La audiencia de formulación de cargos contra el intendente de Allen, Marcelo Román, y el empresario Sebastián Ocampo se reanudó este miércoles en la Ciudad Judicial de Roca. Durante la jornada, la fiscalía y la querella respondieron a los planteos realizados la semana pasada por las defensas de ambos investigados. Concluida esta etapa, la jueza de garantías Natalia González dará a conocer su decisión este jueves a las 11.30.
La postura de la fiscalía
La investigación por presunto peculado se inició en julio del año pasado. Según la acusación, el jefe comunal habría autorizado la entrega de un celular —solventado con fondos públicos— a Ocampo, quien no ocupaba ningún cargo dentro de la estructura municipal.
La denuncia tiene como principal antecedente las declaraciones de la exsecretaria de Hacienda, Griselda Morell, quien renunció a su cargo en abril de 2025 tras un fuerte conflicto con el Ejecutivo. Luego de su salida, mantuvo reuniones con integrantes del Tribunal de Cuentas y concejales de la oposición, ante quienes expuso una serie de presuntas irregularidades detectadas durante la gestión libertaria.
Durante la audiencia, la fiscal jefe Graciela Echegaray respondió a los planteos realizados en una instancia previa por la defensa de Román. El abogado Matías Rubio había apuntado especialmente contra Morell, a quien ubicó como una partícipe en los hechos atribuidos al intendente. Además, sostuvo que Román desconocía que el teléfono en cuestión había sido asignado a Ocampo.
Frente a esos argumentos, Echegaray afirmó que la compra del dispositivo fue una decisión ordenada por el intendente a la entonces secretaria de Hacienda. Remarcó que, al tratarse de un bien público, su administración y resguardo forman parte de las atribuciones y responsabilidades que la Carta Orgánica le asigna al jefe comunal.
«¿Qué podía hacer Morell frente a esta situación?», planteó la fiscal durante su exposición. En esa línea, sostuvo que la exfuncionaria actuó correctamente al advertir la irregularidad por las vías administrativas correspondientes. Según explicó, una vez efectuadas esas observaciones, fue el Tribunal de Cuentas el organismo que impulsó las actuaciones que posteriormente derivaron en la investigación penal.
Echegaray también rechazó los cuestionamientos de la defensa respecto de una supuesta autoincriminación de Morell en su declaración como testigo. Rubio había señalado que la fiscalía debió advertir esa situación al momento de recibir su declaración. Sin embargo, la fiscal respondió que Morell nunca fue imputada, compareció de manera voluntaria y se sometió al procedimiento correspondiente, por lo que consideró que no existió ninguna vulneración de garantías que debiera haber sido evaluada por el Ministerio Público.
La fiscal jefe también hizo hincapié en el vínculo entre Ocampo y la gestión municipal. Para sustentar esa afirmación, Echegaray señaló que la investigación reunió al menos 17 testimonios de empleados y funcionarios que describieron al empresario como una persona de extrema confianza del intendente desde el inicio de su mandato.
No obstante, Echegaray subrayó que, pese a esa cercanía, Ocampo nunca integró la planta permanente ni la planta política del municipio. En consecuencia, sostuvo que no correspondía que se le asignara una línea costeada con fondos públicos.
La querella
Posteriormente fue el turno de la querella, que respondió a los planteos formulados por la defensa de Ocampo, a cargo de Federico Diorio. El abogado había cuestionado la calificación legal propuesta por la fiscalía y solicitado una reformulación de los cargos, al entender que existían diferencias sustanciales entre las figuras de administración fraudulenta y peculado.
La parte querellante rechazó ese planteo y aclaró que a Ocampo se le atribuye un único delito, y no dos figuras penales en concurso. Por ese motivo, consideró que el cuestionamiento carecía de sustento.
Asimismo, la querella destacó el resultado de una pericia incorporada al expediente. Según expuso, el análisis de geolocalización e impacto de antenas determinó que el teléfono personal de Ocampo y el dispositivo perteneciente a la comuna registraban desplazamientos coincidentes y permanecían juntos de manera reiterada.
«No es una prueba menor, sino significativa», sostuvieron los representantes de la parte denunciante.
La contestación de las defensas
En su réplica, Diorio volvió a poner el foco en el rol de la exsecretaria de Hacienda. Sostuvo que Morell «reconoce libremente haber cometido esos delitos» y consideró que esa circunstancia no puede ser ignorada por la acusación.
«No sería la primera vez que los jueces del tribunal indican que se investiguen esas declaraciones. No es algo raro ni llamativo», afirmó el letrado, en referencia a una eventual profundización sobre la actuación de la exfuncionaria.
Respecto de los argumentos de la fiscalía sobre la relación entre Ocampo y Román, Diorio relativizó su relevancia para el caso. «Al hecho, el vínculo entre ellos no hace al caso«, sostuvo. Además, remarcó que en ningún tramo de la trazabilidad reconstruida se llega a acreditar la participación del intendente en la entrega del teléfono.
«No hay prueba directa», sostuvo la defensa de Román
Por su parte, los abogados defensores de Román, Matías Rubio y Fernando Ramoa, insistieron en que no existe «prueba directa y objetiva de que Román entregó el celular en manos de Ocampo«.
Los letrados también retomaron los cuestionamientos sobre la actuación de Morell y señalaron que una eventual investigación futura sobre su participación podría modificar la interpretación actual de los hechos. «Todo el tiempo se le enrostra que mi asistido efectuó la compra. ¿Qué sucederá después?«, plantearon durante su exposición.
En ese sentido, sostuvieron que el deber de custodia y control de los bienes municipales recae sobre los funcionarios responsables de cada área, por lo que atribuyeron esa obligación a la entonces secretaria de Hacienda. Según argumentaron, Román desconocía las circunstancias vinculadas al uso y destino del celular. «Es una circunstancia que él no conocía. No estamos ante la posibilidad de enrostrarle un delito«, afirmaron.
Con las posturas de cada una de las partes expuestas, la jueza González quedó en condiciones de resolver sobre el pedido de formulación de cargos. La resolución se conocerá este jueves a las 11.30 y definirá si el jefe comunal y el empresario quedan formalmente imputados en la causa por presunto peculado.
