos de abril, desde la Asociación de Guardafaunas de Río Negro expresaron su malestar por lo que consideraban una desarticulación del sistema de control en la provincia. Apuntan especialmente a decisiones tomadas a partir del cambio de gobierno y al traspaso del área al Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo, que dejó atrás su histórico vínculo con la Secretaría de Ambiente. Denunciaron la paralización de tareas en el territorio, la no renovación de contratos en zonas clave como Roca, Bariloche y San Antonio, y aseguraron que solo quedaban dos agentes activos para fiscalizar todo el territorio provincial.
En medio de aquella denuncia pública, el ministro Carlos Banacloy había adelantado a Literal que se preparaba una reestructuración integral del área, que incluiría el envío de un proyecto de ley a la Legislatura para establecer un nuevo régimen de gestión de la fauna silvestre. Tres meses después, finalmente se conocieron los detalles de la iniciativa.
«Hay que quitarle a veces el fundamentalismo a la discusión y hay que ponerse mucho más objetivo en los impactos económicos de cada una de las regiones», mencionó respecto al reclamo de la asociación.
